La caza en la región sólo proporciona un empleo por coto y cada 1.000 hectáreas
Con motivo del hiper publicitado Congreso Nacional de Turismo Cinegético, celebrado el pasado viernes en Ciudad Real con escasa asistencia, la Junta de Castilla-La Mancha ha ofrecido unos datos que pretenden sustentar la importancia económica de ese sector. En concreto se afirma desde la Consejería de Economía que las 7 millones de hectáreas que ocupan los aproximadamente 5.500 cotos de caza generan 6.500 empleos con unos jornales anuales de 1,68 millones de euros y una facturación anual de la actividad calculada en 600 millones de euros.
Ecologistas en Acción niega la mayor, justamente basándose en los datos oficiales que lo que demuestran es que “la ratio de empleo es bajísima, con poco más de un empleo por coto y menos de un empleo para cada 1.000 hectáreas de terreno acotado a la caza”.
La media de facturación de 100.000 euros por coto resulta llamativa para los ecologistas “ya que reflejan una cifra que no se corresponde con los gastos que se hace en personal. Esos datos invitan a pensar que muchas de las personas que trabajan en monterías no están registradas oficialmente”, indican.
En definitiva, según Ecologistas en Acción “una escasa aportación del sector al empleo y desarrollo rural”, que explica que las comarcas con mayor tradición y actividad cinegética, dentro y fuera de esta comunidad, suelan ser también las más despobladas y pobres. Y la organización ecologista cita el ejemplo de la Sierra de Hornachuelos, en Córdoba, una de las comarcas cinegéticas más emblemáticas para la caza mayor, donde se prohíben aprovechamientos ganaderos tradicionales para no molestar a la caza y se ha reducido la población entre 1991 y 2013 en un 8% en Hornachuelos y un 12% en Villaviciosa de Córdoba.
Al margen de las valoraciones éticas y ecológicas sobre la caza, para Ecologistas en Acción resulta “cuestionable el apoyo de las administraciones públicas, en forma de subvenciones, a un negocio que beneficia a pocas personas y no al conjunto de la ciudadanía” mientras que “otras actividades económicas y el medio ambiente se ven perjudicados”.
