La Orden de San Raimundo de Peñafort -patrón de los juristas- fue creada durante los primeros años de la dictadura franquista como institución destinada a premiar a todos aquellos miembros destacados del ámbito judicial. El propio Ministerio de Justicia explica actualmente en su página web que fue en 1944, siendo ministro Eduardo Aunós, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto para premiar el mérito a la labor judicial. Busca así recompensar “hechos distinguidos o servicios relevantes, de carácter civil” en el campo del Derecho, “poniéndola bajo la advocación del que fuera eximio español y príncipe de los canonistas, San Raimundo de Peñafort”.
El arzobispo de Toledo es una de las figuras que forman parte de la Junta de Gobierno de esta Orden, y puede nombrar en su representación al prelado que designe, pero de cualquier forma representa la intervención de las instituciones eclesiásticas en las propuestas de concesión de las condecoraciones. Luego es el Consejo de Ministros quien toma la última decisión.
A este respecto, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) con motivo de una petición a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para suprimir los símbolos franquistas que perviven en el ámbito judicial, empezando por la Orden de San Raimundo de Peñafort, reclama al mismo tiempo que se excluya la participación de cualquier cargo de carácter religioso, como es el caso del arzobispo de Toledo, cargo que actualmente tiene Braulio Rodríguez.
Su “origen y sentido” fue el “enaltecimiento del régimen franquista”
El sindicato ha dirigido a la titular de Justicia una carta exponiendo esta petición para que estudie y comience con la “supresión y transformación democrática de símbolos y disposiciones cuyo origen y sentido fue el enaltecimiento del régimen franquista y que perviven en nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito del Ministerio de Justicia”. Esta petición será remitida también a la Dirección General de Memoria Histórica, dependiente del departamento que dirige Dolores Delgado.
Los Letrados de la Administración de Justicia hacen hincapié que el pasado día 25 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución que aboga por la “cultura de la memoria común que rechace los crímenes fascistas del pasado” ante el auge de la “violencia neofascista en Europa”.
Ante ello, afirman que en el sector de la Administración de Justicia española perviven símbolos que “tuvieron su origen en la dictadura franquista”, y cuyo sentido no fue otro que la exaltación de los valores de dicho régimen“. Uno de ellos es la Orden de San Raimundo de Peñafort: su la finalidad de ”ensalzar los valores totalitarios y la concepción del derecho propia de la dictadura fascista implantada en España tras la guerra civil“.
La petición no afecta a los ya premiados
Eso sí, el sindicato afirma que el hecho de que esta medalla desaparezca no debe suponer la retirada de todas aquellas distinciones otorgadas anteriormente, pues no “afecta a la naturaleza de los méritos de las personas y juristas que hayan sido condecoradas durante los distintos gobiernos democráticos”. Solo piden que se derogue el Decreto por el que se regula la Orden de San Raimundo de Peñafort para que su condecoración sea suprimida; que la distinción ministerial sea sustituida por una condecoración civil, aconfesional y “compatible con los valores y principios democráticos constitucionales”.
La mayor distinción de estos premios es la denominada Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, y la han obtenido conocidos juristas y políticos como Ángel Acebes, Cristina Alberdi, Carlos Arias Navarro, Eduardo Aunós (quien decretó su constitución), Soledad Becerril, Juan Alberto Belloch, Joaquín Calvo Sotelo, Manuela Carmena, Federico Trillo, Cándido Conde-Pumido, José María Escrivá de Balaguer, Concepción Espejel, Manuel Fraga, Antonio Garrigues Walker, Victoria Kent, Tomás de la Quadra-Salcedo o Blas Piñar, entre otros muchos.