La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha alertado de que ya se ha producido la primera revisión de sentencia a la baja en Castilla-La Mancha en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha aplicado la nueva ley al resolver el recurso interpuesto por el condenado contra una sentencia por delito de agresión sexual que había sido dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
La Sala de lo Civil y Penal desestima íntegramente la apelación del condenado por agresión sexual pero modifica la pena impuesta y la rebaja de nueve a ocho años para aplicar la nueva ley.
La modificación de pena realizada por la Sala del TSJ se produce para adecuarla a la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'solo el sí es sí', en la medida en que resulta más favorable para el acusado, según se indica en uno de los fundamentos de derecho de la sentencia, en concreto el número siete.
Según se recoge en la sentencia “resulta que la nueva redacción del tipo básico de agresión sexual con acceso carnal amplía el arco punitivo, rebajando el mínimo de la pena (de seis a cuatro años) y manteniendo inalterado el máximo (doce años).”
Y es que el arco de penas en la nueva ley se establece entre el mínimo de 4 años y el máximo de 12 años. De ahí que la sentencia explique que “por ello, la nueva redacción del tipo supone, en este caso, ley penal más favorable que debe ser aplicada. La pena de prisión que viene impuesta al acusado (9 años) queda ahora extramuros de la mitad inferior de la prevista para el tipo (de 4 a 8 años)”.
“Procederá, respetando la proporcionalidad de la pena y considerando adecuada la individualización que realiza la sala de instancia anteriormente reproducida, fijar en ocho años de prisión la pena a cumplir por el delito por el que viene condenado”, reza la sentencia que, no obstante, mantiene las penas accesorias tales como la prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición de comunicación y la medida de libertad vigilada.
La resolución no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo de este caso en el que A.A.V. era condenado el pasado mes de junio por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real a nueve años de prisión por agredir sexualmente con acceso carnal a una conocida en su domicilio de la capital ciudadrealeña.
La denunciante, como consecuencia de la violencia física empleada, sufrió un hematoma en el tercio medio de la cara interna del muslo derecho, tres hematomas en la cara interna del brazo izquierdo, un hematoma en el tercio medio del brazo derecho y pequeñas erosiones en la región infraumbilical, precisando de asistencia facultativa para su sanación de asistencia facultativa y de 15 días de perjuicio básico.
Fernández pide “reaccionar” al Ministerio de Igualdad
La consejera de Igualdad y portavoz ha aprovechado para reiterar su petición a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de “reaccionar” para no “consentir que ningún violador se beneficie de esta norma” y se siga “perjudicando” a las víctimas.
Ayer recordaba cómo en dos ocasiones su departamento advirtió a la ministra Montero de las “dudas” que generaba la norma. “Se lo advertí personalmente”, matizaba la consejera castellanomanchega, quien recordaba que “no es un problema político sino para las víctimas”.
Blanca Fernández ha reiterado que, en su opinión, esta es “una magnífica ley” pero ha considerado que “merece la pena” que sea revisada en lo que se refiere a las penas ya que “nadie en este país quiere que se le rebajen las penas a los violadores”.
“Si estamos de acuerdo en eso, vamos a hacerlo cuanto antes porque es una magnífica ley”, ha apuntado, considerando que estas rebajas son “una nueva revictimización” de las víctimas que “no se merecen”.
Podemos cree que la Junta está lanzando mensajes de “inseguridad jurídica”
Podemos Castilla-La Mancha ha entrado hoy en la polémica, un día después de que la consejera de Igualdad reclamase a la ministra rectificar con la norma. Y después de que hoy diera a conocer este caso de Ciudad Real.
Desde la formación morada en la región, la Secretaria de Políticas de Igualdad y Mundo Rural de Podemos en Castilla-La Mancha, Asun Mateos Gámez, cree que las declaraciones de Blanca Fernández este viernes en una comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha, “lanzan un mensaje de inseguridad jurídica a las mujeres”, que tiene como objetivo “tergiversar con fines políticos una ley que protege a las mujeres y reduce la impunidad de los agresores”.
Además, la responsable autonómica de Igualdad y candidata de Podemos por Guadalajara a las Cortes regionales, ha calificado la intervención de la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha como “un intento de manipulación de la problemática real”, que no es otra que “el incumplimiento premeditado por parte de algunos jueces de la ley ‘solo sí es sí’ que supone ”poner en entredicho la imparcialidad del sistema judicial desprotegiendo los derechos de las mujeres.“
Mateos Gámez ha señalado que la preocupación del ejecutivo castellanomanchego debería residir en “impulsar y garantizar la formación obligatoria de los jueces” con el fin de “evitar una reinterpretación reaccionaria y conservadora” de la Ley.
Podemos Castilla-La Mancha se remite a las declaraciones de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que ha expresado con claridad que la ley ‘solo sí es sí’ está bien diseñada y que el problema está en la aplicación que están haciendo de ella.
Además subraya que Martín Pallín ha aludido a que “el Código Penal establece como regla general que se tomará la norma completa” y la actual, ha explicado, permite el mantenimiento de las penas, en aplicación de la disposición transitoria segunda del Código Penal.
Por su parte, José Luis García Gascón, coordinador autonómico de la formación morada en Castilla-La Mancha y candidato a la Presidencia regional, ha solicitado a la Junta, una vez más, que “no paralice los avances feministas” impulsados desde el Gobierno de España y ha lamentado que el ejecutivo de García-Page, “al igual que con la ley del aborto, pretenda el incumplimiento de la ley ‘solo sí es sí’ en nuestra región, coartando con ello los derechos y libertades de todas las castellanomanchegas”.