Un juicio en Daimiel (Ciudad Real) el próximo 16 de julio buscará dirimir si uno de los tramos del camino de Valdeparaíso en la localidad de Villarrubia de los Ojos es de uso público o estrictamente privado. Este camino discurre en parte por el interior de la finca Los Castaños, popularmente conocida como Los Valles y que, entre otras cosas, es un coto de caza. Ahora un procedimiento declarativo de dominio por parte del juzgado determinará a quién pertenece.
El titular actual del camino es el Ayuntamiento y quiere seguir siéndolo. “La titularidad del camino se encuentra en un proceso judicial, del que poco podemos decir”, comentaba la alcaldesa Encarnación Medina a elDiarioclm.es, pero mientras tanto vecinos y asociaciones están recogiendo firmas para apoyar la postura del ayuntamiento.
Las asociaciones Alamillo 1213, Anea, Ecologistas en Acción, el Club de Atletismo local y Feministas de Pueblo reivindican “la naturaleza pública” de este y de todos los caminos históricos porque, dicen, forman parte del patrimonio histórico, cultural y social, además de ser un recurso turístico que en su opinión “fortalecería el tejido económico y el prestigio medioambiental de Villarrubia”.
Lorenzo pertenece a la Asociación Alamillo 1213 integrada por amantes del senderismo y el ciclismo de montaña y que funciona desde los años 70 del siglo XX. “El camino atraviesa varias fincas del pueblo y los propietarios de esta en concreto, que son gente del pueblo, no quieren que pasemos porque dicen que es privado”.
La finca tiene ahora varios propietarios. “Los padres dejaban pasar, pero ahora ya no. El acceso tiene puertas que ahora tienen las cadenas quitadas. Queremos recuperar el patrimonio. Siempre ha pertenecido al pueblo”, asegura Lorenzo.
Villarrubia de los Ojos tiene unos 11.000 habitantes. El municipio está situado entre las primeras estribaciones de los Montes de Toledo y la amplia llanura manchega. Desde Feministas de Pueblo explican que toda la zona tuvo un uso público -caminos incluidos- hasta la desamortización de Madoz a mediados del siglo XIX. “Fue entonces cuando comenzó un proceso de privatización a través de la venta por parcelas”.
Los numerosos caminos eran utilizados de forma pública para facilitar labores del entorno relacionadas con la recogida de leña y elaboración de carbón, el pastoreo y la trashumancia, el aprovechamiento forestal o la caza. Actualmente, el uso de esos caminos está vinculado al deporte, al turismo y al conocimiento del medio natural.
Rosario Alises, vecina e integrante del colectivo Feministas de Pueblo señala que “en el Catastro está registrado como un bien demanial, es decir de dominio público, y no prescribe, pero los dueños lo han convertido en coto de caza”.
Los propietarios dicen que el camino “nunca” ha sido público
Álvaro, portavoz de la familia propietaria de la finca confirma que el camino figura a nombre del ayuntamiento desde 1998, pero sostiene que “nunca” ha sido público ni tampoco ha tenido utilidad pública y por eso ha plantado cara al Consistorio.
“En el Catastro no nos atenderían una solicitud de modificación de esa titularidad incorrecta si el ayuntamiento no informa favorablemente”, argumenta el portavoz de la familia propietaria. “A pesar de haber conversado con varias corporaciones [en los últimos años se han sucedido diferentes gobiernos de distintos signos políticos incluso], no pudimos avanzar nada en este sentido”.
Justifica la necesidad del litigio judicial, en conversación con elDiarioclm.es, para determinar si el camino es público o privado. La familia cree que “es un camino particular” y que por tanto debe cambiarse la titularidad en el Catastro. Rechaza los argumentos esgrimidos por los colectivos ciudadanos: “Entendemos que consideran que la titularidad que figura en el Catastro es un argumento definitivo o sólido, y nosotros consideramos que eso no es así en absoluto”.
Una mesa redonda y recogida de firmas
Vecinos, colectivos y asociaciones no solo recogen firmas para reivindicar la naturaleza pública de los caminos históricos y, de paso, apoyar al Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, sino que también organizan acciones de sensibilización de la ciudadanía.
Este mismo viernes está prevista la celebración de una mesa redonda, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura en la que está previsto que participe la alcaldesa, Encarnación Medina junto a la abogada del Ayuntamiento; Óscar Jerez, profesor de geografía en la Universidad de Castilla-La Mancha y natural de la localidad y Manuel Fernández, miembro de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) y de Ecologistas en Acción.
Rosario Alises explica que “se trata de informar sobre lo que tiene que hacer la ciudadanía para defender nuestros caminos públicos. Hemos convocado a personas con experiencias en litigios similares. También esperamos que nos expliquen cómo está la causa judicial”.
El portavoz de la familia propietaria de la finca Los Castaños ha confirmado la asistencia de una representación de los propietarios. “Estaremos atentos a lo que se ofrezca. No hay un orden del día o algo así, pero si vemos que podemos contribuir a aclarar alguna duda, lo intentaremos”.
Los conflictos relacionados con los caminos en el medio rural -casi siempre a cuenta de la actividad cinegética- son habituales en Castilla-La Mancha. Enfrentan a quienes creen que se privatiza el espacio público en beneficio de unos pocos (suele aludirse al lobby de la caza) en detrimento de ciclistas, excursionistas o de los propios vecinos del lugar.
Pese a la existencia de precedentes judiciales, lo cierto es que en ocasiones ni siquiera se ejecutan las sentencias que obligan a retirar las puertas que cierran los caminos, como ocurrió en Solana del Pino, en Ciudad Real, después de que un vecino denunciase un incidente, con escopeta de por medio, ante la Guardia Civil.
“Caminos cerrados hay muchos pero es imposible saber cuántos y cuáles porque entre otras cosas muchos ayuntamientos no tienen un inventario de caminos públicos. Algunos ni siquiera están en el Registro de la Propiedad. Intentamos recabar información, pero es complicado”, explicaba entonces Jaqueline Gómez Navarro, integrante de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos (PICP), quien apelaba a la “movilización ciudadana” como la que ahora se ha producido en Villarrubia de los Ojos, para lograr que los caminos públicos no sean ocupados.