La portavoz de Stop Ganadería Industrial: “A los vecinos nos humilla oír que las macrogranjas no contaminan”

Inmaculada Lozano es agricultora y vive en Pozuelo (Albacete), un municipio en el que el sector cárnico fijó su mirada para implantar explotaciones ganaderas intensivas hace ya más de tres años. En 2018 capitaneó una plataforma vecinal contra de la instalación de una macrogranja de cerdos en la zona (51 naves y hasta 140.000 cerdos auspiciada por CEFUSA, empresa que pertenece al Grupo Fuertes, al igual que El Pozo). En 2021, el Ayuntamiento se blindó contra las macrogranjas con una ordenanza municipal.

Hoy es portavoz de la coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial y de CLM Stop Macrogranjas. Un colectivo que apunta al informe de Principales Indicadores Económicos del Sector de la Carne de 2020 del Ministerio de Agricultura para poner en evidencia que el censo de cerdos en España ha crecido un 35% entre 2015 y 2020. O que el número de granjas de menor tamaño (menos de 1.000 animales) ha descendido un 30% en toda España en los últimos diez años.

A eso se suma el crecimiento de las zonas afectadas por contaminación de nitratos. Por ejemplo, en Castilla y León hay cerca de 400 municipios declarados vulnerables debido a la contaminación de las aguas. En Lastras de Cuéllar, un municipio segoviano de 350 habitantes y con macrogranjas cercanas, no pueden beber agua del grifo desde 2014.

Hablamos con ella después de que las declaraciones del ministro Garzón a The Guardian hayan situado la cuestión de las macrogranjas en el foco informativo, agitando un panorama político nacional con varios comicios electorales a la vista.

¿Cómo valora la polémica suscitada en torno a las macrogranjas tras las palabras del ministro de Consumo?

Lamentamos el giro político que ha tomado este tema. Para nuestras plataformas vecinales no se trata de ideología política, sino del futuro de nuestros pueblos y de que podamos seguir bebiendo agua del grifo.  

Se trata de frenar una actividad que se está demostrando que destruye más que crea, que no beneficia al territorio ni a los vecinos y que lejos de ser una posibilidad de progreso para los ya castigados pueblos de España es un retroceso al perder calidad de vida y poner en riesgo la salud de los que allí vivimos.

Y la verdad es muy lamentable y reprochable, ver la actitud de la mayoría de los dirigentes políticos de este país. En particular, la del presidente de Castilla-La Mancha que por un lado, anuncia una “moratoria” y por otro, pide la “dimisión” del ministro por unas declaraciones que se han tergiversado por puro oportunismo político.

¿A qué se refiere con lo de oportunismo político?

A que esto no va de partidos políticos, porque hay alcaldes y concejales de todas las ideologías que aprueban en los Plenos blindarse a las macrogranjas mediante ordenanzas reguladoras de vertidos de residuos de origen animal o incluso, modificando el Plan de Ordenación Municipal.

Sin olvidar las diputaciones como la de Ciudad Real, Albacete, Granada, Burgos o Palencia o incluso el propio Ayuntamiento de ciudades tan importantes como Albacete han aprobado mociones conjuntas, con el apoyo de todos los grupos municipales, en las que rechazaban estas explotaciones ganaderas no sostenibles.

¿Al menos el debate ha facilitado una mejor comprensión ciudadana sobre la cuestión o se ha enmarañado todavía más por el ruido político?

Pensamos que ha sido importante poner este tema por primera vez en la agenda informativa, porque hay mucha gente que no había oído hablar de los diferentes modelos de ganadería y está permitiendo que se enteren de los graves efectos de las explotaciones a gran escala y su modelo de producción industrial.

En Castilla-La Mancha llevamos desde 2017 sufriendo esta problemática y reivindicando que se frene. Los poderes públicos han hecho caso omiso.

Para nosotros este debate no es nuevo, llevamos años denunciando como con la ganadería industrial nuestros pueblos se quedan cada vez más vacíos y más contaminados.

¿Le sorprende el revuelo causado?

Con este revuelo se ha abierto el debate a toda la ciudadanía, se ha mostrado el daño que hacen en los territorios donde se instalan y se ha evidenciado la cantidad de pueblos que luchan contra este modelo y que lo vienen sufriendo.

Confiamos en que la gente piense más en la huella que tiene lo que comen, en las consecuencias para el mundo rural, y que se haya abierto una conciencia de consumo que hasta ahora era muy minoritaria.

Las respuestas políticas lo que han hecho ha sido desviar el tema y no centrarse en las consecuencias que sufrimos los que vivimos cerca de una explotación de ganadería industrial. Nos humilla, como vecinos, que nos digan que no contaminan, cuando muchos de nuestros pueblos están ya con el agua contaminada y con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que lo certifica (Torrejoncillo del Rey), o con evidencias tan patentes como la sopa verde (cianobacterias y nitratos) del embalse de A Limia en Ourense.

No es un capricho, no es un invento, es nuestro día a día, y los sufrimos otras secciones del sector primario, que no todos nos dedicamos al porcino industrial. Lo sufrimos con los campos agotados y quemados de tanto purín, lo sufrimos cuando pastamos con las ovejas y evitan las zonas donde se hayan echado purines, y lo sufrimos en nuestra agua, con altos índices de nitratos.

¿Cree que el debate está manipulado?

Ha sido una oportunidad para las partes interesadas en manipular. Los poderes públicos en este país y en esta región, deberían empezar a ser consecuentes con lo que firman o incluso declaran.

Se supone que estamos en emergencia climática. Se supone que se tienen que cumplir unos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿o solo se firmaron para llevar un pin en la solapa?

La decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia europeo por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura y ganadería debe servirnos como alarma para que marque un punto de inflexión.

Estamos en el 2022 y seguimos, un año más, incumpliendo los límites de emisión de amoniaco marcados por la Unión Europea.

 

¿Cómo llamamos a los 100.000 cerdos que ya hay en Balsa de Ves (Albacete), un pueblo de 129 habitantes? ¿A las 23.500 vacas del proyecto de Noviercas (Soria)? ¿Al proyecto de 14 explotaciones de porcino de Meneses del Campo (Palencia)?

El PP ha llegado a decir que las macrogranjas no existen y también lo ha dicho ASAJA. ¿Qué le parece?

Poner el foco en el término y no centrarse en lo verdaderamente importante que es su grave impacto ambiental y social es echar balones fuera.

Evidentemente no es un término que aparezca en el BOE, como no aparecerá macrobotellón por ejemplo, pero a todos se nos viene a la cabeza algo grande, desmesurado... Con la ganadería pasa igual, al utilizar ‘macrogranja’ se está poniendo el énfasis en lo desmesuradas que son, en que aglutinan gran cantidad de cabezas, de naves y de balsas de purines.

A las más de 70 naves con sus más de 200.000 cerdos y sus correspondientes balsas de purines de Cancarix-Hellín… ¿Cómo lo llamamos? ¿Y a los 100.000 cerdos que ya hay en Balsa de Ves (Albacete), un pueblo de 129 habitantes? ¿A las 23.500 vacas del proyecto de Noviercas (Soria)? ¿Al proyecto de 14 explotaciones de porcino de Meneses del Campo (Palencia)?

Este modelo de ganadería industrial no se puede comparar en tamaño ni en la contaminación que producen con las pequeñas explotaciones que están desapareciendo. 

El incremento exponencial del número de cabezas de cerdos en este país y en esta región en estos últimos años, la contaminación del agua y de la tierra son evidencias de que las macrogranjas existen.

Las declaraciones de Garzón han coincidido con la aprobación de una moratoria en Castilla-La Mancha que ya se había anunciado a principios de diciembre…

Pensamos que simplemente ha sido casualidad. Pero ha llegado en el momento oportuno para poder ver las posturas de determinados dirigentes políticos, entre ellos el presidente de Castilla-La Mancha, que en sus numerosas intervenciones demostraba la incoherencia de sus discursos. Y que una y otra vez se posiciona del lado del lobby cárnico y no del lado de los habitantes de los pueblos que estamos sufriendo los efectos de las macrogranjas día a día.

Cuando el presidente Page anunció la moratoria lo valoraron positivamente, pero con cautela. Una vez que se conoce el texto exacto. ¿Qué opinan?

Es una moratoria tramposa que de nuevo protege a las grandes empresas cárnicas situadas en la región. Para empezar lo que se ha aprobado no es lo que dijo en su anuncio: estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2024, cuando en el anuncio Page dijo que sería “sin un tiempo definido”.

No tendrá carácter retroactivo, lo que significa que se le dará luz verde a la infinidad de macrogranjas que se están tramitando en estos momentos y se seguirán aprobando las que el propio Gobierno regional considere tecnológicamente apropiadas.

La afirmación de la disposición que recoge que “no se admitirán solicitudes ni se concederán nuevas Autorizaciones Ambientales Integradas para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino” nos permite deducir que sí se admitirán nuevas solicitudes de granjas de cerdos, puesto que las de menos de 2.000 cabezas, no necesitan Autorización Ambiental Integrada, simplemente una Evaluación de Impacto Ambiental.

¿Qué tipo de moratoria es esta? Es un coladero. ¿Cómo se van a “ordenar” las explotaciones ganaderas si no sabemos el número indeterminado de macrogranjas a las que se les dará luz verde en todo este tiempo?

Vamos a ser el estercolero de Europa, si no teníamos bastante con las macrogranjas, ahora le ponemos la alfombra roja a la basura industrial

Hablamos solo de cerdos… ¿Por qué creen que no se ha incluido las instalaciones de otro tipo de animales?

Hay grandes empresas muy cercanas a la Junta con grandes proyectos de macrogranjas avícolas. Un hecho más que demuestra que nuestros gobernantes están posicionados del lado cárnico.

Las granjas aviares también están proliferando de manera descontrolada. Por ejemplo, en San Clemente (Cuenca) se pretende reunir casi medio millón y medio de gallinas en una sola explotación, con un plan de bioseguridad no adaptado a los riesgos de zoonosis del panorama post-COVID.

La misma norma modifica la disposición final segunda de la Ley de Economía Circular cambiando el “tributo depósito en vertedero” por “moratoria sobre explotaciones ganaderas de porcino”. ¿Qué le parece?

Eso se traduce en eliminar la tasa de vertido y mantener la importación masiva de residuos. Y así, Castilla-La Mancha será la única comunidad autónoma del centro peninsular que no gravará por arrojar residuos en un vertedero.

Ahora sí que podemos decir que vamos a ser el estercolero de Europa. Si no teníamos bastante con las macrogranjas, ahora le ponemos la alfombra roja a la basura industrial. 

ASAJA nos acusa de ir a los pueblos a "amedrentar a la gente". Como vecinos de pueblo y en muchos casos como trabajadores del sector primario nos ofende que defienda únicamente a los productores industriales de porcino

El PSOE de Castilla-La Mancha ha dicho que se buscará el diálogo y el consenso normativo que les sirva a “todos”. ¿Qué les parece?

A pesar de las palabras de Page las plataformas vecinales no hemos recibido ningún gesto de interés por parte de la Junta para escuchar nuestras reivindicaciones.

Lo más grave es que ASAJA, que dice defender a los agricultores y ganaderos, están vertiendo acusaciones totalmente falsas hacia las plataformas y asociaciones vecinales que estamos en contra de las macrogranjas.

¿En qué sentido?

Nos acusan de ir a los pueblos a “amedrentar a la gente”, a “acojonarlos”, a “asustarlos”. Como vecinos de pueblo y en muchos casos como trabajadores del sector primario nos ofende que ASAJA defienda únicamente a los productores industriales de porcino.

Vemos peligrar nuestro trabajo ante el crecimiento de esta ganadería industrial. Nuestros campos se queman por el abuso de los purines, que lejos de usarlos como abono, lo que buscan es deshacerse de ellos como un residuo, porque no les caben más en las balsas. Vemos cómo las ovejas y cabras de nuestra ganadería tradicional extensiva, nuestro cordero manchego, no comen del rastrojo abonado con purines. Lejos de fijar población, fomentan que la gente se vaya, al poner en riesgo su salud, el agua que bebe y el aire que respiran.

No es una rama del sector vinculada al territorio y reprobamos las palabras del señor Fresneda, en las que vierte falsedades contra la labor de nuestras asociaciones y plataformas vecinales, que siempre ha sido pacífica.

A diferencia del lobby cárnico y de las organizaciones agrarias, las plataformas y asociaciones vecinales no recibimos subvenciones por parte de las administraciones públicas. Somos personas voluntarias que trabajamos desinteresadamente por el bien de nuestros pueblos.

ASAJA anuncia acciones judiciales. ¿Ustedes se plantean tumbar esta moratoria judicialmente y buscar otras soluciones?

Nuestras acciones judiciales son más a nivel local. Desde la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial se está trabajando en algunos municipios denunciando abusos e ilegalidades de ciertas explotaciones de ganadería industrial. El problema es que la experiencia nos dice que la sanción es irrisoria, como aquella a CEFUSA-El Pozo en Cancarix (Hellín), que fue multado con solo 601 euros por vertido de purines y por tener las balsas sin impermeabilizar.

Tenemos un equipo jurídico que nos asesora y nos ayuda y allí donde haya irregularidades emprenderemos medidas.

Mientras llegan nuevos acontecimientos, en la práctica ¿qué efectos puede tener la moratoria en la región?

Ninguno. Simplemente para que de cara a la galería se diga que se ha aprobado una moratoria.

Pedimos mayores dosis de empatía a nuestros gobernantes, que parece que no quieren entender que los vecinos simplemente queramos vivir en nuestros municipios con dignidad. Con sus políticas medioambientalmente insostenibles están vaciando cada día más la denominada ‘España Vaciada’ como demuestran año tras año los datos ofrecidos por el INE.

Y no podemos entender que España sea el establo y el estercolero de Europa, fabricando carne barata para todo el mundo a costa de envenenar nuestra agua con nitratos y nuestro aire con metano y amoniaco. Mientras, otros países de la Unión Europea (Holanda, Alemania…) están concediendo subvenciones para eliminar este tipo fábricas de carne y aquí las estamos fomentando con suculentas subvenciones.

Estamos hablando del modelo de desarrollo que queremos para las zonas rurales. Si queremos permitir que se envenenen su agua y aire para que unas pocas empresas se enriquezcan exportando carne a China.

¿La moratoria puede sentar precedente para el resto de comunidades autónomas?

Esperamos que, si a partir de ahora alguna otra región decide aprobar una moratoria, sea por convencimiento real de sus gobernantes y no por puro electoralismo, como en Castilla-La Mancha.

¿Cree que el debate puede traer nuevas normativas en torno a la ganadería en el ámbito nacional?

No somos especialmente optimistas, teniendo en cuenta que no hace mucho la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso rechazó una Proposición No de Ley con la iniciativa de prohibir la instalación de nuevas macrogranjas e impedir la ampliación de las existentes en zonas declaradas como vulnerables o sobreexplotadas.

Se rechazó sabiendo ya la decisión que había tomado la Comisión Europea de llevarnos hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la deficiente aplicación de la Directiva sobre los nitratos.

El debate abierto, ¿ha cambiado la hoja de ruta de las plataformas?

El planteamiento será el mismo, vamos a seguir como hasta ahora: divulgando evidencias, reivindicando nuestros derechos y manifestándonos. Por supuesto, seguiremos concienciando, asesorando y apoyando, en la medida de nuestras posibilidades, a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros. Seguiremos con la lucha legal para frenar las irregularidades que tan frecuentemente encontramos en los proyectos que se tramitan.