La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha advertido de que, cuatro años después de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación sólo llega al 12,2% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza y ha reprochado al Gobierno que no haya establecido “ninguna coordinación” con los servicios sociales municipales para incrementar su cobertura. En el caso de Castilla-La Mancha, el IMV llega al 8,7% de la población vulnerable de la región.
Los gerentes de Servicios Sociales han acusado al Ejecutivo de “no cumplir con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país”. Mientras tanto, la persistencia de las “colas del hambre” deberían, según la asociación, “avergonzar a los gobernantes” a los que acusa de “impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, como calificaron el Ingreso Mínimo Vital”.
A nivel territorial, la asociación ha insistido en las “grandes diferencias” en esta implantación entre Comunidades Autónomas. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla-La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).
Más próximas a la media nacional del 12,2%, se encuentran comunidades como Navarra (17,7%), Asturias (16,5%), La Rioja (15,8%), Andalucía (14,4%), Aragón (13,6%), Madrid (13,07%), Extremadura (13,4%), Cantabria (12,2%), Castilla y León (12,17%), Comunidad Valenciana (11,01%), Galicia (10,9%).
Un mayor impulso
Ante estos datos, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ve “necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria”. Consideran que “los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía, independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social”.
Sin embargo, se ha lamentado la organización, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias”. En su opinión, “el laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad”.
La Junta achaca la baja implantación a la “complejidad” de su tramitación
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha indicado que, pese a que el Ingreso Mínimo Vital es un recurso “muy bueno”, su tramitación conlleva muchas dificultades, sobre todo porque la accesibilidad a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la región es “muy complicada” y la gestión se ha visto “colapsada”.
Así lo ha indicado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales del Ejecutivo castellanomanchego, Guadalupe Martín, en declaraciones a Europa Press, que ha añadido que el número de oficinas del Instituto en la región “no es alto” y que el acceso por el sistema informático a veces “es complicado”. “Hemos hecho muchos cursos para que sepan cómo acceder al sistema por vía telemática, pero somos conscientes de que hay muchas familias que no acceden en muchas ocasiones porque desconocen que pueden acceder”, ha dicho Martín, que ha asegurado que estas deficiencias se las han hecho llegar al Ministerio “en varias ocasiones”.
Según ha detallado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, en Castilla-La Mancha se han llegado a emitir 109.000 solicitudes, de las que se han aprobado 33.845. “Para nosotros es una cifra baja, pero en Castilla-La Mancha tenemos un sistema complementario de prestaciones que, evidentemente las personas que no entran por el Ingreso Mínimo Vital, tienen otro tipo de cobertura”.
Tras admitir que se tendría que ampliar la cobertura del IMV, Martín ha indicado que muchas veces se deniega esta prestación porque las familias demandantes superen el volumen de ingresos requeridos o porque se les requiere documentación que no se llega a presentar.
“Eso hace que se acumulen muchas resoluciones de negatoria, pero también tenemos que decir que, en este momento, se han beneficiado en Castilla-La Mancha 33.845 familias y nunca habíamos tenido esa cifra de cobertura”.
Pese a que en la región tan solo han percibido esta prestación 33.845 de las 109.000 familias solicitantes, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales ha indicado que, según los datos que manejan, en 2023 más de 55.000 familias se beneficiaron de otro tipo de medidas, como el sistema de ayudas de emergencia, el programa de pobreza energética o las ayudas a familias numerosas.