El agua, uno de los grandes argumentos políticos esgrimidos a lo largo de los últimos años para garantizar el desarrollo de cualquier territorio. Los continuos trasvases del Tajo al Segura, las protestas ciudadanas, las sentencias del Tribunal Supremo que confirman la obligatoriedad de respetar los caudales ecológicos del río... todo ha ayudado a que la gestión hídrica sea parte de la actualidad regional y también nacional, de forma constante. Por tanto, no supone ninguna sorpresa que sea uno de los puntos clave en la propuesta de un nuevo Estatuto para Castilla-La Mancha. Más aún, recordando que la última intentona fue dinamitada justamente por eso. En 2009, no se consiguió un acuerdo entre PSOE y PP para que se incluyese una propuesta que garantizase una reserva hídrica para la región.
Ante esta falta de acuerdo, el PP votó en 2010 en contra del texto en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y la reforma fue retirada. Nunca llegó al Pleno del Congreso.
Pero en 2024, la situación parece ser distinta. Al menos es lo que trasladan los dos grandes partidos en Castilla-La Mancha. PP y PSOE han consensuado y presentado ante las Cortes de Castilla-La Mancha un texto en el que el agua tiene un protagonismo excepcional.
De hecho, ya en la exposición de motivos de la propuesta de reforma, que esta semana se debatirá por primera vez en el Parlamento regional, se habla de proteger los recursos naturales, y “especialmente” el derecho al agua y al cuidado de los caudales ecológicos en la comunidad autónoma.
El nuevo Estatuto de Autonomía quiere proteger el derecho de la población al agua y a los recursos hídricos, con “disponibilidad preferente” para el consumo humano, el desarrollo económico, la sostenibilidad del medio ambiente y la preservación del entorno natural.
Pero no solo eso. El futuro estatuto también quiere incluir en su redacción las competencias “exclusivas” de la Junta de Comunidades en los proyectos relacionados con la construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la región, así como los relacionados con aguas subterráneas que discurran “íntegramente” por el ámbito territorial castellanomanchego.
La propuesta del Estatuto señala, incluso, que la Junta tendrá un instrumento propio para el ejercicio de las competencias que le sean encomendadas para la interlocución ante los organismos de la Administración de Estado en materia de agua.
“Uso preferente del agua”, sin molestar a otros
El documento también señala que corresponderá a los “poderes públicos” de Castilla-La Mancha, el asegurar a la ciudadanía de la región el derecho a disfrutar del agua y de su desarrollo económico, así como del deber de hacer un uso responsable y sostenible del recurso. Igualmente, el texto otorga el “uso preferente” de los recursos hídricos del territorio para consumo humano, desarrollo social, económico e industrial, así como para el sostenimiento medioambiental y para cualquier otro objetivo “que forme parte del ámbito de sus intereses”.
La redacción de la propuesta no es baladí, ni mucho menos. La idea es que, en medio de la eterna “guerra del agua”, los partidos del Congreso apoyen la propuesta castellanomanchega, y para ello se han cuidado todas las “aristas” que podrían poner en peligro la aprobación. Así lo afirmaba José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, al comunicar la aprobación del texto por el Consejo de Gobierno regional.
Esto también se observa en profundidad en otros puntos de la propuesta, en la que se otorga a la Junta de Comunidades el derecho a la aplicación “de un régimen adecuado y suficiente de caudales ecológicos”, para la conservación del medio natural y protección de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales asociados.
Finalmente, el Gobierno regional tendrá también derecho a participar en la planificación de los recursos de las cuencas hidrográficas que discurren por Castilla-La Mancha, para garantizar que el agua esté disponible para “todos aquellos proyectos de desarrollo que, atendiendo a criterios de sostenibilidad, conduzcan al crecimiento y la equiparación con los demás territorios del Estado”.
De momento la pelota está en el tejado de Castilla-La Mancha. El PSOE tiene mayoría absoluta en el Parlamento regional para sacar adelante la reforma, pero ha optado por intentar asegurarse el beneplácito del PP nacional en el Congreso acordando un texto con los 'populares' castellanomanchegos.
Están claros hasta los plazos. Esperan poder remitir el texto al Congreso de los Diputados, como muy tarde en octubre. Entonces el juego de mayorías será diferente, aunque el presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez ha dicho este martes que tiene “la garantía” de su partido nacional y también del grupo parlamentario popular en el Congreso para que el texto pueda pasar el trámite, con algunas condiciones. Para conocer el desenlace todavía habrá que esperar.