La Revuelta de la España Vaciada, contra el pacto entre el PSC y ERC en Catalunya

La Revuelta de la España Vaciada, movimiento social y ciudadano vinculado a colectivos de Cuenca (Pueblos Vivos Cuenca), Talavera de la Reina (SOS Talavera y Comarca), Soria (Soria Ya), Teruel (Teruel Existe) y Extremadura (Extremadura Vaciada) han mostrado su “malestar” ante los últimos acuerdos que han tenido lugar en estos días entre el PSC y ERC y que el propio secretario general del Partido Socialista de Catalunya, Salvador Illa, comunicaba a través de los medios el pasado 3 de agosto, en su decisión de presentarse a la investidura en la Generalitat Catalana

En este sentido, señalan que los elementos del acuerdo “chocan de frente con la idea de país que defiende nuestra organización (idea recogida en el Modelo de desarrollo presentado en 2021 en el Congreso y que es lo que nos une y motiva a seguir en nuestra lucha contra la despoblación)”. Subrayan también que dicho acuerdo “divide y diferencia a los ciudadanos, volviendo a enfrentar a los territorios y a aumentar las desigualdades entre los españoles, incumpliendo así con los principios al respecto que recoge nuestra Constitución”.

Este movimiento que se define como “transversal” y que fue creado en Soria el 26 de enero de 2019, ya mostró el pasado mes de noviembre su disconformidad ante los pactos de investidura y de legislatura acordados por el PSOE con PNV, ERC y JUNTS.

Dicen estar “totalmente en contra” de que “se incremente la desigualdad en políticas fiscales e inversiones entre los territorios para la consecución de unos objetivos políticos”. En su opinión, la entrega del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya “supondrá la desaparición del principio de solidaridad interterritorial, consagrado en el artículo 138 de nuestra Carta Magna, siendo un grave perjuicio para la España menos poblada, lo cual implica un menor nivel de renta y de PIB en los mismos”.

Por otro lado creen que con la salida de Catalunya del régimen común, pagando la liquidación de los impuestos con una “cuota de solidaridad”, y la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) “se están poniendo en juego los principios de igualdad, solidaridad y corresponsabilidad fiscal”. En este aspecto opinan que irá “en perjuicio de la España vaciada, no solo porque aumentan las desigualdades económicas interterritoriales, devolviendo la imagen de una España que progresa a dos velocidades, sino también dejando un agrio sentimiento de abandono”.

En su argumento también apuntan que “durante los cuarenta años de democracia que llevamos vividos, hemos sido testigos de cómo los gobiernos vascos y catalanes han venido condicionando los distintos gobiernos nacionales” y que eso es “una manera claramente contraria al principio de solidaridad entre territorios, con modelos económicos y fiscales anticonstitucionales” y lamentan que pese a ello “se ha ido consintiendo que esto pasara ante los ojos de los gobernantes de quince comunidades autónomas, algunas de las cuales hoy se manifiestan también en contra”.

Se oponen, dicen, a un sistema de financiación que no se base en el reparto equitativo de la riqueza entre todas las comunidades autónomas, y que no se rija por el principio de solidaridad entre los territorios, que conduzca al reequilibrio económico adecuado y justo. Este acuerdo, sostienen, “no solo perjudica a las comunidades autónomas que sufren el problema de la despoblación, sino que tampoco beneficia al resto de españoles”.

En relación a la condonación de la deuda, también sugieren que la negociación de la financiación de las regiones “debe abordarse desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, buscando el mayor consenso posible y reconociendo el sobrecoste presupuestario necesario para financiar los territorios de la España vaciada” y dicen sentir “estupor” al ver “cómo el destino económico de nuestros territorios queda en manos de unos acuerdos de investidura, sin olvidar que en 2025 tampoco habrá presupuestos, ya que Junts así lo ha condicionado, debiéndose prorrogar una vez más los del 2023”.

“No queremos ser testigos mudos de cómo unas minorías condicionan a todo un país”, zanjan, para recordar el documento en el que proponen otro modelo de desarrollo para un país “cohesionado, donde podamos regirnos con orgullo por los valores de la solidaridad, la pluralidad, la dignidad y la equidad territorial”.