- Es una de las medidas que contempla la denominada ‘Ley de Tutela Judicial’ que busca la protección de estos ciudadanos cuando sus familiares no estén
Es otro de los anuncios que Emiliano García-Page realizó durante su sesión de investidura hace más de dos años y ya se encuentra a las puertas de recibir luz verde del Consejo de Gobierno para su posterior tramitación parlamentaria. Se trata del anteproyecto de Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, también denominada ‘Ley de Tutela Judicial’, que contempla la creación de un plan de futuro personalizado. La nueva normativa viene determinada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y complementa la Ley regional de Servicios Sociales de 2010.
En el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, se parte del hecho de que la familia es el primer contexto socializador de la persona para el desarrollo emocional, intelectual, físico y social, motivo por el que aquellas que tienen entre sus miembros a una persona con discapacidad muestran una gran preocupación sobre las decisiones que se tomen en cuanto a las características de los apoyos que su familiar va a recibir cuando ellos no estén.
La nueva ley quiere dar respuesta a esa preocupación, o lo que es lo mismo, “dar la oportunidad a aquellas personas con discapacidad que necesitan algún apoyo para la toma de decisiones y a sus familias de articular un mecanismo de planificación conforme a sus gustos y preferencias”. De esta manera, la familia se asegura de que las personas encargadas de prestar los apoyos cuando ellos no puedan, van a tener en cuenta los “gustos, sueños, metas, preferencias e intereses” de esa persona, puesto que ya se habrá elaborado de manera anticipada una planificación.
Se refiere con ello al denominado Plan Personal de Futuro realizado con el asesoramiento, orientación y mediación de un profesional de referencia -agente mediador-, quien también establecerá un acompañamiento en el proceso de inclusión de la persona y en la mejora de su calidad de vida.
“Declaraciones de voluntad”
De esta forma, los planes personales de futuro se convierten en “declaraciones de voluntad” de las personas con discapacidad y sus familias para garantizar que serán tenidos en cuenta en la medida de lo posible por los profesionales que elaboren el grupo de apoyo. Además, se establece una importante garantía adicional de apoyo de carácter residencial que necesite la persona con discapacidad en el supuesto de carencia de apoyos familiares, y para la que no es necesaria la elaboración previa del plan personal de futuro.
El anteproyecto también prevé la creación de una oficina regional de protección y apoyo dependiente de las consejerías con competencias en materia de sanidad y servicios sociales que realizará labores de coordinación de las unidades de orientación y apoyo y en la que se ubicará el registro de planes personales de futuro.
Y, ¿qué contendrán estos planes? En el anteproyecto se definen los apartados que elaborará la persona con discapacidad junto con el grupo de apoyo, que podrá incluir algunas (o todas) de las áreas referidas a opciones residenciales, de formación y empleo, o de ocio y tiempo libre. También podrá incluir sus preferencias en cuanto a relaciones interpersonales, es decir, detallar las relaciones con la familia con el objetivo de mantener y fomentar los contactos, así como la red social de la persona con discapacidad para que se mantenga, en la medida de lo posible, cuando se ponga en marcha el plan personal de futuro.
Sus opciones de salud, legales y económicas también podrán ser incorporadas a esta “declaración de voluntad”, y todas ellas deberán ser tenidas en cuenta por los profesionales que vayan a participar en la atención cuando falten sus apoyos familiares.
Finalmente, se establecerá también un sistema de custodia y registro de planes personales de futuro, dependiente de la oficina regional de orientación y apoyo y bajo la coordinación de las Consejerías competentes en materia de sanidad y servicios sociales, para la constancia y custodia de los planes personales de futuro inscritos por personas con discapacidad de Castilla-La Mancha.
Precisamente, esta semana el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado destinar 45,6 millones de euros a la convocatoria de subvenciones a entidades para el mantenimiento de programas, servicios y centros de atención a las personas con discapacidad en 2018. Más de 160 entidades de la región podrán concurrir para continuar con programas y servicios, más de 120, desde centros residenciales, centros de día y centros ocupacionales, cada uno adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad.