El Gobierno de Emiliano García-Page va a renovar su normativa sobre las declaraciones de actividades, rentas y bienes de los gestores públicos mediante la creación de una nueva normativa que además servirá para luchar contra la corrupción. Se trata del anteproyecto de Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, al que el Consejo de Gobierno dará su visto bueno este martes para su remisión al Consejo Consultivo y posteriormente al Parlamento autonómico. Eso sí, no dará tiempo a su tramitación en la presente legislatura, debido a la convocatoria de las elecciones autonómicas del 28 de mayo.
El Consejo autonómico va a aprobar el tercer borrador de este anteproyecto, que deroga la normativa regional de 1994 mediante la cual se vienen publicando periódicamente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) los bienes, rentas y actividades de los gestores públicos. Establece un nuevo registro para la difusión pública de este tipo de datos que, después, se remitirá al DOCM. También modifica con ello la Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada hace siete años durante el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos en esta región.
El director de la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación del Gobierno de Castilla-La Mancha, Enrique Tenorio, explica que esta nueva ley busca “afrontar la corrupción” en la Administración pública con “medidas de carácter preventivo” así como con mecanismos de vigilancia para intervenir si se produce algún tipo de situación “que ponga en juego la integridad pública”.
Se trata de la tercera norma que refuerza la transparencia y la participación ciudadana en el sector público autonómico en las últimas dos legislaturas de Emiliano García-Page, aunque no llegará a tiempo a las Cortes castellanomanchegas para tramitarse en la presente legislatura. El último pleno antes de de las elecciones se celebrará este próximo jueves.
Sistemas preventivos para “más transparencia y participación”
El Gobierno regional quiere configurar un concepto del “conflicto de interés” en consonancia con el resto de la legislación estatal y autonómica comparada, del que por el momento carece esta comunidad autónoma. También busca establecer sistemas preventivos que “mejoren, impulsen y fortalezcan la transparencia y la participación” en la gestión pública para “una mayor calidad democrática”.
La principal novedad de la ley es que centraliza en un único órgano administrativo de nueva creación las funciones correspondientes al buen gobierno en el ámbito de la Administración regional: la Oficina de Integridad Pública. Estará destinada a promocionar e impulsar la obligación de rendir cuentas. También será la encargada de evaluar y comprobar la exactitud de las declaraciones de bienes, rentas y actividades de las personas obligadas a su presentación, ordenando su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dicha oficina llevará a cabo igualmente la gestión de los registros de actividades, y de bienes y derechos patrimoniales de las personas que ostentan cargos públicos o asimilados en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en los organismos y entidades de su sector público, así como efectuar las “verificaciones y controles precisos”.
Otra de sus funciones principales será gestionar la tramitación de los procedimientos de inscripción, modificación, suspensión y cancelación del Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha, como la recepción, custodia y publicidad de las declaraciones de adhesión al Código Ético de los altos cargos y asimilados de la Administración del Gobierno de Castilla-La Mancha, además de la supervisión y seguimiento de la publicación de las agendas de trabajo.
Se asume la Directiva de la Unión Europea sobre la protección de las personas informadoras o denunciantes de hechos constitutivos de corrupción, fraudes o violaciones de las leyes, con una normativa que hasta ahora no existe en la comunidad autónoma
Este nuevo órgano no podrá investigar hechos que estén sujetos a investigación de las autoridades de inspección o judiciales. En caso de estar haciéndolo, deberá cesar en su actuación tan pronto sea requerida por las citadas autoridades y aportar de oficio toda la información de la que disponga.
El anteproyecto asume asimismo la Directiva de la Unión Europea sobre la protección de las personas informadoras o denunciantes de hechos constitutivos de corrupción, fraudes o violaciones de las leyes, con una normativa que hasta ahora no existe en la comunidad autónoma. Para ello, se establece el denominado “Sistema Interno de Información” con sus correspondientes canales de información o denuncias y “la prevención y prohibición de represalias” contra quienes denuncien irregularidades en el sector público de Castilla-La Mancha. Se encomienda también a la Oficina de Integridad Pública la gestión del sistema y de esos canales internos.
Ese Sistema de Información será el cauce para recibir información, principalmente por vía electrónica, sobre posibles infracciones de las que puedan resultar responsables los cargos públicos o asimilados y el personal al servicio de la Administración autonómica. Lo dirigirá y supervisará una persona que tendrá que ser nombrada por el Consejo de Gobierno y debe permitir comunicar información sobre acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del derecho, así como garantizar la protección eficaz de los informadores y de cualquier persona mencionada en la comunicación o denuncia, “mediante la plena garantía de la confidencialidad o anonimato, y la indemnidad en su entorno laboral”.
Tres meses para resolver denuncias
Las tareas de investigación y respuesta al informante se realizarán en el plazo más breve posible y, en todo caso, dentro de los tres meses siguientes al de la entrada de la información en el registro.
El Gobierno de García-Page da este paso después de que el Senado aprobara el pasado mes de febrero la ley estatal para proteger de represalias a las personas que denuncien o informen sobre casos de corrupción. Con ello, España deja de ser el único país de la OCDE que no contempla protecciones especiales para estas personas.
La nueva ley dispone la creación de una autoridad central encargada de analizar las alertas de irregularidades y dar apoyo a sus denunciantes, tanto jurídico como psicológico. También establece cuantiosas multas para aquellos que los acosen o coaccionen, ordena el establecimiento de buzones internos de denuncia en las administraciones, partidos políticos y empresas públicas y privadas, permitiendo además que se hagan denuncias anónimas, una posibilidad hasta ahora no contemplada en el ordenamiento jurídico español.
En sus disposiciones adicionales, el anteproyecto castellanomanchega detalla que el régimen sancionador en materia de protección de los derechos de las personas informantes sobre infracciones administrativas y lucha contra la corrupción, será el regulado en la legislación básica estatal sobre la materia, correspondiendo el ejercicio de la potestad sancionadora a la Oficina de Integridad Pública.