Había un plan en la pasada legislatura castellano-manchega para privatizar servicios sanitarios. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha encomendado al consejero de Sanidad, Jesús Rodríguez, que inicie las actuaciones pertinentes para la paralización de ese proceso, concretamente en las áreas sanitarias de Villarrobledo, Tomelloso, Almansa y Manzanares. Así lo ha desgranado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en base a un documento encargado por el anterior Ejecutivo a dos consultoras de renombre internacional en el que se trazaba “la hoja de ruta” para la privatización de estos hospitales.
Estas empresas, ha explicado Hernando, elaboraron un pliego de condiciones “a medida de las necesidades del anterior gobierno” para la licitación de un concurso para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria integral. Dichos informes fueron adjudicados mediante procesos sin publicidad. El pliego recogía, como servicios a privatizar, la atención primaria, la atención especializada (hospitalaria y ambulatoria), la atención sanitaria de urgencia, la atención farmacéutica dispensada en los centros hospitalarios y centros con oficina de farmacia propia, y la Oxigenoterapia.
También se preveía la privatización de los servicios sociosanitarios; por ejemplo, los cuidados de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y la rehabilitación de pacientes con déficit funcional recuperable. Hernando ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page “no va a permitir que los centros públicos se conviertan en las clínicas privadas de unos pocos ni que los servicios públicos dispongan de una cartera menor que el sector privado”, algo que –ha dicho- se contemplaba en este plan.
El portavoz ha señalado que para asegurar la prestación de un servicio sanitario integral y mantener un adecuado nivel de prestaciones “no es necesario que éstas sean prestadas por el sector privado”, y ha subrayado que los profesionales del SESCAM cuentan “con la cualificación y profesionalidad necesaria para prestar un servicio digno y de calidad”. Asimismo, ha defendido que “las medidas de control de gasto farmacéutico no pueden derivar en una limitación de los ciudadanos al acceso a los medicamentos, mediante una desorbitada incentivación al concesionario”, sino que éste ha de venir “a través de políticas de uso racional del medicamento”.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Gobierno regional invertirá unos 500 millones de euros en materia sanitaria con acciones concretas en los hospitales de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo además de en “nuevos proyectos que vamos a alumbrar de cara al futuro”; unas inversiones y obras que, ha argumentado, se realizarán “con ambición suficiente como para que duren otros cincuenta años”.