Los fenómenos socio-culturales de discriminación hacia personas en situación de pobreza y exclusión han facilitado altas tasas de contagio de COVID-19 entre aquellas que ejercen la prostitución. Es una de las conclusiones del informe sobre el impacto del coronavirus en este colectivo que la Asociación In Género ha realizado en cinco comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Otro dato significativo de sus aportaciones es que la crisis social que ya precedía a la sanitaria ha hecho que se ahonden las desigualdades preexistentes por razón de género, identidad sexual, clase y procedencia.
La ONG autora del estudio trabaja por la defensa de los derechos humanos de las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata en España. La asociación busca permitir que las personas en contexto de prostitución y víctimas de trata puedan ejercer sus derechos fundamentales, romper su silencio, aislamiento y exclusión, acompañando los procesos individuales y colectivos necesarios para mejorar sus vidas y participar de forma activa en la sociedad.
Con este punto de partida, el informe recoge, relaciona y organiza información relevante sobre el ejercicio de la prostitución en el contexto social y sanitario derivado de la crisis de SARS-CoV-2. Se centra en una muestra extraída de esas cinco regiones y acota su objeto de análisis al período comprendido entre marzo de 2020 y julio de 2021. Para la consecución de los objetivos fijados, se realizaron 300 cuestionarios con 33 preguntas a personas que ejercen la prostitución en esas autonomías.
Entre los datos recogidos de las encuestas, destaca que el 17,5% de la muestra de personas que ejercen la prostitución asegura que se ha contagiado de la COVID-19 durante los meses de pandemia y hasta el momento de la recogida de datos. El 66,8% restante afirma que no se ha contagiado de la infección, y alrededor de un 15,7% no sabe si ha pasado o no la enfermedad. Así, la incidencia recogida de las que están seguras de haberse infectado incrementa su valor un 117% sobre el porcentaje de contagios de la población española a fecha 1 de julio, que ronda el 8%.
Durante la pandemia, estas personas han relatado a la ONG diferentes prácticas para evitar tener contacto directo con la respiración o las secreciones respiratorias de los que pagan por sus servicios, obligándolos a ducharse antes, a utilizar la mascarilla durante todo el encuentro, a mantener relaciones de espaldas al cliente o a aceptar el uso de guantes para el contacto manual, entre otros. También ha habido muchas personas que, “ya sea por miedo al contagio o a la represión”, han abandonado temporalmente la prostitución. Es por ello que unas de las conclusiones del estudio es que la “elevada tasa de incidencia” de la COVID entre las personas del colectivo puede explicarse atendiendo al contexto de pobreza y exclusión que se deriva o empeora con esta crisis social.
Es la vulnerabilidad la que provoca la incidencia
Los autores del estudio explican que el ejercicio de la prostitución en sí mismo no está detrás de la gran incidencia de contagio del colectivo, sino que son la exclusión y la vulnerabilidad social, acrecentadas o sobrevenidas, “las que abocan a las mujeres a contraer la enfermedad muy por encima de las ratios de población general”.
Después se analizan otro tipo de variables socio-económicas. Así, el 54,8% de las personas que ejercen la prostitución asegura que no ha podido hacer frente a los gastos básicos de vivienda, alquiler y suministros durante la pandemia. “La prostitución es una actividad económica que reporta beneficios de forma rápida, pero la situación de las mujeres (cargas familiares extensas, cobros desmesurados en servicios anexos al ejercicio, etc.) hace también que implique elevadas cotas de gasto”, subraya.
Más datos. El 83,9% de las mujeres que ejercen la prostitución dejó de hacerlo durante el confinamiento, en ocasiones por miedo al virus o a la represión policial y judicial. El 14,3% restante asegura que siguió ejerciendo de forma clandestina, lo que esta ONG atestiguó en sus visitas a algunas casas, clubes y pisos durante el período de mayores restricciones. Y de las mujeres que ejercían la prostitución en la calle, el 87,5% afirma haber dejado de hacerlo durante el confinamiento, aunque el 6,3% mantuvo la actividad.
En los pisos, el 78,6% detuvo esta actividad y un 20,5% continuó ofreciéndola. En los clubes como dato relevante, el 87% las personas consultadas que ejercían en estos locales dejaron hacerlo, y un 7,5% siguió ejerciendo la prostitución a puerta cerrada y de forma clandestina. El 100% de las mujeres que ejercían en casas manifiesta el paro total del ejercicio de la prostitución en estos locales, aunque el estudio constaba que algunas personas siguieron ejerciéndola y fueron sancionadas por ello.
De los cuestionarios también se ha extraído que el 15,7% de las personas encuestadas dejó de ejercer la prostitución durante todo el pasado año, dato que casi coincide con el de las personas que no ejercieron en ningún lugar durante la pandemia. El porcentaje de personas que dejó de ejercer la prostitución unos días (4,3%) o unas semanas (8,6%) coincide con el de las que aseguran haber seguido ejerciendo la prostitución durante el confinamiento. Las personas que han cesado su actividad unos meses suponen un 62,7%, lo que, sumado al 15,7% que dejó de ejercer todo el pasado año, alcanza casi ese 80% total que cumplió con las restricciones del confinamiento.
Asimismo, el 67,2% de las mujeres consultadas asegura que dejó de ejercer la prostitución por miedo a la COVID-19. Le sigue un 44,4%, que afirma que lo hizo también por responsabilidad propia, para no contagiarse ni contagiar a nadie. Un 26,7% explica que dejó de ofrecer servicios sexuales porque se cerraron los lugares donde ejercía la prostitución. El 13,9% indica haber dejado de ejercer la prostitución por la falta de clientes y, por último, el 13,9% aludió la represión policial como motivo de su cese. “Este último dato nos resulta comprensible porque, desde el inicio del confinamiento, hemos sido testigos de la represión policial y de los abusos a los que han sido sometidas algunas de estas personas: vigilancia permanente en la puerta de los locales, represión con violencia en las entradas y salidas de los lugares de ejercicio de la prostitución, allanamientos de morada, amenazas, etc.”, añaden los autores.
De los relatos recogidos, el informe también infiere que el 64,1% de las mujeres que ejercen la prostitución ha necesitado ayuda social de algún tipo durante la pandemia, frente al 35,9% restante. “Recordemos que la crisis sanitaria se convirtió en pocos días en emergencia social y habitacional para este colectivo, pues la mayoría de las personas que lo conforman tuvieron que innovar para poder hacer frente a la búsqueda de un lugar donde alojarse y poder hacer frente a las necesidades básicas de alimentación, vestido y suministros básicos”.
“Desatención institucional”
Con estos datos y otros muchos, In Género establece sus conclusiones. Recaca que ese 117% de prevalencia de COVID entre mujeres prostituidas sobre el total de casos confirmados en España constata el vínculo entre la infección sanitaria, la exclusión social previa y la pobreza sobrevenida. A ello une la “desatención institucional” que mana de “la exclusión a la que el sistema somete al colectivo”, derivando en “situaciones de extrema vulnerabilidad social en las que la exposición al contagio obliga e impera sobre las precauciones que, a título individual, las mujeres que ejercen prostitución pudieran tomar”.
En este punto, señala el estudio que el fenómeno de empobrecimiento y de pérdida de control sobre las condiciones del ejercicio de la prostitución y de sus negociaciones, no puede comprenderse como consecuencia natural de una crisis sanitaria de orden biológico e inexorable, sino, más bien, como “resultado de condicionantes sociales y culturales precedentes; fenómenos que, en su ejercicio como tecnologías de poder, encuentran en la crisis sanitaria una vía para cristalizar sus violencias”.
De los datos recabados, los autores apuntan también a una “sensación de desatención institucional”. “La respuesta de las administraciones a este respecto, en contra de lo que dictan sus obligaciones como organismos públicos de acción social, no ha sido suficiente para garantizar la supervivencia de las mujeres que ejercen la prostitución”. Argumento que hay un “movimiento criminalizador que ha castigado y perseguido a las personas que han tenido que seguir ejerciendo la prostitución en tiempos de confinamiento y de restricciones, de miedo, de necesidad extrema”.
“Aprendamos del impacto y de las derivadas de este momento histórico para tomar nota de la fuerza y la dignidad de la organización comunitaria, de esa ayuda informal entre compañeras y familiares que reemerge en tiempos difíciles y que se multiplica en horizontal y desde los márgenes. Denunciemos de manera conjunta y articulada las fuentes de la exclusión social de las mujeres que ejercen prostitución y de las víctimas de trata, pero apostemos también, en definitiva, por facilitar, apoyar y asistir (a) la restitución de sus derechos partiendo de su autodeterminación y de su propio conocimiento y experiencia”, concluye el informe.