“¿Cómo puede resistirse a la autoridad una persona con discapacidad y asistida por sanitarios en su desahucio?”

“Hemos contado la verdad”. Con estas palabras han resumido desde la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Guadalajara las declaraciones que una veintena de sus activistas han hecho en los juzgados de esta ciudad debido a su imputación por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad en el desahucio a Safira Sánchez, una joven con discapacidad y una enfermedad rara cardiovascular, y a su madre, de la vivienda que ocupaba en el barrio de Las Ramblas de la ciudad. Se trata de las diligencias previas por la denuncia contra ellas y por la que también están investigadas la propia desahuciada y su madre.

Una vez realizadas las declaraciones, el juzgado emitirá un auto que decidirá si el caso se eleva al procedimiento penal, en cuyo caso habría juicio, o si hay sobreseimiento de la causa y se archiva. Los delitos por los que se les ha imputado suponen de uno a cuatro años de cárcel.

Davinia Marquina, activista de esta plataforma, ha explicado a eldiarioclm.es que siguen sin entender los motivos de estas imputaciones porque acudieron al desahucio, hace un año, “solo con nuestra voz y nuestras pancartas” para apoyar a Safira y defender el derecho de la joven a una vivienda digna, amparados además por un informe de Naciones Unidas que pedía no desahuciarla y ofrecerle soluciones habitacionales y al que se hizo “caso omiso” por parte de las autoridades.

“Se está dejando a las personas en completa vulnerabilidad”

“Solo ejercimos nuestro derecho de manifestación y de libertad de expresión frente un problema que se sigue produciendo día a día y contra el que no se está haciendo nada, dejando a las personas desamparadas, en completa vulnerabilidad y en este caso además con el agravante de criminalizarlas”.

Desde la PAH siguen condenando que tanto Safira como su madre también fueran imputadas cuando tuvieron que ser atendidas por los sanitarios durante el cumplimiento de la orden judicial: “¿Cómo es posible que pueda resistirse a la autoridad una persona con discapacidad, que además está siendo asistida por sanitarios en su propio desahucio?”, se preguntan. También denuncian que fue la Policía la que decidió “cuál era el estado de gravedad” de la joven. “Los sanitarios querían sacarla en camilla y fueron los agentes de policía los que decidieron que saliera por su propio pie”, afirman.

Consideran por tanto, y a la luz del atestado policial, que hay un intento de “ensañamiento” contra ella, contra su madre y contra los activistas antidesahucios que participaron en la protesta, “como si fuéramos una banda criminal”.

Es lo que han manifestado en sus declaraciones ante el juez, añadiendo además que no existía ninguna urgencia para que Safira abandonara la vivienda, propiedad de Kutxabank, porque “hoy en día sigue vacía, blindada y sin anuncio ninguno de venta o alquiler”. También aclaran que la joven ofreció en varias ocasiones pagar un alquiler social para poder vivir allí, que siempre le fue denegado. La portavoz de la PAH detalla por último que en el año transcurrido desde el desahucio el grado de discapacidad de Safira, que actualmente vive con su madre, ha aumentado del 66% al 76%.

Por su parte, Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha, que ha seguido este caso muy de cerca, ha publicado este vídeo en Twitter sobre las declaraciones en el juzgado:

Safira Sánchez fue desahuciada de su vivienda de Guadalajara el 22 de octubre de 2018. Tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital junto a su madre, rodeadas ambas de las protestas de decenas de ciudadanos, políticos y activistas; y de 30 efectivos policiales que intentaron neutralizar la protesta.

La orden de desahucio la dictó el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara y se produjo a pesar de la oposición manifestada por el Comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC). Este organismo había admitido a trámite un mes antes una denuncia de la PAH en la que solicitaba al Gobierno español y al juzgado una solución habitacional con el objetivo de evitar “daños irreparables”. De hecho, el desahucio fue pospuesto en dos ocasiones anteriores: primero el 25 de junio de 2018 y posteriormente el 11 de septiembre del mismo año. Finalmente, se llevó a cabo en octubre.

El contexto de la situación de Safira

El problema de Safira se remonta al año 2014, cuando ocupó esta vivienda, catalogada entonces como de protección oficial (VPO). Tomó esta decisión, según relató ella misma, después de que los servicios de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha no le ofrecieran anteriormente ninguna vivienda social. La casa después de haber desalojado a otra familia por impago de la hipoteca, llevaba al menos 10 años vacía y se encontraba muy deteriorada. Durante los tres años siguientes, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, el banco incumplió con su obligación de ponerla en alquiler como vivienda protegida e impidió regularizar la situación de Safira como inquilina.

En 2017, cuando el inmueble perdió su condición de vivienda protegida, el banco denunció a Safira con el objetivo de forzar su desalojo y “poder vender la vivienda a coste de mercado para continuar especulando con nuestro derecho a techo”, sostienen desde esta plataforma.

Ahora, cuando esta mujer, su madre y 20 activistas se enfrentan a su imputación por presuntos altercados durante el desahucio, la PAH, un colectivo que también representa a Safira legalmente, se han convertido en los #22delaONU denunciando la apertura de este proceso, contra el que también se ha manifestado Amnistía Internacional.

Según esta última organización, el atestado policial que provocó la apertura del proceso está “lleno de imprecisiones y vaguedades”. Por ejemplo, se concluye que hubo intimidación pero “sin aportar detalles sobre la conducta concreta de estas personas que supuestamente originaron la misma”. “Tampoco se incluye ninguna actividad que denote violencia por parte de Safira, ni de su madre ni de los y las activistas”.