La Plataforma en Defensa del Tajo pone en manos de la Fiscalía el último trasvase
La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha pedido la dimisión de la directora general del Agua, Liana Ardiles, a la que acusan “ceder a las presiones” del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) y permitir una nueva derivación de agua a cuenta de una venta autorizada de agua de los regantes de Estremera (Madrid) a Murcia “sin que se hayan puesto los medios de información pública para hacer posibles alegaciones y aprovechando que la atención social, política y mediática estaba centrada en el llamado referéndum catalán”.
El trasvase se ejecutó sobre un total de 2 Hm3 durante las últimas 29 horas del curso hidrológico 2016/2017 por lo que, cree la plataforma, “pesa la amenaza de nuevos trasvases hasta completar los 8 Hm3 autorizados” aunque cabe la posibilidad, apuntan “de que tales hechos quedaran en suspenso tras ser divulgados por algunos medios de comunicación alertados por varios colectivos de la Red del Tajo, entre ellos la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo”.
Critican el “embrollo de parches legislativos con que se ha revestido la gestión del Tajo para favorecer las políticas de trasvases” y que apuntan como posible motivo para que se haya tomado “a la ligera tan ilegal decisión, estando la cabecera del Tajo esquilmada hasta el punto de que ya no son las aguas cristalinas las que salen hacia el Acueducto sino una mezcla turbia de agua y cieno”.
Desde su punto de vista, aunque desde el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente lo califica de “cesión de derechos entre particulares” lo cierto, dicen, “es que se ha sacado agua del Tajo y se ha vertido sobre el Acueducto Tajo-Segura, lo cual es un trasvase de agua en la actual legislación, y prohibido desde que en junio los embalses de cabecera entraron en nivel 4”.
Se han dirigido a la Fiscalía para saber si hay delito
La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha solicitando información del expediente a la Dirección General del Agua y ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, “por si fueran constitutivos de algún delito”.
Recuerda este colectivo que, con los cambios legislativos impulsados a partir del Memorándum Tajo-Segura, el Gobierno de España “se quitó la presión que recibía cuando la aprobación de un trasvase pasaba por Consejo de Ministros” y a partir de entonces y con la nueva regla de explotación del trasvase, esa función quedó delegada en la Directora General del Agua, que es quien hace la propuesta de autorización.
“El absoluto vértigo, opacidad, exceso de confianza e irresponsabilidad con que ha venido desempeñando el cargo, sostienen, ha debido propiciar que, cada vez más, sus decisiones y mandamientos, tanto en el seno de la Dirección General del Agua como en la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), hayan sido cuestionados, ”hasta el punto de cesar a su fiel bastión en la CHT, el presidente Miguel Antolín, quien, si quería vender mejor su imagen de víctima con la que aparece en varios medios de comunicación, debería haber dimitido hace mucho dando explicaciones públicas de lo que pasa dentro“. Creen que su gestión se ha distinguido por ”aplacar las quejas y demandas de muchos ayuntamientos a golpe de talón en forma de pequeñas obras“ y ponen como ejemplo a Talavera de la Reina que ”tiene una playa sin río del que hacer uso, pero con duchas“.
Sobre el nuevo presidente de la CHT, Carlos de Cea, que fuera director técnico, aseguran que es “experto en la fontanería de cimentar suelos y levantar diques y murallas contra el agua de los ríos; todo lo contrario de lo que los ríos necesitan para ser ríos y generadores de la vida y de la abundancia que siempre han dado”.
La plataforma cree que “los ambientólogos deberían rebelarse contra tanto intrusismo profesional” porque el río Tajo “no necesita juegos malabares ni burlas legislativas, sino dejarle que sea río y seña de identidad cultural y social para todas sus poblaciones ribereñas”.
