“Estoy constatando durante varios días que el prostíbulo llamado ‘Conejo de la Suerte’ en la A-4, en el kilómetro 56, dentro del término de Ocaña (Toledo) tiene sus puertas abiertas al público como queda atestiguado por el reclamo de sus luces de neón y la presencia de numerosos coches en su aparcamiento”.
Es el testimonio de Rosario Alises, feminista y médica en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario en Ciudad Real. Explica que ha llegado a formular cuatro quejas ante la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Ocaña, el Instituto de la Mujer y más recientemente la Fiscalía de Castilla-La Mancha. “Me han contestado desde el Instituto de la Mujer. Están en ello. Fiscalía me ha respondido que se ha remitido a Toledo”, (la sede regional de la Fiscalía está en Albacete).
Castilla-La Mancha decretó el cierre de discotecas, clubes y locales dedicados al ocio nocturno como medidas para frenar la expansión de casos por COVID-19 el pasado 21 de agosto.
El decreto fue tajante. “Respecto a los lugares de alterne o prostíbulos, queda suspendida la actividad independientemente de la licencia con la que cuenten”. En líneas generales se recomendaba a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
“Este lugar no es que esté permanentemente abierto como lo está otro llamado ‘Dulcinea’ cerca de Puerto Lápice, en Ciudad Real, es que en este hay coches aparcados y no son de las chicas”, asegura la facultativa.
Desde el Ayuntamiento de Ocaña, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Rodríguez, explica a Toledodiario.es, que “nada más publicarse el decreto en agosto se envió al lugar a la Policía Local para advertirles de que debían cerrar. No quisieron hacerlo . Entonces se levantó un acta y una denuncia que fue comunicada a Guardia Civil, Delegación del Gobierno y a Sanidad”.
“Ya teníamos constancia a finales de agosto de que seguía abierto a través de la Concejalía de Igualdad de Ocaña. Allí había vehículos y se llamó a la Guardia Civil”, confirma Nuria Cogolludo, delegada provincial de Igualdad de la Junta en Toledo.
Una operación policial con más de 42 denuncias…pero sin cierre
Tras recibir las advertencias de que la normativa de la Consejería de Sanidad obligaba al cierre, este prostíbulo fue objeto de una operación policial con más de 40 agentes en agosto. Guardia Civil de Toledo, en colaboración con la Policía Nacional y con personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entraron en el lugar para confirmar el cumplimiento de toda la normativa en lo concerniente a la COVID-19.
Desde que el 21 de agosto se decretase el cierre de los burdeles “de día y de noche”, solo en la provincia de Toledo la Guardia Civil recibió varias llamadas ciudadanas comunicando el incumplimiento de la norma.
En aquella operación se identificó a 18 clientes y se iniciaron 42 expedientes entre Inspección de Trabajo, Extranjería (Policía Nacional) y se abrieron actas por tenencia de drogas o por el hecho de no llevar la mascarilla, además de la relacionada con la apertura del establecimiento estando expresamente prohibido.
Desde aquella fecha, 27 de agosto, el lugar ha vuelto a las andadas. Esta misma semana seguía abierto, según confirman las distintas administraciones públicas consultadas.
“La Guardia Civil está levantando actas cada vez que lo ve abierto y nosotros solo podemos mandar a la Policía Local”, explica el concejal quien recuerda que el prostíbulo está “ubicado en un lugar de paso, en el que hay industrias… Están ejerciendo una actividad prohibida”.
Se activa la vía judicial ante “el reiterado incumplimiento” de clausura del local
“Lo sorprendente es la actitud que está teniendo el propietario”, comenta Nuria Cogolludo quien no descarta que haya más casos en la provincia o en la región. “Hay cosas que son absolutamente incomprensibles. No solo porque la persona propietaria tenga el valor o la moralidad de abrir un sitio así…No sé en qué piensan las personas que acuden, sobre todo en esta situación sanitaria”.
En el caso de este prostíbulo “y ante el reiterado incumplimiento”, el Gobierno de Castilla-La Mancha “ha procedido a activar todos los elementos legales que tenemos a mano para dar traslado del asunto a la autoridad judicial y que se actúe en consecuencia” para lograr su cierre. “Solo nos queda la vía judicial”, insiste.
La Subdelegación del Gobierno en Toledo trabaja conjuntamente con el Gobierno castellanomanchego en el caso y en el resto de provincias también se investiga si los prostíbulos están o no respetando la orden de cierre debido a la pandemia, según fuentes oficiales del Gobierno de España consultadas por este medio.
El precedente de ‘Las Palmeras’ en Alcázar de San Juan
“Lamentablemente el caso de Ocaña no es el único”, señala Nuria Cogolludo, quien recuerda el precedente del brote de COVID registrado en el prostíbulo ‘Las Palmeras’ de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, con una docena de positivos. “Fue cuando estalló todo”.
“El caso del burdel de Alcázar fue un reducto muy oscuro para investigar”, recuerda Rosario Alises que puede aplicarse al caso de Ocaña. “Esa falta de transparencia para poder rastrear casos genera un problema sanitario no solo para las personas que acuden al local”.
Se pregunta “por qué si hay tanta vigilancia para el resto de la población, por qué estos locales no están más vigilados y no solo ellos sino los puteros. ¿Cómo podemos estar los demás prevenidos si no sabemos quiénes son?”.
“Es muy lamentable que se ponga el foco en las mujeres, que al final son víctimas. Nunca se pone el foco en el putero, el que acude al establecimiento como ocurrió en Alcázar de San Juan”, añade Nuria Cogolludo.
Esta misma semana el Instituto de la Mujer mantenía una reunión con las cinco entidades que gestionan las ayudas destinadas a mujeres víctimas de explotación sexual en la región, entre las que se encuentran Médicos del Mundo, Asociación In Género, Fundación Cruz Blanca, Aplec Inclusión + Igualdad y Fundación Atenea.
Desde que el pasado mes de junio se pusieran en marcha, un total de 235 mujeres víctimas de explotación sexual han accedido a las ayudas extraordinarias del Gobierno regional con motivo de la pandemia.
Además de la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia o pagos de alquiler- no solo en prostíbulos sino en pisos- la intervención social se completa con información y asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral. “Se les ofrece atención integral, sobre todo para buscar trabajo fuera de la prostitución. No consideramos que sea un empleo para ellas y buscamos darles una alternativa. También son dirigidas a alguno de los 84 centros de la Mujer que tenemos en la región”.
Cogolludo detalla que muchas de estas mujeres fueron abandonadas durante la cuarentena. “Se quedaron literalmente sin nada”.
En Castilla-La Mancha hay unas 2.200 mujeres víctimas de explotación sexual que se reparten entre los 83 clubes, un centenar de pisos y algunos espacios minoritarios en la calle allí donde no hay regulación municipal. La situación tras el confinamiento puede haber cambiado, reconoce. “Creemos que pueden haberse abierto más pisos”.
Castilla-La Mancha “urge” al Ministerio a promulgar una ley abolicionista
Castilla-La Mancha ha trasladado al Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero la “necesidad de proceder al cierre de todos estos locales haya pandemia o no” y en este sentido la “urgencia” de promulgar una ley estatal de explotación sexual abolicionista que acabe con lo que desde el Instituto de la Mujer regional se califica de “grave vulneración de los derechos humanos”.
También se reclama que, tal como hace la Ley regional para una Sociedad Libre de Violencia de Género, la normativa estatal contemple la explotación sexual como violencia de género y en esta comunidad autónoma se apuesta por articular las medidas para que estas mujeres puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV).