Castilla-La Mancha es una región de sol a raudales. Una fuente inagotable de energía limpia en pleno auge. Pero no está exenta de consecuencias. Mientras en algunos pequeños pueblos de Castilla-La Mancha han logrado dar con la tecla del mix de energías renovables mediante proyectos a pequeña escala que incluso buscan su independencia, en otros, por su ubicación estratégica, la llegada de macroproyectos fotovoltaicos ha hecho saltar las alarmas entre la ciudadanía y las administraciones locales. Pero ha sido Cabanillas del Campo, en el eje industrial del Corredor del Henares de la provincia de Guadalajara, el primero de la región es suspender, temporal y cautelarmente, todas las nuevas licencias para construcción de huertos solares.
En la provincia de Guadalajara hay más de 70 proyectos presentados de instalaciones fotovoltaicas y eólicas, que supondrían la ocupación de casi 12.000 hectáreas agrícolas y 465 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión.
Pero el caso de la suspensión de proyectos en Cabanillas, hasta ahora, es único. Los vecinos dieron la alarma de que habían salido a información pública cinco proyectos de plantas fotovoltaicas ubicadas en zonas de monte o muy próximas a viviendas del municipio, de poco más de 10.000 habitantes. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, comenzó a investigar. “Fue complicado de averiguar porque los expedientes de placas solares tenían denominaciones de otros pueblos y hasta que no leíamos el último párrafo no comprobamos que nos afectaba. Nos los colocaban de soslayo”, explica el alcalde, José García Salinas.
Lo que sorprendió especialmente al equipo de Gobierno municipal fue la gran superficie que ocupaban todos los proyectos y sobre todo que preveían instalarse en zona de monte y a escasos diez metros de algunas viviendas, con canalizaciones de líneas de alta tensión de 200.000 voltios. Uno de esos cinco proyectos se autorizó por no tener estas características y los otros cuatro se suspendieron cuando el pleno municipal aprobó, con la única abstención del PP, paralizar cautelarmente todas las licencias de renovables, incluida también la eólica “con carácter preventivo”.
La medida salió adelante con horizonte de un año, prorrogable a otro año. “Es una prerrogativa que nos otorga la ley para regular la gran cantidad de proyectos que llegan y que pueden afectar a la calidad de vida de los vecinos y a la estructura del municipio”, argumenta el regidor municipal.
Deja claro que esta medida no rechaza los paneles solares ni las energías limpias -de hecho, la suspensión no incluye a las instalaciones para autoconsumo-, sino que permite al Ayuntamiento realizar la ordenación del territorio “de una forma correcta, sin elementos que condicionen nuestro futuro desarrollo”. Precisamente, el municipio está ahora embarcado en la redacción de su nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), en el que incluirá dónde pueden y dónde no pueden realizarse estos macroproyectos.
“Para eso necesitamos tiempo. Es un trámite muy largo, no se puede hacer de un día de para otro y por lo tanto suspendemos preventivamente por seguridad jurídica del Ayuntamiento y de los promotores, para que no hagan una inversión que no puedan legalizar o que tenga algún condicionante”, subraya el alcalde.
Desde que el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo adoptó esta medida, ninguna de las empresas afectadas por la suspensión de licencias ni el Gobierno regional se ha puesto en contacto con este Consistorio. Tampoco desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, encargada de evaluar estas iniciativas, ha querido valorar la decisión adoptada. Porque, previamente, el equipo de Gobierno municipal ya intentó paralizar los proyectos mediante alegaciones en el Ejecutivo regional. “No prosperaron y recurrimos a la última opción que nos permite la ley”.
El discurso del liderazgo castellanomanchego
En Castilla-La Mancha no hay casos de suspensión municipal de estas licencias. Sí ha habido protestas ciudadanas por la afección de las placas solares al medio ambiente y a la agricultura, como ha sido el caso de Méntrida, en Toledo. Pero, por el contrario, desde el Gobierno regional la apuesta por las renovables se repite en los discursos alegando que la comunidad autónoma es líder en generación de energías limpias.
Al alcalde de Cabanillas le sorprende “muchísimo” que no haya más contestación a la afección que puedan tener estos proyectos si se hacen de manera “descontrolada”. Opina que en otros sitios de la provincia de Guadalajara, que prefiere no mencionar, no han evaluado “el impacto que esto va a suponer en la vida de sus vecinos”.
“Hay que regularizar cómo y dónde ponerlo. Entiendo que en el corto plazo es atractivo, son muchos ingresos para las arcas públicas por licencias de obra y por el Impuesto de Actividades Económicas. Oponerse es dejar de ingresar mucho, pero el dinero no lo es todo. Primamos los intereses de nuestros vecinos. No nos oponemos a todo, pero buscamos que se instalen en zonas que no generen problemáticas”.
La situación que señala el alcalde no es nueva. La Plataforma por la Alianza Energía y Territorio (Aliente) ha remitido recientemente una carta al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el mapa de proyectos eólicos y fotovoltaicos presentados para ubicarse en terrenos de Guadalajara, que, según apuntan, “inundan” las comarcas de la Campiña y la Alcarria.
Este colectivo señala que las líneas aéreas de alta tensión discurren por terrenos solicitados por diversas promotoras para plantas de gran extensión cuyas ubicaciones “se superponen y se unen conformando un nuevo paisaje”: infinitas hectáreas llenas de módulos fotovoltaicos y vallados perimetrales que afectan a vías pecuarias, caminos, arroyos y lagunas.
Algunos ejemplos que expone Aliente es que las plantas fotovoltaicas se sitúan muy cerca de las poblaciones “ahogando” a pueblos como Villaseca de Uceda, El Cubillo de Uceda, Casa de Uceda o Usanos. “Por el término municipal de El Casar discurren hasta cuatro líneas aéreas de alta tensión, que evacúan hacia Madrid la energía obtenida en Guadalajara”, agregan.
Estos proyectos, añaden en su escrito, se presentan “ignorando” las recomendaciones recogidas en la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Este documento recomienda situar las plantas fotovoltaicas y eólicas en terrenos “degradados, sin valor agrológico y sin relevancia para la fauna”.
“Digamos adiós a las avutardas”
Recuerdan que la Campiña es una zona privilegiada para las aves esteparias y rapaces. “Digamos adiós a las avutardas, al sisón común, a las gangas, a los aguiluchos pálido y cenizo, al cernícalo primilla, al águila imperial ibérica, al águila perdicera, a la culebrera europea, al águila real, al buitre negro y al alimoche, cuya expansión y supervivencia habíamos logrado tras décadas de políticas de protección”.
También se pregunta Aliente cuál va a ser la economía de los pueblos pequeños afectados por las megaplantas. “¿Vivirán de las compensaciones, licencias y tasas que obtengan los municipios los 30 años de vida de las plantas?”. Admite que los ayuntamientos pueden incrementar temporalmente sus ingresos pero recuerda que los dueños de las tierras no suelen ser los que las trabajan y “los auténticos agricultores (los más jóvenes, sobre todo) que las arriendan ahora, ven amenazados sus trabajos y su estilo de vida en los pueblos”.
Otras consecuencias que señala la plataforma es que la agricultura de secano se reduce drásticamente, la ganadería extensiva se extingue y el “profundo cambio” en el paisaje y en la biodiversidad puede acabar con otro tipo de negocios como los orientados a la naturaleza o al turismo.
“Somos partidarios de las energías renovables y de su implantación ordenada bajo una planificación territorial basada en criterios ambientales y socioeconómicos. Una buena planificación evitaría la burbuja especulativa que estamos viviendo. El desarrollo de las energías renovables debe basarse en el autoconsumo (todos los tejados y zonas industriales con placas solares), en las comunidades energéticas, en la instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas de mediano y pequeño tamaño que se integren y favorezcan a los municipios donde se ubiquen. Las megaplantas que se estimen estrictamente necesarias deberían distribuirse equitativamente entre todas las Comunidades Autónomas, instalarse en terrenos degradados y en lugares seleccionados con criterios medioambientales y socioeconómicos”, concluyen.