María Dolores de Cospedal perdió la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y con ello el Ejecutivo regional tras una única legislatura. Después de tomar posesión el nuevo Gobierno, la mayoría de todos aquellos que formaron parte del Ejecutivo, y que también protagonizaron diversas polémicas, han encontrado acomodo en el sector público y privado y en puestos de diferente índole, mientras que la también secretaria general del PP sustituía el Parlamento castellano-manchego por un escaño en el Congreso de los Diputados, aunque se mantiene como presidenta del PP en la región.
Una de las primeras ‘recolocaciones’ en hacerse públicas fue la del, hasta entonces, consejero de Educación, Marcial Marín, que no estuvo ni un día sin ser cargo público. Se convirtió en secretario de Estado de Educación en la pequeña remodelación de Gobierno que Mariano Rajoy realizó en verano. Fue uno de los consejeros de Cospedal que más ampollas levantó en la región debido a sus decisiones. Los decretos de recortes en educación aprobados en septiembre de 2011 por su departamento, fueron el pistoletazo de salida de un progresivo deterioro de la educación pública en Castilla-La Mancha que incluso permanece hasta la actualidad, tal y como han denunciado desde la comunidad educativa y desde los sindicatos de enseñanza.
A los méritos de Marín se une asimismo el haber decidido realizar, también como responsable regional de Cultura, una decidida apuesta por la tauromaquia. Obra suya y de Cospedal fue una de las primeras medidas que adoptó el ahora gobierno saliente: declarar la Fiesta de los Toros como Bien de Interés Cultural en la región. Después, organizaron el I Congreso Internacional de Tauromaquia, celebrado en Albacete.
En esta pasión por los espectáculos taurinos también destacó la exconsejera de Agricultura, María Luisa Soriano, tal y como anunció en una de sus últimas decisiones: mejorar las plazas de toros dentro de las cuestiones prioritarias del Plan de Desarrollo Rural (PDR). Ahora, Soriano es presidenta en el Liceo ‘Cervantes’ de Roma, dependiente de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Otra figura controvertida del Ejecutivo de Cospedal fue la de Leandro Esteban. Fue consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional y mantuvo un encendido enfrentamiento con los empleados públicos de la Junta que acabó en varios procedimientos judiciales. Actualmente forma parte de la Fundación de las Cámaras de Comercio. Curiosamente, uno de sus últimos anuncios como portavoz de la Junta un anteproyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios para fortalecer el sector empresarial. Esteban también está ahora pendiente de una demanda del Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros, antiguos encargados del proyecto del nuevo Hospital de Toledo, debido a unas declaraciones públicas en las que el exconsejero los calificó como “personas de mala entraña que pretenden paralizar la construcción de un hospital”.
Al gabinete de Esteban pertenecía Mar España. Fue viceconsejera de Presidencia y Administraciones públicas y ahora es directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de cuyo Consejo Consultivo ya era vocal con anterioridad.
Otro peso fuerte en el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha fue la anterior consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero. Ahora es directora general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las empresas, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Al igual que en el caso del consejero saliente de Educación, Casero dejó un legado cuestionable en Castilla-La Mancha, con una crecida de 15 puntos en el desempleo entre menores de 25 años desde el primer trimestre de 2011 hasta el mismo periodo de 2015. Cuando dejó su puesto, la región se encontraba en su récord absoluto de deuda: 12.865 millones al final del primer trimestre de este año.
En esta labor también cumplió un papel primordial el que fuera consejero de Hacienda, Arturo Romaní. Protagonizó un traspaso de funciones muy polémico con el consejero actual, Juan Alfonso Ruiz Molina, y llegó a presentar ante notario las cuentas del Ejecutivo saliente con una desviación de un 76% que atribuyó a la falta de fondos del sistema de financiación autonómica. Romaní ha regresado a la Agencia Tributaria donde trabaja como enlace con Francia.
Por otra parte, junto a Cospedal ha encontrado también su hueco en el Congreso el exconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz. En un perfil muy parecido al de Marcial Marín, Echániz llevó a cabo recortes progresivos en materia sanitaria, tanto en hospitales públicos como en personal, así como en materia social, tal y como denunciaron las plafatormas en defensa de la sanidad pública y los trabajadores sociales. Recientemente, con motivo de su escaño en la Cámara Baja, ha sido nombrado presidente de la Comisión parlamentaria de Empleo y Seguridad Social.
Las recolocaciones también beneficiaron a la exconsejera de Fomento, Marta García de la Calzada, que obtuvo destino en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo, donde también es vocal su marido, Gerardo Martínez Tristán. De hecho, hasta 2011 era vicepresidenta del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, que presidía Esperanza Aguirre.
El último dato en conocerse del antiguo núcleo duro de Cospedal ha sido el de Agustín Conde. No formó parte de su Ejecutivo pero sí fue una de sus personas de confianza. Ha fichado por Red Eléctrica Española (REE), donde ocupará un puesto de carácter independiente. El exdiputado del PP en el Congreso de los Diputados ya ha encontrado acomodo en el sector empresarial, después de que se quedara sin escaño en las pasadas elecciones generales tras desplazarse su puesto hasta el número 3 de la lista por Toledo para que la encabezara María Dolores de Cospedal. El PP solo sacó dos escaños por esta circunscripción, la mitad de los comicios anteriores, por lo que Conde se quedó fuera.