La Asociación Retamoso Sostenible está recogiendo firmas de vecinos y afectados de esta pequeña localidad toledana para animar a su Ayuntamiento a acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Denuncian supuestas irregularidades en los procedimientos de solicitud de licencia de dos proyectos de explotación porcina.
Los vecinos de Retamoso de la Jara, localidad toledana de apenas un centenar de personas censadas, explican que llevan “años” intentando frenar la instalación de dos granjas porcinas intensivas, de 2.200 y 7.200 cabezas, respectivamente. “Tras cinco años de resistencia vecinal, los vecinos de Retamoso de la Jara vuelven a dejar claro que no quieren macrogranjas”, ha declarado José Díaz, vecino de la localidad y portavoz de la Asociación Retamoso Sostenible.
Este miércoles quedó registrado ante el secretario del Ayuntamiento un escrito firmado por 300 vecinos y allegados, en el que solicitan al Consistorio acudir a la Justicia para que determine la legalidad de los estudios de impacto ambiental necesarios para la instalación de las explotaciones porcinas.
“Queremos que sea un juzgado, y no un abogado o un partido político, quien determine la legalidad de los estudios de impacto ambiental presentados por el promotor”, explica el portavoz de la asociación vecinal que fue fundada en 2018 para “intentar detener la instalación de estas dos macrogranjas”.
El colectivo denuncia que tanto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como la Autorización Ambiental Integrada (AAI) aprobadas en 2016 por la Consejería de Medio Ambiente (actual Consejería de Desarrollo Sostenible) “son ilegales y están caducadas”.
“Llevamos años denunciando defectos de forma y otras irregularidades en la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos”. Sin embargo, tal y como apunta Díaz, “hasta la fecha la Junta ha hecho oídos sordos a las peticiones de revisión de oficio solicitadas por el Ayuntamiento de Retamoso. No queremos informes ni escritos sin validez legal, exigimos una respuesta formal de la Administración”.
Los vecinos dicen que, desde 2018, están “a la espera de que la Consejería de Desarrollo Sostenible se pronuncie formalmente. Los ayuntamientos son quienes tienen la última palabra a la hora de conceder las licencias de obra pero necesitan el visto bueno del órgano ambiental”.
Preocupación en la comarca: Toledo es la cuarta provincia con más macrogranjas
“Hablamos de dos explotaciones que necesitarán anualmente casi siete veces el consumo total de agua de todos los vecinos de Retamoso, y generarán el equivalente a seis piscinas olímpicas de purines, una cantidad de residuo insostenible para unas tierras que están declaradas oficialmente vulnerables a la contaminación por nitratos”, ha declarado el portavoz de la plataforma.
Mientras el Ayuntamiento reparte agua embotellada debido a la escasez y mala calidad del agua en la zona, la tramitación de las licencias continúa
“Lo que está pasando en nuestro pueblo no es más que una pequeña muestra de un problema que no deja de crecer a pesar de la moratoria regional”, señala el portavoz de la plataforma. “La ganadería industrial supone un grave problema medioambiental para nuestra comarca. Desde 2018 el número de explotaciones se ha multiplicado. La Pueblanueva se ha convertido en solo cinco años en el decimotercer municipio con más cabezas de cerdo producidas en intensivo. Y Toledo ya es la cuarta provincia con más macrogranjas de toda España”.
“Mientras el Ayuntamiento reparte agua embotellada debido a la escasez y mala calidad del agua en la zona, la tramitación de las licencias continúa”, señala Díaz. “Si el Ayuntamiento no deniega las licencias, nos veremos obligados a tomar acciones legales. Ni Retamoso ni el resto de la comarca pueden permitirse más instalaciones de ganadería industrial mientras sufrimos restricciones por el estado del agua”.
En 2020, la promotora Agropecuaria Retamosillo SL, titular de ambos proyectos de explotación porcina, ya presentó un nuevo proyecto de instalación “para intentar sortear las irregularidades de los dos proyectos anteriores”, sostienen los vecinos que recuerdan que fue desestimado por la Junta de Castilla-La Mancha, en este caso por cuestiones medioambientales, tras las alegaciones presentadas por la Asociación.
Cinco años de resistencia vecinal contra las macrogranjas
“Gracias al movimiento de resistencia vecinal y al ruido generado en los últimos años, hoy existen ciertas garantías legales que no había en 2018, como la ampliación de la distancia mínima de dos kilómetros de los núcleos urbanos”.
Hay que recordar que el Gobierno de Emiliano García-Page aprobó una moratoria para otorgar licencias a los proyectos de ganadería intensiva hasta diciembre de 2024 que, sin embargo, las plataformas vecinales y colectivos anti-macrogranjas consideran papel mojado.