El retraso en la aprobación de los Presupuestos regionales del presente año, que finalmente recibieron luz verde en septiembre en virtud del acuerdo de gobierno entre la Junta y Podemos, ha provocado a su vez la ralentización de varias leyes cuya tramitación estaba prevista para otoño. Ha sido el caso de la futura Ley de Protección y Bienestar Animal y de la reforma de la Ley de Caza, dos normativas que ya han pasado por su periodo de información pública. En principio, estaba previsto que su ratificación en las Cortes regionales se produjera durante el presente periodo de sesiones, pero finalmente este último paso se retrasará hasta la primavera de 2018.
Esas son las previsiones que baraja el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha detallado que en el caso de la nueva Ley de Caza es muy probable que el Consejo de Gobierno le dé luz verde en los próximos 15 días, mientras que en el caso de la Ley de Bienestar Animal, este trámite de remisión al Parlamento puede no producirse hasta finales del próximo mes de enero. La intención sigue siendo que ambas normas se tramiten en paralelo en el Parlamento castellano-manchego.
Al hilo de ello, el consejero ha querido recordar que la nueva normativa de protección de los animales es uno de sus objetivos prioritarios de su departamento, básicamente porque actualmente rige en la comunidad autónoma una norma de 1990 totalmente desfasada y donde hasta las multas vienen en pesetas y son las más bajas del país. Con esta norma, quiere que la región se ponga a la vanguardia en cuanto al trato con los animales.
Así, la intención primera es aumentar considerablemente todas las sanciones e incluso cambiar la categorización existente entre leves, graves y muy graves. En el texto se encuentra la posibilidad de que las agresiones o el abandono, consideradas ahora en segundo término, pasen a ser sancionadas al máximo. De hecho, en infracciones muy graves, donde se incluye matar y envenenar animales, el máximo vigente de 6.000 euros se multiplicaría por diez, hasta los 60.000 euros.
Es una normativa referida a los animales domésticos y en los que no entrarían los festejos taurinos (en cuyo reglamento ya se han incluido multas por utilizar animales en espectáculos crueles), la actividad cinegética, de gran importancia económica en la región y que la Junta considera compatible con esta norma, y la producción ganadera, regulada a nivel europeo. Entre las propuestas más novedosas se encuentra prohibir la utilización de animales salvajes en los circos. Sería dar rango autonómico a medidas ya impulsadas por muchos municipios de todo el país. Al incluirlo en la nueva Ley, se obligaría a todos los ayuntamientos a acatarlo.
Finalmente, la intención de la Junta con la actualización de esta ley es también prohibir el tiro al pichón, realizado en Castilla-La Mancha como actividad deportiva. En este caso, durante la fase de alegaciones han quedado patentes algunas fricciones entre esta normativa y las prácticas de caza. Además, la Ley de Bienestar Animal ha recibido múltiples alegaciones por parte de colectivos animalistas para endurecer las penas y establecer más supuestos.
En cuanto a la reforma de la Ley de Caza, desde el Gobierno reiteran que no hay ningún “choque” con la de Bienestar Animal. Sostienen que la actividad cinegética es una de las más importantes en la región y además el objetivo es impulsar los cotos sociales. El punto de conflicto se encuentra en los denominados ‘animales asilvestrados’ y en la utilización de perros para la caza. En este punto, la Junta estipula que mientras estén cazando, estos animales quedan acogidos a la normativa cinegética y cuando no, a la de Bienestar Animal. Será en la práctica cuando se vea si ambas leyes son compatibles en cuanto al uso y al trato que dan los cazadores a los animales domésticos.