Desde el momento en que la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas semanales para empleados públicos de Castilla-La Macha, decretada por el Tribunal Constitucional, se publique en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno regional deberá implantar el regreso a las 37,5 horas durante al menos cinco meses y si mientras no se suspenda esa medida. Es la primera consecuencia del recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto el Gobierno central en funciones y que ha querido clarificar el portavoz de la Junta, Nacho Hernando.
Pero pese a ello, ha insistido es que la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy es un “ataque a los servicios públicos y a la calidad de vida” de los ciudadanos castellano-manchegos. La decisión del tribunal de admitir a trámite su recurso obliga a los funcionarios a regresar a la jornada anterior. “Volverán las horas Cospedal”, ha destacado.
Por ese motivo, ha avanzado que la Consejería de Administraciones Públicas está trabajando con los sindicatos para que se levante la suspensión cautelar antes de que transcurran esos cinco meses. “He escuchado al PP decir cómo se pueden hacer trampas, y queremos dejar claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a caer en ese error de ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Vamos a cumplir la ley, y si es volver a la Ley de Cospedal, no habrá trampas para que se conviertan en 35 por la puerta de atrás. Que lo hubieran pensado antes”, ha concluido.
Precisamente, este miércoles se ha reunido la Mesa General de la Función Pública, con carácter urgente para abordar la suspensión cautelar de la jornada. A su término, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado que sea un “día triste” para los más de 68.000 empleados públicos de la región, a los que, a través de los sindicatos, ha animado a “estar unidos” para ganar “de la mano” este conflicto abierto por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy.
Así se lo ha trasladado a todos los sindicatos y ha resaltado el objetivo de poder analizar conjuntamente la nueva situación porque “técnicamente hay que hacer ajustes para acatar la suspensión que impone el TC como consecuencia de haberlo solicitado el presidente del Gobierno”. “El PP ha podido ganar esta batalla porque implica la suspensión de la reducción de la jornada, pero el Gobierno va a ganar el conflicto y lo va a ganar de la mano de los trabajadores”, ha resaltado, llamando a la unión e los mismos.
Coordinación de gabinetes jurídicos de cara a las alegaciones
También ha precisado que, como los sindicatos le ofrecieron toda su ayuda jurídica en este asunto, el gabinete jurídico de la Junta de Comunidades se coordinará con los servicios jurídicos de los sindicatos “para hacer las alegaciones” oportunas al efecto de “defender un derecho que habían perdido los trabajadores y que por Ley se había recuperado y que tenía vigencia desde el pasado 1 de enero”. La vuelta a la jornada de 37,5 horas que el Ejecutivo de Cospedal estableció en Castilla-La Mancha será bastante compleja, especialmente, en el ámbito sanitario, donde se trabaja por turnos, por lo que próximamente se reunirá a la Mesa Sectorial de Sanidad para acordar los ajustes que se tendrán que llevar a cabo.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha vuelto a reiterar el compromiso del presidente regional de mantener en sus puestos de trabajo a los cerca de 400 trabajadores contratados tras la reducción de la jornada. “No se van a producir despidos”, ha repetido en este sentido, por lo que se dispondrá “de mayores recursos humanos para aumentar la actividad”. Ha recordado asimismo que la medida de la reducción de la jornada, no solamente suponía una recuperación de derechos de los empleados públicos, sino que también permitía la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores, mejoraba la calidad de los servicios públicos y, además, generaba empleo público.
Por eso el consejero ha lamentado que el PP haya “consumado su amenaza” porque cuando se aprobó esta Ley el pasado mes de diciembre en las Cortes regionales no votó a favor “porque sabía perfectamente lo que iba a pasar después”. Finalmente, manifestado su extrañeza porque una decisión de esta naturaleza, que afecta a cerca de 70.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha, en definitiva, a 70.000 familias, haya sido tomada por un Gobierno en funciones.