- La mercantil minera alega como causas el escaso plazo marcado por la Junta y algunas prohibiciones para acceder a los terrenos
El impacto en el medio ambiente es una de las cuestiones más controvertidas del proyecto que la empresa minera Quantum quiere llevar a cabo en el Campo de Montiel. En la síntesis de los más de 400 folios y casi una decena de anexos que componen el famoso Estudio de Impacto Ambiental para las concesiones de explotación de tierras raras, recientemente publicado por la Junta de Castilla-La Mancha para la aportación de alegaciones, esta compañía reconoce que todavía está elaborando estudios específicos y definitivos sobre la afección de esta actividad en la fauna y el patrimonio. También especifica que no se prevé la depuración de agua en la primera fase del tratamiento de los minerales, un tema sobre el que han puesto el acento algunos de los detractores del proyecto, principalmente asociaciones ecologistas.
En el documento, realizado por la consulta internacional Advisian, se detallan de forma pormenorizada los aspectos pedidos por el Gobierno regional en su documento de alcance de finales del año pasado, en referencia a los permisos de investigación ‘Matamulas’, ‘Rematamulas-Fracción1ª’ y ‘Rematamulas-Fracción 2ª’ en los términos municipales de Torrenueva y Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Entre las cuestiones más relevantes se encuentran las acciones del proyecto referidas a su incidencia sobre el medio, así como las medidas y el plan a adoptar para minimizar los impactos.
En primer lugar, el informe detalla que el objetivo es la recuperación de la monacita (uno de los elementos de tierras raras) en forma de un único concentrado e incluye la construcción de una planta de tratamiento, en la que se procesará el mineral procedente de la zona de explotación, de la que se extraerá mediante retroexcavadoras, “sin necesidad de voladura”, a razón de 1,2 millones de toneladas al año.
Quantum precisa que la recuperación de las tierras raras en la planta de tratamiento se realizará mediante cribado mecánico y concentración por vía húmeda (requiere una toma de agua de 88.000 metros cúbicos al año). Por lo tanto se trata de un proceso de tratamiento “totalmente físico”, en el que “no se requiere la adición de reactivos químicos en ningún punto a excepción del floculante, que se utiliza en el espesador para favorecer la sedimentación de partículas. Este último elemento es la conocida como Goma Guar, utilizado también en la industria alimentaria.
Con ello, afirma que no se trata de un compuesto ni tóxico ni peligroso de cara al medio ambiente, pero ello conlleva que el agua recuperada en el espesador final, puede ser recirculada directamente al tanque de agua de proceso que abastece a toda la operación, “sin necesidad de ningún tratamiento o aireación intermedia”.
En el estudio se relatan también algunos detalles del proyecto como que la rehabilitación del terreno utilizado se realizará mediante “minería de transferencia”, lo que permite la restauración de la zona de explotación simultáneamente a las labores de extracción del mineral. Alega que la monacita supone una fracción muy pequeña del material extraído, una media de 0,27% de la masa de tierras y que los estériles generados son de naturaleza inerte y el impacto que podrían tener sobre el medio ambiente es “insignificante”.
El método de transporte seleccionado es una combinación de cintas transportadoras con un punto fijo de carga y descarga, próximo a las áreas de explotación, y camiones para el transporte de material entre la zona de explotación y el punto de carga y descarga. En el estudio se argumenta que mediante este sistema de transporte se reducen las distancias de circulación, la flota de camiones necesarios, “procurando mantenerse dentro de la zona de mina”, con la consecuente reducción de posibles impactos de ruido, polvo o gases de efecto invernadero.
Por otra parte, entre los argumentos destacables de Quantum para justificar su proyecto se encuentran los aportados por la Unión Europa en defensa de la industria extractiva no energética, que “suministra muchas de las materias primas para la industria y la construcción, como al Plan Estratégico de Recursos Minerales no energéticos de Castilla La Mancha (horizonte 2020), PERMINE. Y en este último caso, aunque reconoce que no se menciona a las tierras raras, la aptitud del territorio para esta actividad minera se encuentra dentro de las zonas consideradas como ”Áreas favorables para la actividad minera“ del plan castellano-manchego.
No hay espacios naturales próximos, sí una ZEPA
Al igual que ya adelantó la propia compañía y en contra de lo que afirman los numerosos detractores del proyecto, en estudio se insiste en que no hay espacios naturales protegidos catalogados ni en tramitación en la zona de implantación del proyecto ni en un área de 10 kilómetros a su alrededor. Sí constata que en sus proximidades se ha identificado la existencia de una ZEPA, un área crítica de conservación de flora y un refugio de fauna y que para la evaluación de las posibles afecciones todavía se están realizando estudios específicos.
Así figura también en uno de los anexos incorporados con EsIA, donde la empresa responde a alegaciones y sugerencias de instituciones públicas, organizaciones ecologistas y asociaciones agrarias, entre otras muchas. En su respuesta a la Dirección General de Medio Ambiente en Ciudad Real, reconoce que aún se están elaborando estudios específicos sobre especies protegidas como el águila imperial o el lince ibérico. Pese a que estas valoraciones aún están pendientes de elaborar, el estudio sostiene que esta extracción minera no afectará a ninguno de los hábitats de protección especial indicados por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales.
“No se han podido terminar los trabajos de campo y estudios específicos necesarios para caracterizar algunos factores ambientales (concretamente la fauna y el patrimonio histórico, artístico o cultural), por lo que no han podido evaluarse con suficiente profundidad los efectos del proyecto sobre ellos. No obstante, sí se han propuesto medidas preventivas, correctoras y compensatorias para la fauna, considerando la información obtenida en campo. Aunque estas medidas deberán ajustarse y redefinirse en función de los resultados que se obtengan cuando finalicen todos los trabajos”, argumenta.
Y a este respecto, se refiere a las “dificultades” encontradas para la redacción del presente estudio, destacando como principal el plazo de tres tres meses impuesto por la propia Administración para elaborar el estudio de impacto ambiental, y para el cual solicitó una ampliación de plazo que le fue denegada. También incluye otras dificultades como la falta de entrega de información relevante por parte de la consejería de Medio Ambiente relativa a especies protegidas, la prohibición de paso ejercida por individuos en algunos caminos de acceso público, y la denegación de permiso por alguno de los propietarios.
La evaluación del resto de los impactos derivados del proyecto, considerando la implementación de las medidas preventivas y correctoras propuestas, han dado como resultado 30 impactos considerados “compatibles” y 28 impactos “moderados”. Entre estos últimos se encuentran la contribución al calentamiento global, la afección al suelo, la alternación del paisaje, la alteración de la calidad del aire, y la eliminación de la vegetación.
En el informe no se ha identificado ningún impacto “severo o crítico” y se destacan otros positivos como el suministro de materias primas consideradas como críticas y prioritarias por su importancia económica y estratégica, la creación de más de 150 puestos de trabajo durante la vida útil del proyecto, y la mejora en la capacitación y formación en la región mediante cursos y másteres profesionales y otros medios de formación.