La situación del acceso a la vivienda en España no ha mejorado. Amnistía Internacional, en su informe sobre 'Derechos desalojados', denuncia cómo cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios. Por eso la organización sigue pidiendo que se paralicen todos los desalojos hasta que no se adopten garantías de protección. Para con apoyo ciudadano ha iniciado una recogida de firmas en la Plaza de Zocodover de Toledo. También se puede firmar en el enlace unapuertaunahistoria.org
En concreto, la petición exige la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a estas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
Amnistía Internacional precisa que a pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado “medidas insuficientes”, que no han protegido la vivienda como un derecho humano. Precisa que su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias, y que además, las autoridades han “invisibilizado” la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.
“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
Datos de Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha, según los últimos datos judiciales, en el año 2014 hubo 4.073 ejecuciones hipotecarias y se llevaron a cabo un total de 1.194 lanzamientos. Respecto a las viviendas protegidas vacías, y según datos del informe del Defensor del Pueblo del 2013, la región tiene 2.615 viviendas protegidas vacías, de las cuales 2.394 son de nueva construcción de promoción privada y 221 de promoción pública.
Por ello, además de las peticiones al Gobierno central, reclama a la Junta que se abstenga de tomar medidas regresivas injustificadas; que utilice todos los recursos disponibles para lograr la realización progresiva del derecho a la vivienda; y elaborar un censo actualizado y adoptar medidas para realizar un uso más intensivo de las mismas, tal y como el Relator Especial de Naciones sobre el derecho a una vivienda adecuada recomendó a España ya en 2008.