Pueblos que huelen a residuos de macrogranja y sufren cortes de agua: “No me atrevo a beber del grifo”
El corte de agua potable en un pueblo de Toledo ha vuelto a agitar el fantasma de la contaminación por purines, residuos de macrogranjas. En Polán hay casi 4.000 personas empadronadas y el número de cabezas de cerdo supera las 70.000, según el censo de mayo de 2020 de la Consejería de Agricultura ofrecido por Pueblos Vivos Cuenca.
En 2021 ya hubo precedentes asociados a nitratos en otros puntos de Castilla-La Mancha, según recuerda este colectivo, provocando cortes de agua en Villarejo Seco (pedanía de Villar de Olaya), Barchín del Hoyo y Alberca del Záncara (Cuenca) además de los casos de Hoya-Gonzalo y Pozuelo (Albacete). Incluso una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 2018 confirmó que las aguas de consumo público de Torrejoncillo del Rey (Cuenca) estaban “contaminadas por nitratos procedentes de las granjas”.
El pasado jueves 20 de enero un bando del Ayuntamiento de Polán, en Toledo, anunciaba el corte del abastecimiento debido a la “descompensación en los valores durante el proceso de la cloración del agua detectado en un análisis rutinario”. Sanidad declaraba el agua como ‘no potable’ tras la analítica mensual que se realiza en el depósito. El corte duró casi una semana.
El alcalde, Pedro Cano, explica que se debió a “la reacción del cloro con materia orgánica sin tratar”. ¿Qué tipo de materia orgánica? El informe de Sanidad solo habla de “determinaciones de trihalometanos” en distintos puntos de abastecimiento. En concreto, “en la tubería de llenado del depósito (128 µg/litro), en la salida del depósito (161 µg/l) y en la red de distribución del sector (169 µg/l)”.
El día 25 de febrero los niveles se habían reducido a 66,5 µg/litro, 59,2 µg/l y 60,7 µg/l y se declaraba el agua como apta para el consumo, aunque se pedía hacer análisis cada 15 días, dejando una pregunta en el aire: ¿cuál es el origen de la presencia de materia orgánica en el agua?
Si alguien habla de materia orgánica presente en el agua, eso equivale a contaminación
En los años 90 en este pueblo tuvieron que abastecerse con cisternas durante unos meses, recuerda el alcalde. Ahora, el agua viene desde la capital regional, de un depósito en el Cerro de los Palos.
¿Y qué son los trihalometanos detectados? Preguntamos al ecólogo acuático y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Máximo Florín. “Se trata de compuestos de cloro y materia orgánica. Lo que ocurre es que, en el agua potable, como es lógico, no debe haber materia orgánica y lo que se hace en las potabilizadoras es eliminarla antes de la cloración”.
Si el proceso no se hace de forma correcta, explica, “después es imposible eliminarlos porque los trihalometanos son compuestos solubles. Se usan filtros, decantación… que eliminan no solo la materia orgánica, sino cualquier otra que se encuentre en partículas en el agua”.
Tras eliminar la materia orgánica, el agua se desinfecta con cloro u otros tratamientos, como el ozono o filtros de carbono activado, por ejemplo. Si el proceso se hace bien, el agua es totalmente apta para el consumo humano. “Es una cuestión técnica muy sencilla”. Eso sí, afirma el profesor, “si alguien habla de materia orgánica presente en el agua, eso equivale a contaminación”.
Muchas vecinos no beben agua del grifo que “huele y sabe mal”
Los vecinos dicen que el agua “huele y sabe mal” desde hace años. Varios de ellos con los que se ha puesto en contacto este medio –y que prefieren mantener el anonimato alegando que “ya sabe cómo son los pueblos”– , así lo confirman. Algunos incluso van más allá y creen que se debe a la contaminación “de los purines que se esparcen. Sabemos quiénes son, con nombres y apellidos”, comenta una vecina. Otra confiesa que “nunca” bebe agua del grifo y otro añade: “No me atrevo ni a beberla ni a cocinar con ella”.
La rumorología arrecia cuando se producen cortes de agua. No es el primero en la provincia de Toledo. En octubre de 2020 se produjo una situación similar que afectó a los pueblos de la Mancomunidad Guajaraz. “Pasó lo mismo y nadie habla de purines en Cobisa o en Burguillos”, aduce el alcalde de Polán, un municipio considerado zona especialmente vulnerable a nitratos por la Junta de Castilla-La Mancha. “Ahora no tenemos ya tantas granjas de cerdos en el pueblo, quedan algunas, tres o cuatro de cierta importancia, además de las pequeñas, y otras dos las han cambiado de porcino a vacuno”, defiende el regidor. “Eso no es cierto, las granjas van a más porque si una pequeña se cierra la coge una integradora y la hace más grande. Se gana mucho dinero”, comenta un vecino a elDiarioclm.es.
En Polán la presencia de explotaciones ganaderas es habitual desde hace décadas. En 2019 llegó la autorización para la última: una macrogranja de cerdo de cebo con capacidad para 2.000 cabezas. “Nos opusimos hasta donde pudimos porque tenía la autorización ambiental. Se logró que en vez de tener más de 2.000 se redujera bastante. Ahora con la moratoria no habrá granjas nuevas, pero lo que no se puede hacer es quitar las que ya hay”, dice el alcalde.
Estoy, junto con otras muchas personas de Polán, y otros pueblos, muy preocupado y molesto porque desde hace varias décadas que los pobladores tenemos que vivir en condiciones insalubres debido a las macrogranjas y, sobre todo, al mal manejo
Ismael Carro, vecino de la localidad y activista ha iniciado una recogida de firmas para presentar ante las Cortes de Castilla-La Mancha y plantear una pregunta clara: “Si está comprobado que la ganadería intensiva acaba con el medio ambiente, contamina el agua, afecta la salud de los pobladores y contribuye a la despoblación, ¿Por qué siguen operando como lo hacen ahora en España? ¿Por qué no se cambia la normativa?”.
“Estoy, junto con otras muchas personas de Polán y otros pueblos, muy preocupado y molesto porque desde hace varias décadas los pobladores tenemos que vivir en condiciones insalubres debido a las macrogranjas que existen cerca y, sobre todo, al mal manejo que se hace, por parte de las empresas y de las autoridades, de los residuos que emanan de esas instalaciones”, dice este residente. Otros apuestan por una asociación vecinal en la que momento “nadie se atreve a dar el primer paso”.
Olivares encharcados
Otro vecino del municipio toledano relata que “esto es así desde hace 30 o 40 años y ha ido creciendo en los últimos años. Las pequeñas explotaciones han pasado de generación en generación para multiplicarse. Hay una gran cantidad de balsas y tenemos encharcados los olivares”. Este ciudadano dice haber visto “auténticas lagunas de purín, no porque estuviera en balsas, sino porque la tierra ya no podía absorber más”.
Este habitante lamenta que a veces ya ni siquiera percibe el olor. “Nos hemos acostumbrado a ser tontos de narices. Ya es tan natural como el humo en Madrid y si alguien se atreve a comentar algo a los ganaderos, te responden que si no te gusta, que te vayas a vivir a otro sitio”. Con el corte de agua los comentarios en la calle o en los bares se repetían. “Garzón no es de mi cuerda, pero no dijo ninguna tontería”, dice un vecino que asegura que “esto algo que va terminar desbordando a los políticos, lo quieran o no”, agrega contundente, para lamentar que “hasta ahora todos vuelvan la cabeza para otro lado”.
“Polán va a menos en habitantes. Otros pueblos más al norte crecen, pero en nuestra zona, en los Montes de Toledo, no. ¿Quién va a querer vivir aquí?” Describe “un panorama de malos olores, de contaminación y hasta de tráfico. Menos mal que hicieron una circunvalación, porque el tránsito de purines o de camiones con pienso o con ganado estaba creando un conflicto y encima están empoderaos”.
Los vecinos tienen razones para desconfiar. En octubre 2014, el PSOE municipal acusaba al entonces alcalde, Alberto Virseda, de haber “ocultado” que el agua del grifo no era potable tras unos análisis efectuados un mes antes. Las razones en aquel entonces no se desvelaron. “Es difícil saberlo”, reconoce Máximo Florín, pero sostiene que “la eventualidad de filtraciones o tomas ilegales que puedan contaminar el agua ya potabilizada es muy grande”, se trate o no de purines.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de febrero de 2020 ponía de manifiesto que la red de canalización del agua de Polán no era óptima, a cuenta de un pleito por impagos del Ayuntamiento a la empresa concesionaria del servicio de agua de Toledo, Tagus.
Existe un convenio entre ambos consistorios desde el año 2000 (no es el único en la zona) para disponer del agua almacenada en el Cerro de los Palos, en la capital regional. Aquel año, el Ayuntamiento de Polán debía a Tagus más de 400.000 euros dentro de un contencioso judicial abierto en 2018. El motivo de los impagos (varios entre los años 2012 y 2016) se debía, según el Consistorio, a las “la existencia de pérdidas de agua (…) e incluso los achaca a averías o enganches ilegales”. Así lo argumentaba para ganarle el juicio a Tagus.
El Alto Tribunal castellanomanchego le dio la razón a la suministradora y recordó al Ayuntamiento que el mantenimiento de la infraestructura le corresponde al Consistorio.
El caso de Gálvez que llegó a Europa: ¿contaminación por purines?
Los municipios que limitan con Polán también tienen explotaciones de porcino. En febrero de 2015 el pueblo de Gálvez se vio obligado prohibir el consumo de agua del grifo. Entonces las sospechas apuntaban a una posible filtración de purines en la red de abastecimiento. O al menos eso es lo que declaró entonces Jesús Labrador, delegado del Gobierno de España.
“Se están tratando de forma correcta todos los vertidos de purines”, decía, y lo calificó de “hecho ocasional” que se estaba investigando para depurar responsabilidades.
El caso llegó incluso a la Comisión Europa a través de una pregunta del europarlamentario del PSOE Sergio Gutiérrez en la que no solo elevaba el caso de Gálvez a instancias europeas, sino que alertaba del “grave impacto económico y medioambiental que el cierre de las plantas de biogás de Polán y Consuegra supone para las economías locales”. Estos centros cerraron al reducirse las ayudas impulsadas por Zapatero para la transformación de purín en combustible, tras el cambio normativo en el sector eléctrico promovido por el Gobierno de España, entonces del PP.
En Polán y en Consuegra se recogían y trataban entonces los residuos orgánicos de unas 120 explotaciones ganaderas de porcino repartidas en 22 municipios toledanos: Consuegra, Madridejos, Urda, Mora, Manzaneque, Nambroca, Mazarambroz, Sonseca, Villafranca de los Caballeros, Polán, Guadamur, CasaBuenas, Gálvez, Cuerva, Totanés, Sonseca, La Puebla de Montalbán, San Martín de Montalbán, Yunclillos, Recas y Nambroca.
Ahí se quedó el caso. No llegó a hacerse público si el origen de la contaminación del agua de Gálvez estaba o no en los purines. La respuesta de la Comisión Europea tampoco aclaró nada. En 2018 las plantas de biogás de Polán y Consuegra reabrieron sus puertas. Y hasta hoy.
Plantas para convertir purines en biogás: ¿la solución?
La actividad ganadera lleva décadas generando residuos a los que se intentó dar salida mediante la reconversión del purín en biogás. Cuando cerraron las dos plantas toledanas, la Consejería de Agricultura castellanomanchega aprobó, como medida provisional para dar salida a los purines, la construcción de una balsa de desecación en Polán. Era el año 2017.
“Supone un incremento de la capacidad de almacenamiento de purines de la explotación de 1.078 m3 , motivado por el cierre de la planta de cogeneración de purines de la zona”, decía la Resolución de Agricultura. Ya entonces era evidente la sobreproducción y la imposibilidad de reutilizarlos como abono.
Apenas un año después, en 2018, se anunciaba la reapertura de las dos plantas de biogás. La malagueña CS Energy Spain se quedó con las instalaciones. “Sí, decían que iba a ser la panacea, pero no están funcionando al cien por cien. No cogen todo el purín que se produce en la zona y no es porque no puedan. A la empresa que lo gestionaba antes le faltaba purín y lo traían de otros sitios. Lo sé porque yo estaba de alcalde hace 20 años”, señala el regidor.
Los purines pueden contaminar los acuíferos. Las plantas de tratamiento nacen para solucionar un problema medioambiental allí donde históricamente se almacenaba el purín en balsas y después se tiraba a los campos, con la contaminación que esto supone
Oscar Sacristán, director general de Zero Waste Energy, explica que la planta de Polán funciona durante 24 horas, los siete días de la semana, con la excepción de paradas técnicas. No cobra nada a los ganaderos de la zona que lleven allí los residuos de sus explotaciones. “Eso no es así en otras zonas. En Lleida por ejemplo estamos cobrando por el tratamiento. Aquí no se cobra porque se llegó a un acuerdo con los ayuntamientos y con la Junta de Castilla-La Mancha”.
Y sin embargo, reconoce, no todos los ganaderos depositan allí los residuos de sus granjas. “Procesamos una media de 75.000 toneladas de purín por planta, aunque tenemos capacidad para 110.000. Ya está en la disposición del ganadero o en que la comunidad autónoma les obligue a llevarlo. No podemos hacer más”.
El proceso de reducción y tratamiento de purines se basa en aprovechar el calor procedente de los motores para la cogeneración, a través de la producción de vapor, para eliminar la humedad del purín. Sacristán explica que en el proceso se extrae un 5% de materia sólida (el purín seco) que se puede utilizar como fertilizante. Además, el proceso de biodigestión al que son sometidos los purines permite obtener un biogás que satisface las necesidades del 3% del combustible utilizado por los motogeneradores.
En España existen 25 plantas de tratamiento de purines. Las de Polán y Consuegra son las dos únicas plantas de Zero Waste Energy en Castilla-La Mancha. Su intención, por cierto, es ampliarlas con dos unidades anexas para la producción de biogás. Un proyecto sin fecha y que espera contar con fondos europeos de recuperación Next Generation–EU. “Se están reduciendo las cabezas de cerdo, pero hay un incremento muy, muy, muy grande en el vacuno. El departamento de Economía Circular de la zona está de acuerdo con esta ampliación para solucionar el problema que se está generando”.
¿Cree que hay relación directa entre las alteraciones del agua y la abundancia de granjas porcinas, además de una planta de reutilización de purines en biogás?, preguntamos al alcalde.
“No, imposible”, responde tajante. “Las granjas están lejos de pueblo y si hubiera filtraciones significaría que hay fugas. El tema de purines está totalmente descartado. No busquen donde no hay”. Pero a lo largo de la conversación matiza: “Me han dicho los motivos, pero no dónde está la raíz” de lo ocurrido con el agua que llevó a cerrar los grifos en el pueblo durante casi una semana. “Me preocupa el exceso de cerdos, me preocupan los olores y que el agua no esté potable”, añade el alcalde.
El director general de la empresa reconoce que los purines “pueden llegar a contaminar los acuíferos”, pero descarta que la causa sea la planta de tratamiento. “Nosotros ni podemos ni realizamos vertidos. Este tipo de plantas nacieron con la intención de solucionar un problema medioambiental allí donde históricamente se almacenaba el purín en balsas para su secado natural que después se tiraba a los campos, con la contaminación que esto supone”.
Óscar Sacristán comenta que “si hay o no purín en el agua de Polán, lo desconozco. Desconozco si hay filtraciones en las balsas de que puedan tener los ganaderos o si el purín que está tirando al campo contamina el agua”.
Se muestra contundente al afirmar que “en ningún caso nuestra planta puede contaminar el agua, porque nació para todo lo contrario y además pasamos anualmente auditorías con organismos de control autorizados y también con la CNMV”. Sobre las suspicacias de los vecinos cree que “quizá se deba a la falta de información sobre el papel de estas plantas”.
En el origen de la autorización de las plantas toledanas, allá por el año 2000, está la obligación de “tratar los purines, al margen de que produzca o no energía eléctrica. Por eso se le concedió la autorización ambiental”, recuerda el ecólogo acuático Máximo Florín.
Óscar Sacristán así lo confirma y dice que el negocio no está en los purines (u otros subproductos agrarios como el secado de lodos de alperujo en Andalucía), sino en la producción de energía por la que se cobran primas, vigentes hasta 2034, en función de los megavatios producidos y con la obligación de un secado mínimo de purín de 70.000 toneladas.
“En todo este proceso nadie se ha preocupado por los problemas que ha dado la planta: malos olores y no sabemos si de contaminación del agua, porque habría que emplear trazadores hidrológicos”, sostiene Máximo Florín, quien no descarta la posibilidad contaminante. “Un pozo con suficiente potencia puede invertir el flujo del agua subterránea. Si una macrogranja, u otra instalación, tiene un pozo de extracción de agua subterránea, se genera un cono de atracción. Es el mismo efecto de una pajita en un vaso de granizado: da igual que lo tengas en vertical o más inclinado, el granizado sube. Aquí depende del comportamiento hidrogeológico de la zona”, explica.
Eso no es magia, no se trata de meter los purines y sale agua para beber porque se usa para generar energía, pero de ahí también salen residuos que están permitidos como fertilizantes
Critica que “ninguna administración, ya sea el Ayuntamiento, Junta o la Confederación del Tajo han hecho el seguimiento que establece la declaración ambiental de la planta de purines cuando hay problemas con el agua”. El director general de Zero Waste Energy sale al paso de las críticas. “La autorización ambiental integrada está condicionada por el residuo cero. El agua que usamos para refrigerar los motores es la del purín. Y no tenemos autorización de vertido. Es algo que no se produce”.
Luís Ferreirim, de Greenpeace España, opina distinto. Y pone el caso de una explotación de vacuno de leche en Caparroso (Navarra) que tiene asociada una planta de biogás. “Eso no es magia, no se trata de meter los purines y sale agua para beber porque se usa para generar energía, pero de ahí también salen residuos que están permitidos como fertilizantes. Es digestato cargado de nitratos y a veces de otras cosas si la planta, como el caso de Caparroso, se convierte en un pozo sin fondo del reciclaje”.
Con la excusa del abono, dice el activista, “están convirtiendo los campos en auténticos vertederos”.
Greenpeace: “Hemos encontrado 31 casos de agua contaminada por nitratos en tres provincias”
En abril de 2021 Greenpeace puso en marcha una red ciudadana de vigilancia para medir la contaminación del agua “ante la insuficiencia de los controles públicos” y repartió medidores para comprobar los niveles de nitratos en el agua.
Se han tomado muestras en las provincias de Albacete, Guadalajara y Cuenca y se han realizado 121 mediciones. En el 26% de los casos, el agua estaba contaminada por nitratos. “Hemos encontrado 31 casos con presencia de nitratos por encima del umbral de 50 mg/litro. Llegamos a encontrar 180 mg/litro en agua de manantial de Usanos, en Guadalajara”, señala Luís Ferreirim, de Greenpeace.
En esta provincia, Fontvella han protegido su manantial en Sigüenza mediante un convenio con la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG). En 2019 el compromiso adquirido fue el de “prácticas sostenibles” en la zona.
Greenpeace alerta de que estos datos son solo la punta del iceberg. “Estamos considerando valores superiores a los 50 mg/l, pero estoy seguro de que hay muchos casos más por encima de los 40 y ni se corta el agua ni hay suministro alternativo. Eso significa que las personas están expuestas a contaminación por nitratos, durante años”.
A estos datos se suman otros del Ministerio de Sanidad a los que ha accedido Greenpeace. En Castilla-La Mancha hay al menos 111 muestras de agua de boca en las cinco provincias que registraron presencia de nitratos superior a 50 mg/litro. Es decir, se trata de agua no apta para consumo humano. “No sé qué ha ocurrido en cada uno de estos casos”, reconoce Luís Ferreirim, y destaca el caso del municipio albaceteño de Pétrola, con hasta 171 mg/litro. “Tuvo hasta cuatro mediciones por encima del umbral máximo”.
El municipio de Polán no aparece, sin embargo, entre estos datos. “No quiere decir que no se hagan análisis, sino que quizá no se miden los nitratos”. Eso es algo similar a lo que ocurrió en un pueblo de Castilla y León. “La gente de la red ciudadana detectó, en un pueblo donde tampoco se medían los nitratos, más de 60 mg/litro. El alcalde pidió un análisis a un laboratorio que confirmó los datos y se cortó el agua”. Ocurrió en Barcial del Barco (Zamora). “Nadie lo sabía, porque nadie lo controlaba”.
Identificar el origen de la contaminación difusa es “muy difícil”
Pero demostrar que realmente existe relación entre la contaminación del agua vinculada a las macrogranjas no es sencillo. “Hablamos de ‘contaminación difusa’ y eso quiere decir que es muy difícil identificar el origen”, reconoce Luis Ferreirim. Recuerda que las principales fuentes contaminantes son la agricultura –a través de los fertilizantes sintéticos–, los excrementos de la ganadería e incluso las grandes ciudades si no hay una buena depuración.
“Hay varios indicios que demuestran que en Europa y en España la principal fuente de contaminación del agua es la ganadería, pero no podemos generalizar en todos los sitios y decir que la culpa es de las macrogranjas. El caso del Mar Menor es buen ejemplo: la contaminación por nitratos es de la agricultura intensiva”.
Los informes científicos de la Comisión Europea apuntan a que el 81% de las aportaciones de nitrógeno a los acuíferos en Europa proceden de la ganadería pero, matiza, cada caso requiere “un estudio específico”.
Alude a la reciente modificación Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias que ya plantea estudiar la contaminación mediante técnicas isotópicas. “Es la única forma para identificar el origen contaminante. Es complejo, pero ya se ha hecho en España. Por ejemplo, en Galicia en el embalse de As Conchas se identificó a los excrementos de la ganadería como causa contaminante”.
Una de las medidas “innovadoras” del Real Decreto es que otorga la potestad a las comunidades autónomas o a los organismos de cuenca de denegar autorizaciones en aquellos lugares vulnerables a nitratos. “Me parece un paso muy importante, al igual que la reducción del umbral en el que una masa de agua se considera contaminada desde los 50 mg /l a 37,5 mg/l”, dice Ferreirim.
Esta normativa también impulsa la participación ciudadana para detectar problemas de contaminación del agua. “Las autoridades podrán facilitar al público interesado sistemas de diagnóstico sencillos que permitan detectar zonas o puntos impactados sobre los que dirigir sus investigaciones específicas”. No es para menos, el problema acucia. El pasado mes de diciembre la Comisión Europea llevó a España ante la Justicia por la contaminación de aguas por la ganadería y la agricultura.
“El gran problema de la contaminación de aguas subterráneas por nitratos es que es muy complicado revertirlo. Por eso nuestra propuesta pasa no solo por no permitir más proyectos o cerrarlos, sino por reducir la cabaña ganadera. Para nosotros el cambio de modelo sería la solución”.
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