Reclaman compensaciones por “el precio del dolor” y publicar el censo de lobos en Guadalajara para “regularlo”

Medio centenar de ayuntamientos de Guadalajara, además de PSOE y PP, la Diputación Provincial, colectivos de cazadores, apicultores, agricultores y ganaderos han suscrito hoy un manifiesto en el que reclaman que se haga “público” el censo de lobos en la Sierra Norte de Guadalajara “para poder conocer las poblaciones y saber si es necesaria una regulación”.

En el documento que dirigen a las Administraciones públicas, incluido el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo estatal también reclaman “que dejen de instalarse en la Sierra Norte cámaras de fototrampeo, supuestamente para el control de las manadas de lobos, que se colocan sin permiso y sin conocimiento de los ayuntamientos en caminos y vías municipales y públicos”. Y que, además, “se cumpla la Ley de Protección de Datos”.

Los firmantes sostienen que la “sobreprotección” del lobo ibérico en España, como especie en peligro de extinción, incluida en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) desde 2021, “ha incrementado la presencia del lobo en esta comarca de Guadalajara”, aunque no ofrecen cifras sobre el número de ejemplares, y ha acarreado “nuevas medidas restrictivas” que, según aseguran, “están afectando a otras actividades económicas además de la ganadería”, como los ingresos que reciben los ayuntamientos, a través de los pastos y de la venta de los cotos. 

Señalan que los habitantes de esta parte de la provincia de Guadalajara “han visto como el lobo ha llegado a estas tierras para quedarse y lo respetan, pero no a costa de que ellos tengan que dejar de vivir aquí y paguen las consecuencias derivadas, ya que son quiénes las sufren”.

“Graves daños, estrés emocional para los ganaderos” y afección a la caza

Insisten en una “creciente presencia de lobos” - sin datos- que ha “intensificado” los ataques al ganado extensivo, con “graves daños” a las explotaciones y “un estrés emocional importante” para los ganaderos.

También culpan al lobo de afectar a la actividad cinegética. “La caza se ha visto afectada por una devaluación del valor de los cotos al limitarse la misma de una forma arbitraria por parte de la Administración”. En concreto se muestran en contra de  la prohibición para realizar aguardos nocturnos y diurnos jabalí, que se haya limitado o prohibido cazar becadas o que se haya reducido el periodo hábil para cazar otras especies, como los corzos.

Acusan también al Gobierno de Castilla-La Mancha de “infringir” el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de La Sierra Norte de Guadalajara, en lo que tiene que ver con las vedas de caza y critican que haya “limitaciones en la mayor parte del Parque y no en determinados enclaves”.

“Turistas bienvenidos, pero entran en conflicto con los ganaderos”

También recuerdan que la Sierra Norte alberga tres espacios naturales protegidos como es el caso del Hayedo de Tejera Negra, El Pico del Lobo Cebollera, (incluidos en Red Natura 200 Sierra de Ayllón) y la reserva fluvial del río Pelagallinas que, sostienen, “también suponen restricciones en usos para la población” y sin embargo, afean que los pequeños ayuntamientos incluidos en estos espacios “no se ven compensados por ello y apenas cuentan con presupuesto para poder ofrecer mínimos servicios a sus vecinos”.

Se trata, abundan, de espacios naturales que atrajeron a 22.000 turistas el año pasado. “Son bienvenidos”, dicen, para lamentar que “en muchas ocasiones entran en conflicto por ejemplo con los ganaderos por la protección de los mastines a los rebaños, causando problemas serios”.

Piden más “compensaciones” y “cuantificar e indemnizar el daño moral”

Tras exponer lo que consideran una problemática relacionada con el lobo ibérico, reclaman a las administraciones públicas más subvenciones. A finales de 2024, según los datos facilitados por la Junta de Castilla-La Mancha a elDiarioclm.es, solo las ayudas a los ganaderos relacionadas con el lobo desde 2017 superan los 300.000 euros.

Los firmantes del manifiesto, entre los que se encuentra el PSOE, creen que las medidas para “conciliar” la presencia de este animal con la ganadería extensiva “no son suficientes” y sugieren que el ganadero “debe ver compensadas con diligencia y en cuantía suficiente, no sólo las muertes de animales, sino también el lucro cesante derivado de los ataques (abortos, estrés, enfermedades, animales desaparecidos, medicamentos veterinarios, reposición, vacas que no se cubren, etc.)

Igualmente, dicen que se debe “cuantificar e indemnizar el daño moral”. En este aspecto subrayan que es algo que la jurisprudencia “define como ”el precio del dolor,“ y que hace referencia a bienes o derechos intangibles, que afecta ”a la esfera psicofísica; es decir, a los sentimientos, sufrimiento o angustia de las personas“.

En su opinión, los ataques de lobo al ganado, además del daño económico y pérdida de rentabilidad en las explotaciones, “provocan un impacto o sufrimiento psicológico que los ganaderos soportan cada vez que ven sufrir a sus animales y que se agrava por la repetición de esa situación súbita y angustiosa”.

También piden “eliminar el agravio comparativo” que suponen las limitaciones a la caza en la Sierra Norte, para que los cotos de caza de la provincia de Guadalajara tengan “el mismo derecho” que el resto de cotos de Castilla-La Mancha y que se cumpla la Orden de Vedas. Eso pasaría, entre otras cosas, por permitir la caza de jabalí “con cupo libre y sin necesidad de autorización, por la sobreabundancia de este ungulado”.

Una “prima” por los servicios que prestan ganaderos y ayuntamientos

También exigen “una prima compensatoria” para los ganaderos de la Sierra Norte, “por los servicios ambientales y ecosistémicos” que generan con su actividad de ganadería extensiva y que contribuyen a la conservación del paisaje y del medio natural de esta comarca y de sus espacios naturales protegidos. Unos espacios que usa “toda la sociedad”.

Y a eso suman la petición de otra compensación para los ayuntamientos. Se trata, dicen, de que se “reconozcan” los beneficios que aportan sus municipios a la sociedad urbana, como mantenedores del medio rural, poseedores de los recursos naturales (agua, bosques, etc.) Así como su valor como sumideros de CO2.

Por último, reclaman los fondos europeos que “les corresponden” por encontrarse en Zona Red Natura 2000 (93 euros/hectárea), para poder contar con un presupuesto que les permita ofrecer servicios mínimos a sus vecinos.