El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue empeñado en paralizar la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere levantar en Villar de Cañas (Cuenca) desde finales de 2011. Ahora lo hace poniendo en duda la evaluación ambiental del proyecto que, en su opinión, se basa en un estudio “deficiente técnica y científicamente”. La Junta pide otra evaluación y un nuevo procedimiento de información pública o bien que se emita una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “inviable”.
La documentación que la Junta remitió el pasado 25 de agosto al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de cara a la tramitación de la DIA del emplazamiento que debe expedir el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente critica, según el informe al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, “las carencias” del estudio de impacto ambiental, que el Gobierno de Emiliano García Page considera incompleto.
En primer lugar, el informe se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo del año 2013 que rechazó el recurso planteado por Ecologistas en Acción-CODA contra la elección de Villar de Cañas para albergar el ATC. Argumenta que esa sentencia estableció que el estudio de impacto ambiental debería incluir “una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales”, pero este principio no se cumple: no hay estudio de alternativas de ubicación, tal y como exigió el Supremo, ni de alternativas al afectar a un espacio de la Red Natura 2000, aunque este último aspecto la Junta no ha conseguido refrendarlo vía judicial.
La segunda ‘pega’ tiene que ver con el gran número de actuaciones que se han ido realizando en torno al ATC y su centro tecnológico asociado (CTA) fuera de toda consideración ambiental, según el Ejecutivo castellano-manchego. El informe cita el vallado perimetral de la parcela, el proyecto para un vivero de empresas, el ensanche y mejora de carreteras, la implantación de una línea eléctrica o la construcción de vertederos de tierras limpias y canteras, entre otras. Denuncia una estudiada “fragmentación” del proyecto y, por este motivo, reclama la necesidad de someterlo de nuevo a información pública incluyendo estas actuaciones.
Otra de las carencias detectadas en el estudio de impacto ambiental es que no analiza los riesgos de radiactividad asociados al transporte del combustible gastado desde las centrales nucleares de todo el país hasta el ATC. Castilla-La Mancha considera que este aspecto “fundamental e inherente al proyecto” debe ser “valorado por órganos especializados en riesgos radiológicos”.
Este argumento ya lo puso Greenpeace sobre la mesa en septiembre de 2015. En Villar de Cañas habrá 6.700 toneladas de residuos nucleares que para llegar hasta allí pasarán previamente por 216 municipios –según la ruta diseñada por Enresa– en los que viven más de seis millones de personas.
Otro escollo sería, según el departamento de Medio Ambiente castellano-manchego, que el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, elaborado para adecuar las instalaciones del ATC a la normativa urbanística, fue anulado por la Consejería manchega de Fomento, entre otras cosas, por los sucesivos informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que ponían de relevancia la insuficiencia de agua.
Según la Junta, Enresa ha tratado de sortear la negativa de la Confederación rebajando las supuestas necesidades de agua en sus últimos informes. “El proyecto ha pasado de una estima inicial de 44.895 m3 anuales a 14.867,68 m3 para el ATC y el CTA”, sostiene el Gobierno castellano-manchego, que asegura que no se han ni las necesidades del vivero de empresas ni las del parque empresarial, que suman 24.638 m3. Para la Junta, Enresa “sigue sin justificar la suficiencia en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos”.
Por otro lado, el POM anulado indicaba que las edificaciones destinadas a actividades nucleares se encuentran a menos de dos kilómetros del casco urbano de Villar de Cañas. El último apunte del informe se refiere a la afección sobre la hidrogeología de la zona. Se alega que Enresa no ha identificado en su documentación ni el impacto ni la posible afección al sistema hidrogeológico de la zona ni ha justificado que no existan riesgos de contaminación de las aguas subterráneas.
El amplio documento recoge las alegaciones de Castilla-La Mancha en respuesta a los 23 documentos presentados en julio por la empresa estatal Enresa (encargada de construir el ATC) como parte del trámite de evaluación ambiental que debe pasar el proyecto del silo nuclear antes de que pueda darse el visto bueno a su construcción.
La decisión del Ministerio de Agricultura para considerar o no favorable la DIA se ha ido retrasando al plantear Castilla-La Mancha la ampliación del espacio de la Red Natura 2000 de la Laguna de El Hito incluyendo terrenos sobre los que se asentaría el ATC para tratar de frenarlo. Esta última batalla sigue su trámite en los tribunales.
Queja formal en Europa
También la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca presentaba este martes sus alegaciones ante el Ministerio con algunos argumentos muy similares a los del Gobierno regional. La plataforma lamenta que “las importantes deficiencias en la documentación de la evaluación ambiental del cementerio nuclear” no parezcan ser “impedimento” para lo que consideran que será la “inminente” aprobación favorable de la DIA.
Creen que el Gobierno central está tratando de agilizar los plazos para iniciar la construcción del ATC y eso pese a que “ahora no es necesario” porque las nucleares cuentan con sus propios Almacenes Temporales Individualizados (ATI’s) y porque “se ha sabido que las condiciones de los terrenos son inadecuadas para instalar el ATC”. De hecho, apuntan, “falta de justificación ante el riesgo de inestabilidad geotécnica” a la que no se hace referencia alguna en el estudio ambiental o las “carencias y defectos en los inventarios de las comunidades de flora y fauna”.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no dará el visto a la construcción mientras no exista un informe ambiental favorable. Mientras tanto, según ha podido saber eldiarioclm.es, al ATC se le abrirá otro frente en Europa. Ecologistas en Acción tiene previsto presentar una queja formal ante la Comisión Europea. Por un lado, porque el Gobierno central “está poniendo en marcha su maquinaria, incluso de la Abogacía del Estado” –y señalan directamente a la ex presidenta Dolores de Cospedal- para agilizar un proyecto que despierta grandes dudas y que afecta a un espacio de la Red Natura 2000.
En su opinión, “no debería tomar partido tan fuerte ante el asunto sino dejar que las instituciones funcionen y que los castellano-manchegos tengamos la soberanía de decidir sobre nuestros espacios protegidos”. La plataforma también critica la “inacción” del Gobierno central por no dar trámite -remitiéndolo a la Unión Europea- al expediente sobre la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) en torno a la Laguna del Hito, la zona de ubicación del silo nuclear.