El Gobierno de Emiliano García-Page quiere blindar en su nuevo Estatuto de Autonomía que se ponderen “adecuadamente los factores de superficie territorial, dispersión demográfica, baja densidad y envejecimiento de la población” y que eso se tenga en cuenta en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, en la parte que corresponde a Castilla-La Mancha.
Así consta en el borrador de la proposición de ley para cambiar el Estatuto de Autonomía y se justifica porque eso, dice el propio texto que cuenta con el apoyo del PP, garantizará “el coste efectivo de los servicios públicos en la región”.
Es lo mismo que lleva pidiendo la comunidad autónoma bajo gobierno socialista en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica en las tres últimas legislaturas. El proceso lleva estancado una década y Page culpa directamente de eso a la Generalitat de Catalunya.
PP y PSOE en Castilla-La Mancha han pactado proponer ante el Congreso de los Diputados que el gasto de inversión del Estado destinado a Castilla-La Mancha garantice “de forma efectiva”, el equilibrio territorial en los términos del artículo 138 de la Constitución Española que dice que las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Que se priorice la superficie del territorio de la comunidad autónoma y que se incorpore la discriminación positiva para corregir las desigualdades de renta per cápita, combatir la despoblación y fomentar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas
Por eso en la reforma castellanomanchega apuestan por legislar de forma expresa para que se priorice “la superficie del territorio de la Comunidad” y que, además, se incorpore la discriminación positiva “para corregir las desigualdades de renta per cápita, combatir la despoblación y fomentar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas”.
A Pleno de las Cortes regionales esta semana
Las Cortes de Castilla-La Mancha tomarán en consideración las proposiciones de ley para el nuevo Estatuto de Autonomía en el Pleno que se celebrará este jueves 18 de julio. Antes, este mismo martes habrá un encuentro entre Emiliano García-Page y el líder regional del PP, Paco Núñez.
La intención del Ejecutivo de Page es que el texto pueda ser remitido el próximo otoño al Congreso de los Diputados para su visto bueno definitivo. Es un paso preceptivo al tratarse de una ley orgánica.
El texto provisional del nuevo Estatuto contiene 93 artículos (40 más que el actual), cinco nuevas disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final.
Uno de los aspectos en los que más quiere incidir la ‘carta magna’ castellanomanchega tiene que ver con la “adecuada financiación” para la comunidad autónoma. En pleno debate nacional sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, el Gobierno de Emiliano García-Page quiere blindar la “autonomía y suficiencia financiera para el ejercicio de sus competencias”, tal y como recoge la Constitución Española.
El nuevo estatuto dedica varios capítulos y una disposición transitoria a esta cuestión y entre otras cosas busca que conste por ley que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus instituciones de autogobierno “gozan de idéntico tratamiento fiscal que el establecido por las leyes para el Estado”.
Entre los principios de la financiación de la Junta de Comunidades el texto expresa los de “multilateralidad, coordinación, solidaridad, transparencia y lealtad institucional con las demás administraciones públicas” e incide sobre esta cuestión en un claro guiño a lo que García-Page viene denunciando (y rechazando) con respecto a la financiación de Catalunya.
Incluso la cuestión de la financiación autonómica también aparece en la disposición adicional cuarta que habla de las inversiones en Castilla-La Mancha y que recoge que el gasto de inversión estatal “deberá garantizar los recursos suficientes a Castilla-La Mancha para proporcionar un adecuado equilibrio territorial y la nivelación y solidaridad con el resto de territorios en la prestación de sus servicios públicos”. De nuevo alude al artículo 138 de la Constitución Española.
Reclama cesión de nuevos tributos
Castilla-La Mancha también incluye en su nuevo Estatuto que le sean cedidos nuevos tributos respecto a la relación que aparece en el texto legislativo vigente. En concreto, buscará hacerse con el rendimiento del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la co- incineración de residuos.
En cuanto al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos quiere mantener con carácter parcial, en el porcentaje del 58 por ciento, el tipo general, pero reclama un porcentaje del 100 por ciento del tipo especial de este impuesto.
PP y PSOE quieren que ambos tributos formen parte de los recursos financieros de la Hacienda castellanomanchega y también proponen como obligación desarrollar una ley de las Cortes regionales tanto para regular el régimen jurídico del patrimonio de la Junta de Comunidades como para administrarlo, conservarlo y defenderlo en el marco de la legislación básica del Estado.
La reforma del Estatuto requerirá tres quintos del Parlamento
Por cierto, el nuevo Estatuto de Autonomía cambiaría también las posibilidades futuras para volverlo a reformar. Ahora hacerlo obliga a contar con la mayoría absoluta del Parlamento regional y con el nuevo texto, de salir adelante, se requerirá el voto favorable de tres quintos de los miembros de las Cortes. Es la misma que requiere la Constitución Española.
Si la propuesta de Estatuto no saliese adelante, como ya ocurrió en 2010, cuando tuvo que ser retirada del Congreso de los Diputados a cuenta del trasvase Tajo-Segura, no podría ser sometido de nuevo a debate y votación hasta que no haya transcurrido al menos un año.