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Expedientan al policía local de Toledo que permitió usar un megáfono de coche patrulla para un mitin antiabortista

El portavoz de los grupos de rezo que uso la megafonía, junto al coche patrulla y a las personas participantes en el "rosario por la vida"

Fidel Manjavacas

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La Policía Local de Toledo ha abierto un expediente disciplinario al agente que permitió el uso de un megáfono de un coche patrulla a un portavoz de un grupo ultracatólico que lanzó proclamas antiabortistas en la lectura de un manifiesto. Los hechos ocurrieron este sábado 7 de octubre, durante la celebración de un “rosario por la vida”. Tanto el cuerpo como fuentes municipales han confirmado la apertura de este procedimiento disciplinario para depurar posibles responsabilidades por el uso irregular de este instrumento del cuerpo local.

Según señala la normativa de la Policía Local recoge distintos tipos de faltas -muy graves, graves y leves- y clases de posibles sanciones. Para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades susceptibles de sanción, el instructor del caso recabará declaraciones del policía implicado y evaluará las diligencias oportunas antes de establecer una propuesta de resolución.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, cuya responsable es la vicealcaldesa, Inés Cañizares, trasladan que la cesión del megáfono del coche patrulla fue “a iniciativa del policía, sin comunicación previa ni autorización de la Jefatura de Policía Local ni por supuesto de la propia Concejalía”. El Sindicato de Policía Local de Castilla-La Mancha, por su parte, ha declinado hacer declaraciones al respecto, “a la espera de que se aclaren los hechos por parte del Ayuntamiento de Toledo y de la Policía Local”.

CCOO reclama convocar la Comisión de Seguridad Ciudadana

Por su parte, el sindicato de CCOO ha pedido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo que convoque a la Comisión de Seguridad Ciudadana para que sea este órgano municipal de composición plural el que se ocupe de investigar quién propuso y quien permitió que se utilizara la megafonía de un vehículo de la Policía Local.

“Pedimos al alcalde, del PP, y a su vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, de Vox, la máxima transparencia y el máximo rigor tanto en la aclaración de los hechos como en la depuración de responsabilidades; y para ello consideramos imprescindible que en la investigación participen los distintos grupos políticos con representación municipal”, ha señalado la secretaria de Organización y Mujer de CCOO Toledo, Mayte García.

Avisa de que no les parece de recibo que se haya encomendado esta tarea a la Jefatura Superior de Policía Local, que “obviamente tiene, tras el propio alcalde y la propia vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, la máxima responsabilidad en el buen uso de los medios a disposición del Cuerpo que dirige”.

La Jefatura es “juez y parte”

Y critica aun más que “esta Jefatura hable ya de la imposición de medidas disciplinarias, dando por hecho que la investigación, de la que la jefatura en cuestión es inevitablemente juez y parte, concluirá asignando la responsabilidad de lo sucedido a un funcionario policial bajo su mando”, ha apuntado García.

“Antes de criminalizar a ningún trabajador, antes de cargarle el muerto a algún policía de a pie, que sea la comisión de Seguridad Ciudadana la que compruebe si la patrulla cuyo megáfono se puso a disposición de los manifestantes antiabortistas recibió órdenes o presiones por parte algún miembro del equipo municipal de Gobierno: o incluso de algún dirigente de los dos partidos que lo integran, PP y Vox, que se atribuyera tal potestad”, ha apuntado por su parte el secretario general de CCOO-FSC de Toledo, Enrique Clavero.

El sindicato recuerda que la manifestación en cuestión fue convocada por una entidad privada denominada '40 días por la vida' que tiene como objetivo la proscripción del derecho al aborto; objetivo que “forma parte esencial del ideario político de Vox” y cuya regulación, por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del PP.

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