La empresa Viuda de Joaquín Ortega de Villarrobledo propietaria de una alcoholera en esta localidad y que lleva décadas suscitando la protesta en el municipio y, en particular, en el barrio de San Antón, donde se encuentra instalada ha ganado el recurso contencioso – administrativo interpuestos contra el acuerdo plenario de febrero de 2017 que le daba 18 meses de plazo para su traslado, fuera del casco urbano de la localidad. Según el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Albacete, no tendrá que acatar la decisión del Pleno, por lo que podrá permanecer dentro del casco urbano de la localidad.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso esta redacción, se muestra que una de las cuestiones a las que aludían los grupos municipales para apoyar el traslado de la alcoholera, la medioambiental, no queda acreditada. Es decir, el Ayuntamiento de Villarrobledo — entonces bajo el mandato del socialista Alberto González — aportó como pruebas denuncias de vecinos, firmas recogidas para el traslado e incluso de una sanción que se impuso a la demandante por incumplimiento de la normativa medioambiental. Así, tal y como recoge la sentencia, “toda la documentación que aporta la parte demandada se produce en los años 2004 a 2006. No se aporta ninguna documentación con posterioridad a esos años que acrediten las quejas de los vecinos o las molestias”.
Además, sobre este mismo aspecto, se puede leer: “Llama la atención que la parte demandada haya solicitado como prueba la pericial de una medición de ruidos en el presente procedimiento, y en el Expediente Administrativo no obre ni una sola queja por ruidos, y ni una sola medición realizada por los agentes de la Policía Local o por técnicos del Ayuntamiento sobre los ruidos que genera la empresa”.
Y frente a estos fallos en la defensa del Ayuntamiento, el juzgado destaca que, por su parte, la alcoholera sí aporta “un informe emitido por un organismo de control autorización para la medición, que realiza informes para la Consejería, que concluye que la empresa cumple con todos los parámetros medioambientales”.
Una vez conocida la sentencia, desde Se Puede Villarrobledo apuntan directamente al Ayuntamiento de Alberto González apuntando que la contaminación no se ha tenido como algo importante. “El ayuntamiento no se lo ha tomado en serio”, se lamenta el concejal de la formación morada, Mario de La Ossa, que apunta directamente al anterior regidor: “Nunca nos dio cuentas de lo que pasaba”. Ahora, dice, “llega la sentencia que nos deja muy mal”.
Aún así, la intención de Se Puede Villarrobledo es que el proceso siga abierto y que el Ayuntamiento de la localidad la recurra.
La lluvia de ceniza, el punto de partida
La sentencia que da la razón a la alcoholera es el último capítulo de una lucha vecinal que lleva años enquistada en Villarrobledo y que en 2017 volvió a eclosionarl. Ese año los vecinos volvían a denuncian una constante “lluvia de ceniza” en el municipio. Algo que les llevó, incluso a salir a la calle para protestar. Hace 13 años, otro acuerdo del Pleno municipal ya instaba a la empresa a trasladarse fuera del casco urbano. Nunca se ha cumplido.
La empresa ya fue sancionada en el año 2006 por la Junta de Castilla-La Mancha con una multa de más de 340.000 euros tras imputarle infracciones por “abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos” y “falta de etiquetado incorrecto o parcial de los envases que contengan residuos peligrosos”, entre otros. Años después, entre 2009 y 2013, no ejecutó o bien rechazó hasta tres subvenciones para facilitar su traslado que estaban dotadas con casi cuatro millones de euros.