Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha adelantado que su programa electoral para las próximas elecciones de 2023 incluye un acuerdo entre Inspección de Trabajo y la Junta de Comunidades para que se cumplan las bases del Plan de Empleo al que se acogen miles de personas en la región cada año.
Así lo ha explicado el responsable de Política Institucional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Txema Fernández, indicando que muchos ayuntamientos aprovechan la subvención que otorga el Gobierno regional para fines distintos a los que marcan las bases de los planes extraordinarios de empleo.
“Recordar a las corporaciones que las bases que rigen estas ayudas prohíben que los puestos que se ofertan sean estructurales del Ayuntamiento, es decir, no puede ocupar puestos de trabajo que ya están siendo ocupados y realizados por la plantilla municipal”, ha apostillado.
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, según ha detallado Fernández, incluirá en el programa electoral que se firmen convenios de colaboración entre la Administración regional y la Inspección de Trabajo para que esta última acuda a los ayuntamientos a comprobar que se cumplen en su totalidad las bases de la Junta.
“Los ayuntamientos caerán en la tentación de aprobar trabajos estables que mantengan su actividad más allá de los 6 meses de esta subvención. Seguir contratando plantilla que realiza servicios municipales es mantenerlos en condiciones precarias en lo salarial y en lo temporal”, ha aseverado.
En este sentido, ha señalado que los grupos municipales y representantes de los trabajadores en los ayuntamientos deben estar atentos para “evitar que se perpetúe la temporalidad” en sus centros de trabajo municipal y en la prestación de servicios públicos mediante contratos relacionados con el plan de empleo que suplen plantilla municipal de estructura por otra eventual.
“Si hay jardineros, albañiles, pintores o personal administrativo en la plantilla municipal, no podemos contratar ninguna de estas categorías”, ha apuntado
Por ello, ha criticado que en la actualidad la mayoría de los trabajadores contratados por los planes de empleo no cobran el mismo salario que la plantilla municipal realizando el mismo trabajo y el mismo horario.
“Esta es una práctica inconstitucional, como la de las cláusulas de exclusión de los convenios colectivos, sobre la que ya hay mucha jurisprudencia y deben ser los ayuntamientos los que más y mejor cuiden de la legalidad de estos puestos”, ha asegurado.
Además, ha indicado que en 2023 se realizarán contratos de seis meses que coinciden de forma milimétrica con la campaña electoral municipal y autonómica para que las calles estén limpias con este personal contratado, con los alcorques de los árboles realizados o la gestión administrativa resuelta.
“Es inconcebible que fondos públicos se destinan a hacer eficiente los trabajos de empresas privadas que, en muchos casos, tienen contratados los servicios en los que trabaja la plantilla del personal de los planes de empleo. Así como esperar a que la Junta pague la prestación de estos servicios, mientras los ayuntamientos siguen gastando sus fondos municipales en obras faraónicas que nunca han sido debatidas y, en muchos casos, de dudosa utilidad”, ha concluido.