El PP de Ciudad Real ha defendido que la obra de Vereda de Moledores se hizo contando con todos los informes técnicos favorables “desde el principio al fin del expediente” y que incluso fue auditada e inspeccionada por el Tribunal de Cuentas, “por lo que no puede existir ningún tipo de responsabilidad del anterior equipo de Gobierno”. Así han reaccionado los 'populares' a la información hecha pública por El CRisol de Ciudad Real y tras la reacción de Ganemos Ciudad Real, que ha pedido la dimisión de la exalcaldesa, Rosa Romero, a quien considera como “principal responsable” de las denuncias que dieron lugar a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía.
Desde el PP afirman que respetan las decisiones judiciales y que, en este caso concreto, no sólo se ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la documentación y expedientes que se solicitaron, sino que el propio Ayuntamiento abrió un expediente informativo del que también es conocedor la fiscalía. “Esto evidencia que Ganemos miente cuando dice que el equipo de Gobierno del Partido Popular nunca investigó e hizo caso omiso a las denuncias”, ha manifestado. De este modo, ha indicado que le parece “lamentable” que tanto el PSOE “como su principal sostén en el gobierno”, Ganemos-IU, “sigan empeñados en hacer oposición al Partido Popular”.
Por su parte, el actual concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, ha valorado esta información resaltando el respeto del equipo de Gobierno a la investigación realizada por la Fiscalía en sus diligencias y ha apuntado a las responsabilidades “no solo técnicas, sino también políticas” que se desprenden de los hechos expuestos. En este sentido, Lillo ha remarcado que “no se hacen los actos en la Administración de manera técnica, sino que son aprobados y avalados por una decisión política”, señalando de esta forma hacia el anterior equipo de Gobierno delPartido Popular que gobernaba cuando sucedieron los hechos, en el año 2009, y que durante los últimos años ha negado cualquier irregularidad en el proyecto.
El concejal ha recordado que el Grupo Municipal Socialista se sumó a la denuncia iniciada por un funcionario con el objetivo de llevar a cabo “mediciones para que se certificara que la obra se correspondía con la obra en si realizada”. Algo que, como subrayaba Lillo, el informe incluido en las diligencias de la Fiscalía asegura que no ocurrió. “Se deben aclarar la totalidad de los actos y sus consecuencias”, apuntaba el concejal, que recordaba que estas diligencias son solo el paso previo y que es ahora cuando se debe iniciar un proceso judicial para investigar en profundidad lo sucedido.
Lillo ha valorado la contundencia del estudio técnico realizado en la investigación de la Fiscalía, “suficientemente claro para saber que el material certificado no estaba en la obra” y ha insistido en que, más allá de las responsabilidades de los técnicos municipales, “que tendrán mucho que explicar y que decir”, la responsabilidad final de lo sucedido está en los políticos, porque “los responsables de las concejalías deben de ser escrupulosos con la gestión de los recursos políticos”.