En la localidad toledana de Recas, de unos 4.500 habitantes, los sueldos de los alcaldes van más allá del interés público. Se han convertido también en una compleja cuestión judicial, iniciada hace cinco años cuando el actual alcalde, Eliseo Ocaña García (PSOE), siendo entonces concejal de la oposición, promovió junto a otros ediles socialistas, de Ciudadanos y de UCIN, la anulación del sueldo de la que era entonces alcaldesa, Laura Fernández Díaz (PP), que gobernó el ayuntamiento en la legislatura 2015-2019.
Por estos hechos, tanto Ocaña como los concejales que aprobaron la moción van a ser juzgados por un presunto delito de prevaricación administrativa. Según la Fiscalía, todos ellos sabían que el procedimiento que utilizaron era “ilegal”.
Ahora, el actual alcalde, reelegido en las elecciones municipales de mayo, se ha puesto un sueldo de más de 2.000 euros mensuales, según el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, publicado esta semana con las retribuciones de la Corporación municipal actual de Recas.
Concretamente, el socialista Eliseo Ocaña desempeña su cargo como alcalde de manera exclusiva, por cuyo desempeño percibirá 2.246 euros brutos mensuales. Es algo más de lo que ganaba su antecesora: 1.624,67 euros brutos. Pero Laura Fernández desempeñó su cargo con dedicación parcial, según el listado de sueldos de cargos públicos del PP.
Presunta prevaricación administrativa
Mientras, el actual regidor municipal está a la espera de una fecha: el 30 de enero de 2024. Para ese día está previsto su juicio, ya aplazado el pasado mes de mayo. Lo acogerá la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo, por un presunto delito de prevaricación administrativa, debido a la moción de urgencia que hace cinco años presentó junto a otros concejales de la oposición y en la que se acordó la supresión del sueldo de la entonces alcaldesa, y también el salario de la que era su concejala de Hacienda, Gabriela Zamorano.
Según la Fiscalía, los ahora enjuiciados conocían que este acuerdo era “ilegal” y por ello propone imponer a cada uno os la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 11 años, así como las costas judiciales.
“Siendo todos ellos concejales del Ayuntamiento de Recas, el 17 de diciembre de 2018, en la sesión ordinaria del Pleno que se celebró el citado día” y “conocedores todos de la ilegalidad del acuerdo”, presentaron moción por la vía de urgencia, y con el voto favorable de los acusados, se acordó la supresión de sueldos de la alcaldesa, así como de los concejales delegados“.
Como consecuencia, se modificó así el régimen de retribución y liberación de los corporativos que estaban aprobados por el Pleno anteriormente, “causando con ello un perjuicio en los citados concejales que vieron cómo se suprimió su sueldo de manera automática, siendo ejecutivo el acuerdo desde ese momento”.
De hecho, agosto de 2020, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo anuló esa moción, y condenó al Ayuntamiento a las costas judiciales. Desde entonces, el alcalde de Recas y los ediles que le apoyaron en esa moción, están a la espera del juicio de enero.