“No existe disponibilidad presupuestaria en el año 2019 para atender nuevas solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad”. Es la respuesta que el Gobierno de Castilla-La Mancha está dando en solicitudes de petición de esta renta mínima y también en el caso de las Ayudas de Emergencia Social, destinadas ambas a combatir situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social o pobreza. Algunos de estos documentos los han compartido varios afectados y afectadas por las redes sociales y de ellos se ha hecho también eco el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo y el Colegio Oficial de Trabajo Social de la comunidad autónoma:
En concreto, el colegio profesional ha querido apoyar los escritos que muchos trabajadores y trabajadoras sociales están haciendo públicos debido a la falta de presupuesto para estas ayudas. Ha mostrado su preocupación por la “paralización” de los Ingresos Mínimos de Solidaridad, las Ayudas Básicas de Emergencia y el cierre del módulo de horas de Ayuda a Domicilio:
Uno de los escritos a los que se refiere el Colegio de Trabajo Social es el firmado por una veintena de profesionales de los Servicios de Atención Primaria de la provincia de Albacete, donde expresan su “indignación” ante la situación actual Programa Regional de Acción Social (PRAS). Afirman que durante los últimos meses han visto “cómo se interrumpen las prestaciones económicas más básicas”.
Recuerdan que en Castilla-La Mancha, según el Informe AROPE, en el año 2018 la tasa de pobreza severa en esta región fue del 7,1%, cifra que es 1,4 puntos más elevada que la media nacional. Si a esa cifra se le suman las personas que viven en situación de pobreza, el resultado es de un 29,9% de la población en situación de pobreza o pobreza severa, más de 600.000 personas.
“Teniendo en cuenta estos datos, cabría esperar que el Gobierno de Castilla-La Mancha pusiera gran interés en atender a esta población en sus necesidades actuales, así como en prevenir la deriva de las situaciones de riesgo en exclusión social. Frente a ello, destacan los trabajadores de servicios sociales la ”paralización alarmante“ de los ingresos mínimos de solidaridad, ”cada vez más lejos de parecerse a una renta básica tal y como prometía el Gobierno regional“. Por otra parte, subrayan que las Ayudas de Emergencia Social ”se han quedado tan cortas que aún no se han resuelto y pagado los expedientes y solicitudes presentados en el mes de mayo“.
“Algo muy parecido a gestionar limosnas oficiales”
Según explican, esta situación ha hecho que durante dos meses, estos profesionales hayan tenido la única opción de tramitar las ayudas de 150 euros (con un máximo de dos pagos anuales) desde el Plan contra la Pobreza Energética de la Junta, “algo que resulta completamente humillante” tanto para las personas en situación de necesidad económica“ como lo profesionales. ”No deja de ser algo muy parecido a gestionar limosnas oficiales“.
“Ya va siendo hora de señalar al Gobierno regional como culpable de la situación por ser el responsable de estas políticas, ya que de lo contrario, las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social o cerca de estarlo, vemos cómo se dejan llevar por otros discursos que, desde el odio a lo diferente y a lo desconocido, señalarán como culpable de su situación a cualquier vecino a quien no consideran igual que ellos”.
Por todo ello, exigen a la Junta que dote de recursos económicos suficientes a las prestaciones destinadas a paliar esta situaciones para que puedan ser tramitadas durante todo el año y “en una cantidad y cuantía suficientes como para ser un instrumento útil a las familias de Castilla-La Mancha” para salir de “esas situaciones de necesidad económica tan angustiosas de los que no son precisamente responsables”.