Continúa la ofensiva de la Plataforma Sí a la Tierra Viva contra el proyecto de extracción minera de tierras raras en el Campo de Montiel. Este colectivo ciudadano ha decidido dar un paso más allá y denunciar ante la Junta de Castilla-La Mancha a la empresa Quantum. Es la compañía minera encargada de los trabajos de investigación que supondrían en el futuro la extracción de monacita en esta comarca, a la espera de su estudio de impacto ambiental. La denuncia se basa en la “insolvencia” de la compañía y las múltiples “irregularidades” del proceso.
La Plataforma ha pedido la “actuación contundente y responsable” de Consejería de Economía, Empresas y Empleo ante una “serie de anomalías en las que presuntamente ha incurrido la mercantil”, concretamente infringiendo la Ley 22/1973, de Minas.
En primer lugar, alegan“el grave incumplimiento” del procedimiento reglado, pues la empresa, según apuntan, no aporta los documentos preceptivos relativos a la solvencia económica. La Plataforma considera que ha existido una voluntad deliberada de la empresa de “evitar la verificación de garantía”, dada la carencia de esta y ello a la vista de los balances de las Cuentas Anuales del Ejercicio del año 2014 -fecha de transmisión de los derechos mineros-, presentados en el Registro Mercantil, donde la empresa “carece de bienes materiales y personales y únicamente constan deudas”.
“En consecuencia, puede entenderse que la mercantil Quantum Minería S.L. carece de los factores de solvencia técnica y económico-financiera, y carece de las garantías necesarias para cubrir las posibles responsabilidades del proyecto, lo que a la vista de los hechos debería de conllevar la declaración de caducidad de los derechos mineros”, afirma.
Permisos mineras “sin garantía preceptiva”
La Plataforma también añade que posteriormente a la transmisión de los derechos mineros, la mercantil presentó solicitud de concesión de explotación derivada de los permisos ‘Matamulas’, ‘Rematamulas-1’ y ‘Rematamulas-2’ ante el Servicio de Minas de Ciudad Real, siendo admitida a trámite por el Jefe del Servicio “en un tiempo récord, al día siguiente, dando ”pábulo“ a unos proyectos que carecen de la garantía preceptiva de abastecimiento de agua, lo que ya de por sí invalidaría la tramitación de los expedientes”.
Además, afirman que la empresa incumplió de “manera reiterada” las condiciones impuestas para el otorgamiento de los permisos al realizar el lavado y preparación del material extraído de las catas “en un local sin la correspondiente autorización administrativa” y que en su momento fue denunciado al SEPRONA por la Plataforma.
“Estos hechos han impedido el control debido de la legalidad por parte de la autoridad administrativa, lo que debería implicar una sanción ejemplar y la anulación de los permisos de investigación otorgados ante la falta de rigor de los actos de la empresa, y que estos hechos no pueden ser obviados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que por principio ha de hacer valer la legalidad antes que cualquier otro tipo de consideración”, añaden finalmente, recordado asimismo el mandato de las Cortes Regionales, que el pasado 19 de mayo instó por mayoría absoluta al Ejecutivo de Emiliano García-Page al archivo de los expedientes de los proyectos de minería de tierras raras.