Se reinicia el proceso de privatización de Aguas de Alcázar, tras la desestimación del recurso del PSOE
El recurso presentado por el grupo municipal de oposición en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en contra del nuevo proceso ha sido desestimado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el que ha sido acusado por el Gobierno municipal de estar compuesto por antiguos miembros del PSOE y por ende tener preferencia por esta iniciativa política, por lo que el proceso de contratación de las aguas municipales de la localidad ciudadrealeña siguen su curso.
Las razones expuestas por la institución administrativa son diversas, y se basan todas en los pliegos renovados presentados ante el Gobierno municipal de la localidad, señalando también que en el recurso impuesto no se aprecia concurrencia de mala fe o temeridad. En resumen, si se examinan las contradicciones señaladas por el recurso, como la inseguridad jurídica provocada por la contradicción entre los documentos contractuales que, “altera sustancialmente el estudio económico financiero”, el Tribunal no comparte las apreciaciones señalando que los pliegos establecen claramente las exigencias para el adjudicatario, sin indefinición o inseguridad alguna.
Además, se señala que no se puede anular el proceso según la alegación que aduce que los servicios a prestar dentro del contrato no se ajusten a los que la empresa municipal. El Tribunal concluye que el tipo de servicio a prestar por la empresa mixta está detallado en el pliego, tanto administrativo como de prescripciones técnicas, y que el recurso no concreta la acusación de discordancias, las que se califican como “puramente genéricas”.
Por último, señalan que las denuncias respecto a los gastos de seguimiento y control, que según el recurso presentado por el PSOE no se establecen como contenido en las ofertas a pesar de estar impuestos en las cláusulas de los pliegos, tampoco se puede admitir. Esto se debe a que en la cláusula 23 si se establece que los licitadores deberán tener en cuenta estos gastos y que los servicios se prestarán por una empresa contratada por el Ayuntamiento, con un importe del 1% de la facturación anual.
Hechos en el Pleno del 30 de junio
Tanto la Plataforma en defensa del agua pública de la localidad, como el PSOE de la localidad, denunciaron incidentes al inicio de la Junta General de Aguas, en el cual ciudadanos fueron evacuados de las instalaciones por la policía. Ante estas acusaciones, el portavoz del Gobierno municipal, Ángel Puente ha asegurado que los ciudadanos asistieron a la Junta engañados por el Partido Socialista, y que fueron retirados de las instalaciones ya que en la sesión, por los preceptos legales, sólo pueden estar presentes los accionistas. Además, ha señalado que los miembros de la Plataforma fueron “arengados” por los concejales socialistas, por lo que el Gobierno se vio “obligado a desalojarlos” por la policía municipal.
