Dos semanas después de las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, PSOE y Podemos siguen teniendo en sus manos la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita el respaldo de la formación morada a la investidura del socialista Emiliano García-Page como nuevo presidente regional. Este último se reúne el lunes 8 de junio con el cabeza de lista de Podemos y diputado electo por Toledo, José García Molina, en el que será el primer ‘cara a cara’ oficial entre ambos tras haber mantenido contactos telefónicos. Una comisión negociadora formada por miembros de ambos partidos ha sentado las bases durante los últimos días de las líneas generales sobre las que tiene que asentarse ese acuerdo. Un consenso que consideran necesario dado que el Estatuto regional de Autonomía contempla que gobierne la lista con mayor número de escaños (en este caso, el PP) en dos meses si ningún otro candidato obtiene la confianza de la Cámara autonómica.
El ánimo y el optimismo son latentes por ambas partes. Desde el PSOE consideran “no hay elementos objetivos ahora mismo que hagan pensar que no podemos llegar a un acuerdo”. Fuentes de este partido señalan que las tres líneas marcadas por Podemos para el pacto de gobernabilidad no solo están incluidas en el programa electoral socialista sino que algunas ya se llevaron a cabo cuando gobernaron, como la Renta Mínima de Inserción de 2010, o las medidas de lucha contra la pobreza infantil.
Estos puntos en común abarcan también otras áreas. El líder regional de Podemos ha hablado recientemente de la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía y los socialistas quieren lo mismo. No solo para cambiar la Ley Electoral que María Dolores de Cospedal reformó dos veces de forma unilateral (el conocido ‘pucherazo’), sino para “blindar la sanidad pública” y garantizar este derecho fundamental de los ciudadanos tras cuatro años de recortes.
“También estamos encantados de hablar de transparencia y de lucha contra la corrupción”, destacan en el Partido Socialista, y recuerdan la batería de medidas que en este sentido han presentado durante la legislatura de Cospedal, “siempre rechazadas por el PP”.
Estas cuestiones son las ‘líneas rojas’ marcadas por Podemos para que sus dos diputados regionales respalden la investidura de García-Page. El Consejo Ciudadano de esta formación ha ratificado su Plan de Rescate Ciudadano y las medidas de transparencia y regeneración democrática en las instituciones castellano-manchegas como condición para el pacto. La novedad es que el partido liderado por José García Molina ha decidido también abrir un “espacio de reflexión” entre los ciudadanos sobre el Estatuto e Castilla-La Mancha como parte de sus líneas básicas de conversación.
Y un dato significativo por su simbología ha sido también el hecho de que ambos partidos enviaran esta semana una nota de prensa conjunta sobre las negociaciones. Los dos partidos manifestaron los avances en la concreción de medidas de la comisión negociadora, formada por Jesús Fernández Vaquero y José Luis Martínez Guijarro, como representantes del PSOE; y por Francisco Gil Fuertes y Jorge García López, por parte de Podemos.
El objetivo es que el Parlamento responda desde el primer día a la mayoría alternativa al PP que han elegido los ciudadanos
Es decir, todo indica que en términos programáticos “no hay nada que haga pensar que el acuerdo no es posible”, apuntan en el PSOE. Ante todo, prima la transparencia y la prudencia en estas conversaciones, en aras de hacer “todo lo posible” por que el acuerdo esté cerrado antes de la constitución de las Cortes, prevista para el 18 de junio, según el decreto de convocatoria de elecciones. El objetivo es que el Parlamento, desde el primer día de su conformación, responda a esa “mayoría alternativa al PP” que los ciudadanos han decidido y luego “no haya que modificar cosas sobre la marcha”.
Las Cortes de Castilla-La Mancha celebrarán su sesión constitutiva el 18 de junio a las 11.00 horas, que estará presidida inicialmente por el diputado electo de mayor edad de los presentes, asistido en calidad de secretarios por los dos más jóvenes. Constituida la Mesa de Edad, su presidente abrirá la sesión y se dará lectura a la relación de diputados electos, para proceder después a la elección de la Mesa de las Cortes. Aunque es previsible que Podemos pueda tener un representante en este órgano parlamentario, las conversaciones aún no han tratado esta cuestión.
Seguidamente, los diputados, que en los días previos deben haber presentado sus credenciales y declaración de bienes en las Cortes regionales, tendrán que prestar juramento o promesa en base a la fórmula: “Juro o prometo acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y ejercer el cargo de diputado lealmente, en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha”. La formación morada debutará así el Parlamento regional, rompiendo el tradicional bipartidismo de la región.
A partir de ese momento, el presidente de las Cortes propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta en el término de 15 días, y será el encargado de establecer la fecha de la convocatoria del pleno de investidura, previsiblemente a finales de junio o principios de julio. Según el Estatuto de Autonomía, en esta primera vuelta, el candidato debe obtener la mayoría absoluta para ser investido presidente, es decir, García-Page necesitaría que los dos diputados de Podemos votaran a favor. En caso de que estos se abstuvieran o votaran en contra, la candidatura sería rechazada. Se sometería de nuevo a votación en una segunda vuelta a las 48 horas, en la que necesitaría la mayoría simple (mayor número de votos afirmativos que negativos). También en este caso Podemos tendría que votar a favor, al tener el PP mayor número de escaños.
La peculiaridad del Estatuto castellano-manchego obliga a ambos partidos a entenderse, porque si estas dos primeras vueltas son infructuosas para la candidatura de García-Page, se abre un plazo de dos meses para alcanzar un pacto que contemple el respaldo de la mayoría, y de no ser así, automáticamente Cospedal sería investida presidenta, por ser el PP la lista con mayor número de escaños. Es una posibilidad a día de hoy nada probable, pero que podría darse si ambos no alcanzan el consenso necesario.