- La empresa minera ha detallado a eldiarioclm.es parte de los contenidos de su estudio de impacto ambiental para esta polémica iniciativa
- Dice contar con informes que niegan el impacto radiológico y subraya que hay “más ruido” que la “oposición real” al proyecto: “en realidad, sería como una gravera”
La empresa minera Quantum ha mantenido un perfil bajo desde que se hizo público que se habían concedido las primeras concesiones de investigación para un futuro proyecto de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel. Por entonces, consideraba que no contaba con los análisis y estudios suficientes para contrarrestar el aluvión de informaciones en contra de esta iniciativa, que comenzaron con la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) denegando la toma de agua que la mercantil pidió desde el embalse de La Cabezuela. Después se sumaron otros informes negativos, que la compañía quiere ahora desmontar con el estudio de impacto ambiental solicitado por el Gobierno de Castilla-La Mancha con plazo de tres meses y que presentará el próximo 18 de febrero.
La empresa compró los derechos de explotación en esta zona a la empresa nacional Adaro hace casi cuatro años y los engloba dentro de un proyecto global denominado Matamulas. En un principio, se trataba de cuatro permisos de investigación. A uno de ellos renunció el año pasado y actualmente continúa con otros dos (el tercero, según afirma, es una petición de concesión a la que obliga la Ley de Minas).
Según ha detallado a eldiarioclm.es la Directora Facultativa de Quantum Minería, Raquel Vergara, se retomó el proyecto de Adaro en esta zona porque cuenta con características geológicas como la existencia de monacita liberada en nódulos de un tamaño de 0,2 a 2 millímetros, “muy fácil de extraer” con una retroexcavadora y con una profundidad media de dos metros. Su tratamiento posterior es un proceso de gravimetría (método analítico para determinar la cantidad de una sustancia midiendo su peso) en una planta de de concentración, mediante mesas de sacudida de donde se extrae esa fracción del mineral.
Pero pese a esta sencillez mencionada, uno de los problemas fundamentales para este proceso ha sido desde el principio el uso del agua. La empresa realizó una estimación inicial mediante la cual necesitaba captar un 0,7% de agua del embalse de La Cabezuela, próximo a la zona, mayoritariamente afectada por la sequía. Tras la negación de la Confederación del Guadiana, está estudiando otras posibilidades: conseguir una cantidad anual de 100.000 metros cúbicos (inferior a la primera estimación) mediante “sondeos profundos” en la zona de entre 200 y 300 metros de profundidad. “Creemos que así se podría hallar el agua suficiente para cubrir ese volumen”. Además, la directora argumenta que el yacimiento no se encuentra encima de los acuíferos “sobreexplotados” (el 23 y el 24). Para ello, necesitaría de nuevo el visto bueno de la Confederación del Guadiana. En caso de una nueva negativa, la compañía también baraja llevar el agua en camiones cisterna desde desaladoras de Levante.
En su defensa del proyecto, Quantum también refuta otro de los argumentos en contra de esta actividad: su posible impacto radiológico. Según Raquel Vergara, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) “en ningún momento” se ha pronunciado sobre la existencia o no de radiactividad “ni hay ninguna notificación oficial a ese respecto”. “El mineral que queremos extraer es monacita gris, que tiene unos porcentajes muy bajos de elementos radiactivos”. Explica que así lo han determinado laboratorios homologados con alrededor de 700 muestras: “solo hay radiación natural y no hay ningún elemento que pueda crear daño ni al medio ambiente ni a las personas”.
La cuestión radiactiva estará incluida también en el estudio de impacto ambiental que prepara la mercantil minera. Para ello, se incorporará un informe independiente de la empresa Geomnia en colaboración con el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Sevilla. “Ya nos han adelantado que el yacimiento estará exento de radiactividad, no solo en la extracción de la monacita, sino en los procesos físicos de la planta y para los trabajadores”. Estos estudios también se extenderán a la posible afección al lince ibérico y al águila imperial, que también se ha denunciado por parte de plataformas ecologistas.
En todo momento, la empresa minera insiste en la sencillez del proyecto. “Es una excavación muy poco profunda, como una gravera, y con una minería de transferencia que consiste en ir regenerando el hueco según se va explotando otro”. De las 1.500 hectáreas solicitadas, afirma que solo se explotarían 300, porque la Ley de Minas obliga a tramitar “cuadrículas mineras enteras”. A razón de 30 anuales y en un proyecto a diez años, precisa que mientras una hectárea se está explotando, la otra se rehabilita, en base a estudios realizados por ingenieros agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
En cuanto a los cultivos, añade, afectaría en más de un 85% de su totalidad a cereal de secano. En el resto, existen zonas de olivos centenarios, que todavía no saben si llegarían a explotarse. Todas las fincas son privadas y “llegaríamos a un acuerdo con cada uno de los propietarios en función de sus intereses”.
Ha habido “alguna mala interpretación o malentendido” con la Junta
Al margen de estas consideraciones, y en el terreno político, Quantum considera que ha habido “alguna mala interpretación o malentendido” en las declaraciones realizadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y por el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, cuando afirmaron que el proyecto no era viable ambientalmente. “En ningún momento hemos presentado ningún documento ambiental. No es que no les gustase y ahora nos hayan dado tres meses. Es un trámite administrativo. Nosotros, cuando solicitamos la concesión, quisimos hacerlo de la mejor manera posible y le pedimos a la Junta que nos dijera el alcance de ese documento de impacto ambiental”, argumentan. Es decir, no interpretan ese plazo como una llamada de atención de la Junta: es un “trámite voluntario”.
Según la legislación, una vez que la compañía presente su estudio de impacto ambiental, este saldrá a exposición pública, abriéndose un periodo de alegaciones, que la Junta debe remitirles posteriormente para ver qué pueden “ampliar o subsanar”. “Esos pasos tienen que seguirse por vía administrativa. No creemos que se rechace el proyecto porque estamos cumpliendo todos los pasos administrativos. Un archivo sería recurrible y no creemos que se pueda dar carpetazo al proyecto porque estamos cumpliendo con el procedimiento administrativo”.
Y sobre la alta “contestación social” que hay en la comarca, liderada por la Plataforma Sí a la Tierra Viva, la Directora Facultativa dice que la empresa es “muy consciente” y lo respeta, pero afirma que se trata de un proyecto “muy beneficioso para la comarca, para la provincia y para Castilla-La Mancha. ”Hay más personas haciendo ruido que la oposición social existente. De hecho, estamos recibiendo currículos de gente de la comarca que quiere trabajar con nosotros desde el primer momento. Incluso en los procesos de investigación hemos trabajado con operarios y trabajadores de los pueblos“.
“Entendemos el revuelo social y estamos haciendo todo lo posible para tranquilizar a la gente, ir demostrando paso a paso y con estudios que no hay nada de lo que preocuparse y que la actividad normal de la comarca no se vería afectada”.