El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha bajo el acuerdo de PSOE y Podemos no ha hecho más que empezar y están lloviendo críticas debido a la intención de ambos partidos de modificar la Ley de Gestión y Organización de la Administración para dar grado de personal a los nuevos altos cargos. Se trata de una norma que supone todo un conglomerado de reformas, pero la polémica se ha desatado con motivo de una de las enmiendas parciales presentada por ambos partidos, la que defiende esa modificación para algos cargos. Los sindicatos STAS y CSIF han alertado contra esta iniciativa por considerar que con ello se “transgrede” la carrera profesional y se contribuye a “aumentar los privilegios de la casta”. Precisamente, hoy se ha debatido la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular ha presentado contra el nuevo proyecto de ley para incluir las modificaciones, que ha sido rechazada. En Ciudadanos también han arremetido contra la medida.
Concretamente, en la enmienda objeto de la polémica se establece que el personal funcionario de carrera con destino definitivo en la Junta de Castilla-La Mancha que pase a la situación administrativa de servicios especiales por desempeñar cargos en la Administración regional, “consolidará por el desempeño de dichos cargos públicos desde su nombramiento el grado personal en idénticos términos a los previstos en la regulación de la carrera profesional para los funcionarios en el desempeño de puestos de trabajo con carácter definitivo”.
La críticas han comenzado con el sindicato STAS, quien ha alertado de que PSOE y Podemos, a través de esta enmienda, pretende conceder el grado de personal a los nuevos altos cargos, “transgrediendo” la carrera profesional. “Sin pasar por el Consejo consultivo, sin negociarse en la Mesa General de Función Pública”, han denunciado. De hecho, han afeado al líder regional de Podemos y nuevo vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, y al resto de altos cargos, que vayan a conseguir “un sueldo NesPage para toda la vida”.
Según opinan, los dos partidos pretenden que todas las personas que pasen a la situación administrativa de servicios especiales “consoliden” por el desempeño de dichos cargos públicos desde su nombramiento el grado personal “en idénticos términos a los previstos en la regulación de la carrera profesional para los funcionarios en el desempeño de puestos de trabajo con carácter definitivo”.
Un personal que espera “décadas” para consolidar
Por ello, la medida supone una “transgresión” a la carrera profesional del personal funcionario de la Junta, “que sigue sin desarrollarse, y que va a ver que mientras un alto cargo consolida el grado máximo en un tiempo récord, el resto de personal tiene que esperar décadas para conseguirlo”. Piden así, la retirada de las enmiendas de PSOE y Podemos. “Son un escándalo al estilo Cospedal”, afirman, y avisan de que, si no son debatidas en la Mesa General de la Función Pública, acudirán a los tribunales.
Por su parte, el sindicato CSIF también ha manifestado su rechazo a esta “pretensión” de PSOE y Podemos de “premiar a los funcionarios políticos” y ha solicitado también la retirada de las enmiendas. “Si las mantienen tendrán nuestro rechazo y movilización contra este atropello”, han señalado, hablando de “desvergüenza política” que viene a “incrementar los privilegios de la casta frente a los ciudadanos de a pie y que se ha hecho al margen de la Mesa General, lo que demuestra su desprecio a la legítima representatividad de los trabajadores”.
Para CSIF, de salir adelante, los funcionarios-altos cargos conseguirían “el nivel más alto, por vía rápida, mientras que el resto de empleados públicos están sin carrera profesional y ascenderán en el escalafón, pasito a pasito, según vayan quedando vacantes de mayor categoría”. “Esto, nada más aterrizar los podemitas en el Gobierno regional, ha sido lo más urgente. ¿Son estos los que decían venir a servir a los ciudadanos y que no aceptarían privilegios? ”, concluyen.
Las críticas de los sindicatos han provocado la reacción del diputado regional de Podemos David Llorente, que no forma parte del nuevo Gobierno y que pertenece a la corriente crítica del partido. Concretamente, ha publicado en Twitter dos mensajes en los que afirma que no ha participado en la negociación de las enmienda criticada y recuerda que no es funcionario ni alto cargo, “ni aspiro a serlo”. También afirma haber planteado ya en su Grupo Parlamentario que retiren su apoyo a esa enmienda y que se rechace cualquier otra “que pueda suponer privilegios”.
No tumbar toda la norma, sino la enmienda
Se da la circunstancia de que Llorente ha tenido que intervenir en el pleno para defender el rechazo de su Grupo a la enmienda a la totalidad del PP contra el texto completo de la Ley. A este respecto, ha explicado que ahora lo más viable no es tumbar la norma en su totalidad, que tiene “importantes avances”, sino impedir que esa enmienda parcial (cuyo debate se celebrará más adelante) se apruebe. Al igual que los sindicatos, considera que antes debe pasar por la Mesa de la Función Pública.
Por este motivo la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular presentada al mencionado Proyecto de Ley ha sido rechazada en las Cortes con los votos en contra de Podemos y PSOE. Ha sido el momento en el que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido que se trata de una medida “puramente administrativa”. También ha recordado que lleva el informe preceptivo del Consejo Consultivo y que “no es una ocurrencia de verano”,
El diputado del Grupo Parlamentario Popular Lorenzo Robisco, en su intervención, ha puesto de manifiesto que dos años después llega una “ley de leyes” y han tenido “escasos minutos de gobierno con Podemos” para traerla. “Bienvenidos, señores de la casta que tocan asuntos presupuestarios, dinero que proviene del Estado y con el que hacen lo que les da la gana y colocan a amigos y familiares en el empleo público”.
En este punto es cuando el diputado de Podemos David Llorente ha detallado los motivos por los que su formación ha rechazado la enmienda a la totalidad a este Proyecto de Ley. Ha puesto de manifiesto que “en folio y medio y apenas seis puntos”, el PP ha presentado una enmienda que “no se sostiene” y ha insistido en que el objetivo no es tumbar la ley al completo.