Pugna en el ámbito educativo por la figura del coordinador de Bienestar Social y Atención a la Infancia

El colectivo de Profesores y Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC) se ha constituido en Mesa Estatal para solicitar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que la figura de coordinador de Bienestar y Protección a la Infancia que figura en el artículo 29 de la 'Ley Rhodes' (Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia Frente a la Violencia) la asuma personal funcionario del sistema educativo.

Estos profesores técnicos reclaman asumir esta figura ya que son ellos quienes ejercen estas funciones en los centros educativos, dedicando parte de su labor a la atención a la diversidad, protección del alumnado en situación de vulnerabilidad o riesgo social.

Flora Santos Cuenca es profesora técnica de Servicios a la Comunidad en Albacete y una de las representantes de esta Mesa Estatal en Castilla-La Mancha. El próximo curso trabajará en el Centro de Educación Especial (CEE) ‘Eloy Camino’ de Albacete y hasta ahora ha estado trabajando en el IES Río Júcar de la localidad albaceteña de Madrigueras.

Esta profesora reconoce que los últimos meses del curso escolar, el teletrabajo y la evaluación han supuesto un gran esfuerzo a toda la comunidad educativa, y remarca que, durante la pandemia, este colectivo ha estado 24 horas diarias disponible.

Con respecto a sus reivindicaciones, Flora Santos afirma que “como profesorado técnico de servicios a la comunidad llevamos trabajando en Orientación Educativa en Castilla-La Mancha desde el año 96 y nuestras funciones son en el ámbito educativo y familiar de los alumnos con dificultades de cualquier tipo, no solamente de aprendizaje”.

Los PTSC trabajan en Primaria, Departamentos de Orientación, y en Ciclos Formativos con atribución Docente. A raíz del proyecto de Ley de Protección a la Infancia que propone, en el artículo 29, la figura del Coordinador de Bienestar y Protección a la Infancia y es cuando ven que sus funciones son muy similares a las que ellos tienen.

Por todo esto, asegura Flora, “nos hemos constituido en una mesa estatal en la que están representadas las comunidades autónomas y pedimos que esa nueva figura no recaiga en alguien ajeno al sistema educativo, que no sea personal funcionario, tiene que ser alguien con oposición en el sistema público”.

Según la representante castellanomanchega de la mesa estatal, “estaríamos encantados de asumir esas funciones, porque ya las estamos ejerciendo, y no queremos que venga personal externo a los centros que no conoce el sistema educativo como puede ser, por ejemplo, un trabajador social”.

En concreto, los PTSC aseguran que esas competencias las pueden asumir ellos, el Orientador, la jefa de Estudio o cualquiera miembro del Claustro que tenga formación en este ámbito.

“Queremos reivindicar nuestra labor y que sea más visible”

Flora Santos resalta que se presentan a un concurso-oposición, tienen un master en Educación Secundaria y “pensamos que para trabajar en el sistema educativo hay que conocerlo, y no nos gustaría que vengan personas ajenas”. En este sentido, “queremos reivindicar nuestra labor y que sea más visible”.

Por otro lado, remarca que quien asuma las funciones de coordinador, debe de tener una dispensa horaria para ejercerlas y tener horas disponibles y “nosotros como profesorado técnico de servicios a la comunidad no tenemos asignación en Primaria, nuestro horario está abierto a planes y situaciones que surjan a medida que avanza el curso escolar”.

Polémica con trabajadores y educadores sociales

La representante albaceteña de esta Mesa Estatal asegura que “somos la figura idónea y nos consta que los colegios profesionales de Trabajo Social y Educación Social han iniciado una pugna por conseguir esa figura”.

En este sentido, “defendemos que salgan más plazas de profesores técnicos de Servicios a la Comunidad, puesto que son plazas a las que se puede acceder desde diferentes titulaciones, porque los PSTC somos trabajadores sociales, pedagogos y profesionales de diferentes disciplinas y son las oposiciones las que te asignan esas funciones”.

De momento, el primer paso ha sido presentar un escrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al Ministerio de Educación y a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora han recibido respuesta por parte de Alicia García, portavoz de la Comisión Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Grupo Popular, que les ha propuesto mantener una reunión telemática o presencial en el Congreso.