La estela del franquismo sigue presente en muchos municipios de España pese a los avances conseguidos con la legislación en vigor para retirar símbolos relacionados con la dictadura o poder honrar la memoria de las víctimas. Una de las últimas actuaciones se ha producido en el municipio de Fuensalida, que ha aprobado cambiar el nombre de 12 calles franquistas para dar cumplimiento a la sentencia de un juzgado toledano.
Sin embargo, la polémica se abre paso de nuevo en este pueblo debido a la presunta intención del gobierno local del PP de retirar un monolito conmemorativo que fue instalado en 2022, durante el Gobierno local del PSOE, en honor a Mariano Álvarez Escobar 'Antonio', víctima del franquismo.
Quien ha dado la voz de alarma ha sido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx) que afirma que, según diversas informaciones recabadas y la aportada por algunos familiares, existen indicios de este propósito. El Ayuntamiento de Fuensalida no ha desmentido a elDiarioclm.es ni tampoco ha confirmado que vaya a retirar este memorial ubicado en el cementerio, ya que ha declinado hacer declaraciones. Tampoco se pronunció el alcalde, José Jaime Alonso, a la pregunta que le fue trasladada en el último pleno municipal por parte del portavoz del PSOE, Santiago Vera, y que preguntaba por la posible eliminación de este monumento memorista.
Por el momento, el Consistorio tampoco ha dado respuesta a la solicitud de información que han remitido esta misma semana tanto la ARMHEx como una familiar de la mencionada víctima franquista. En sus escritos, piden conocer si la actual Corporación del Ayuntamiento Fuensalida tiene intención de eliminar o no el citado memorial, inaugurado en agosto de 2022 con el anterior Gobierno local del PSOE.
Su instalación parte de un proyecto impulsado por la ARMHEx, y coordinado por el historiador Ángel Olmedo, para identificar a tres 'maquis' antifranquistas en el municipio de Burgohondo (Ávila), uno de ellos Álvarez Escobar, que resultó muerto tras un operativo de la Guardia Civil en enero de 1947. “Nos hemos dirigido al Ayuntamiento para que nos diga si lo van a retirar o no. Todo indica que lo quieren tirar”, explica Olmedo, que indica que los tres guerrilleros estaban descansando en una finca en Burgohondo cuando fueron asaltados y asesinados después de que alguien les hubiese delatado.
La placa se instaló después de que no se pudieran recuperar sus restos para entregárselos a su familia, con el objetivo de que Álvarez Escobar “dejara de ser un desaparecido” y que quien lo deseara pudiera acudir para “honrar su memoria y presentar sus respetos igual que el resto de familiares con sus difuntos en nuestra cultura”, explica la asociación.
María del Carmen, una de las familiares de Álvarez Escobar y vecina de Fuensalida, considera que esta supuesta decisión del Gobierno municipal es “una especie de venganza” tras verse obligados a cambiar el nombre de una docena de calles franquistas. “Fuensalida es un pueblo complicado, es como estar otra vez en el pasado”, apunta después de la concentración que realizaron el pasado sábado en el cementerio, en la que participaron “unas 50 personas”, para mostrar su rechazo a la retirada del memorial.
Enterrados sin identificar
En este sentido, recuerda que la ARMHEx y familiares de otras víctimas, como los otros dos guerrilleros reconocidos en esta placa -Tomás López Gutiérrez 'Rubio', de Madrid, y Andrés Iglesias Prieto 'Olivero', de Piornal (Cáceres)- han estado “muchos años luchando” para poder recuperar los restos de sus seres queridos y trasladarlos a sus municipios de procedencia.
Estas tres personas, una vez ejecutadas, fueron enterradas sin identificación en una fosa clandestina en el cementerio municipal de Burgohondo. Con posterioridad, fueron exhumados y trasladados sus restos a un osario dentro del mismo cementerio, sin que exista ninguna mención o identificación del lugar y sin que los familiares recibieran ninguna información al respecto.
“Es de justicia poder recordarle. Su madre y su hermana, que ya fallecieron, se pasaron toda la vida sin saber dónde estaba su hijo”, señala María del Carmen, que recuerda que gracias a la labor que hizo el investigador Roberto Félix García, natural de Huecas y autor del blog 'Vestigios de la Guerra Civil en Toledo', pudieron conocer qué había pasado con este combatiente antifranquista.
Sin embargo, no fue hasta el año 2021 cuando la ARMHEx pudo desarrollar el proyecto 'Exhumación, estudio y posible identificación de los restos óseos hallados en el Cementerio Municipal del municipio de Burgohondo (Ávila)', que se llevó a cabo a través del Ayuntamiento de Piornal en colaboración con el Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila). Se pudo financiar gracias a una convocatoria de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por la que se concedió a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una subvención para iniciativas relacionadas con la memoria democrática.
Como no se pudieron identificar los restos, se realizó esta placa que se instaló tanto en el cementerio de Piornal como en el de Fuensalida, cuyo Ayuntamiento concedió el permiso y la autorización y colaboró en su instalación. “El memorial está ahí desde 2022 y no nos consta que haya causado polémica. Todo esto ha venido a raíz del silencio significativo del Ayuntamiento en el último pleno tras una pregunta de la oposición por estos rumores”, señala José Manuel Corbacho, presidente de la ARMHEx.
“Entendemos que este memorial está amparado por un proyecto del Estado. Cuenta con todas las autorizaciones pertinentes y se instaló con los permisos adecuados”, recalca Corbacho, que recuerda que el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática reconoce expresamente como víctimas a las personas que participaron en la guerrilla antifranquista. Además, destaca que en el artículo 15 se establece también el derecho al reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia.
Posibles repercusiones legales
En este sentido, sostienen que la eventual eliminación del memorial, financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, podría tener eventuales repercusiones legales, como ya ha sucedido con algunas placas en otras localidades como Madrid, en base a la Ley que establece la regulación y la necesaria colaboración de las Administraciones públicas para la localización e identificación de víctimas y otras disposiciones.
“Es una cuestión de derechos humanos amparada en la actual legislación de memoria democrática, no una cuestión estrictamente política, para un justo y merecido reconocimiento a personas desaparecidas y enterradas en fosas clandestinas y a sus familiares, en la línea de lo que recogen organismos internacionales como la ONU”, agrega la ARMHEx, que asegura que luchará “denodadamente y sin descanso, todo lo necesario para lograr que este proyecto y trabajo llevado a cabo así como la legítima demanda de la parte de la familia sensibilizada con este tema no queden de nuevo en el olvido”.
Y es que, apunta Corbacho, están “convencidos” de que esta presunta decisión de retirar la placa es “una suerte de venganza o pataleta”. “Sería un poco triste que este memorial pague los platos rotos de una decisión municipal”, agrega, al tiempo que indica que han solicitado también amparo a la Secretaria de Estado de Memoria Democrática para que haga las advertencias legales oportunas al Ayuntamiento de Fuensalida si decide retirar el monolito.
En este sentido, la ARMHEx lamenta que el PP, en los gobiernos bipartitos que ha formado con Vox en algunas comunidades autónomas, esté “derogando las leyes de memoria histórica”. “Lo que habíamos avanzado en todos estos años es volver atrás”. “En Extremadura, Aragón, Cantabria o Islas Baleares, en todos los acuerdos de investidura, va esta obsesión de derogar las leyes de memoria democrática. Nosotros manifestamos nuestra preocupación, hemos hecho actividades y acciones desde diciembre y vamos a seguir luchando porque eso no se lleve a efecto”, apunta el presidente de la asociación.
Asimismo, recuerda que “hay una línea roja que es la ley estatal”. “Las comunidades autónomas no tienen competencia para dejarla sin efecto. Podrán derogar, reformar o cambiar de nombre las suyas pero de momento la ley estatal 20/2022 del 19 de octubre va a seguir en vigor... No acabamos de entender esa obsesión de las derechas con este tema porque aquí no se pone en cuestión nada más que exigir verdad, justicia y reparación a quienes no la han tenido”.