Castilla-La Mancha ha mejorado “notablemente” sus datos en prestaciones y financiación del Sistema de Atención a la Autonomía personal y la Dependencia pero aún tiene “retos” por delante. Es una de las principales conclusiones que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha manifestado en Toledo con motivo de la presentación de los datos de la región extraídos del XVII Informe del Observatorio de la Dependencia. Según este estudio, la deuda del Gobierno de Mariano Rajoy con el de Castilla-La Mancha por la financiación de la Dependencia fue de 28,3 millones el pasado año.
El vicepresidente de esta asociación, Ángel Parreño, ha detallado las cifras castellano-manchegas del informe comenzando el dato positivo de que en 2016 se hayan registrado 4.000 beneficiarios más en la región, un 6% más que en el año anterior.
Pero después ha destacado que las 23.210 personas que todavía no están siendo atendidas pero que ya tienen su derecho reconocido -el denominado “limbo” de la Dependencia- materializan el “reto” que el Gobierno regional tiene por delante. Así, los directores de servicios sociales consideran que esta situación sigue en cifras “muy preocupantes”, con un 36%, cuatro puntos superior a la media española, aunque ha disminuido en seis puntos con respecto al que mantenía en 2015 y ahora lo hace con una tasa positiva de incorporación de 935 personas más.
En el informe también se resalta el hecho de que se haya duplicado el incremento de personas valoradas y hayan aumentado en 1.000 las incorporaciones al derecho reconocido, lo que significa un “notable cambio de tendencia”. Así, el mayor incremento que se registra en Castilla-La Mancha en este periodo es el número de servicios prestados, que aumenta un 20%. De hecho, la apuesta por los servicios ha supuesto que en 2016 se hayan generado en la región hasta 1.300 empleos directos con una tasa de 33 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido, el mayor índice desde 2010.
Uno de los datos en los que más han incidido desde la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales tiene que ver con la financiación. Parreño ha detallado que la aportación del Estado para la atención a la Dependencia en esta comunidad autónoma solo es del 19%, mientras que el Gobierno regional asume hasta el 67% del coste del Sistema, y casi el 14% restante lo financian los propios dependientes mediante el copago.
Las consecuencias de la reducción del Nivel Mínimo de financiación estatal
Otro dato significativo, complementario al de la deuda acumulada desde 2012, es que los 28,3 millones que Castilla-La Mancha dejó de recibir del Estado en 2016, como consecuencia de la supresión del Nivel Acordado y la reducción de un 13% del Nivel Mínimo de financiación estatal aprobado en 2012, hubieran permitido atender a 3.800 personas y se hubieran generado hasta 950 nuevos empleos directos.
En otro orden de cosas, esta asociación alaba el aumento de la Ayuda a Domicilio y de las plazas residenciales en la comunidad autónoma, mientras que se han reducido las prestaciones económicas por cuidados en el ámbito familiar. Es más, Parreño ha manifestado que es necesario dar prioridad a las prestaciones de servicios por encima de las económicas, y que aunque Castilla-La Mancha ha reducido estas últimas un 12,23%, se encuentra por debajo de otras comunidades como Madrid, Galicia o Castilla y León.
Finalmente, el informe destaca que Castilla-La Mancha ha pasado del suspenso de su Sistema de Dependencia en junio de 2015 a rozar el notable en el pasado mes de diciembre, con un 6,79 que recupera el puesto que ocupaba en 2011 y que está por encima del 4,96 de nota media estatal.
El vicepresidenta de la asociación ha lamentado que no haya compromisos firmes del Gobierno central para asumir la deuda que mantiene con las comunidades autónomas, recordando que el PP ni siquiera ha firmado el Pacto por la Dependencia alcanzado en el Congreso de los Diputados por todos los demás partidos políticos con representación parlamentaria.