La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha presentado este jueves el Anteproyecto de Ley de Atención Temprana aprobado en el último Consejo de Gobierno autonómico, con la que aspira a extender prestaciones a más de 10.000 familias de la región.
Con este anteproyecto, el ejecutivo regional inicia el proceso para dotar a Castilla-La Mancha de una normativa que facilite y garantice servicios destinados a los niños de 0 a 6 años con necesidades especiales.
“Esta nueva ley va a garantizar un derecho subjetivo a una atención temprana universal y gratuita”, ha declarado la consejera de Bienestar, que ha destacado el enfoque “de vanguardia” de la normativa, al centrar los mecanismos de atención temprana en las familias de los niños.
“Abogará por un modelo de atención temprana centrado en la familia, profesionalizándose y estableciendo con papel protagonista el desarrollo del niño o niña con necesidades de desarrollo en su aprendizaje, pero también con esos apoyos y recursos que se le tienen que proporcionar a la familia”, ha asegurado García Torijano.
Incremento progresivo del servicio
Según ha expuesto la titular de Bienestar Social, el anteproyecto que ahora pasará a las Cortes de Castilla-La Mancha para su debate y aprobación, cuenta con cinco capítulos y 22 artículos destinados a “llegar a todas las familias”.
La consejera de Bienestar Social ha reivindicado el incremento progresivo del volumen de atención temprana en Castilla-La Mancha con recursos públicos, pasando de 3951 niños atendidos en 2015 a más de 7.000 en 2021. “La previsión de esta Ley nos da muestras de que vamos a poder llegar a las 10.000 familias atendidas, para lo cual vamos a destinar alrededor de unos 13 millones de euros”, ha indicado.
Un desembolso que ha puesto en valor, planteando que según los datos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el retorno social de cada euro invertido en el desarrollo educativo de un niño se sitúa aproximadamente en 7 euros. Además, García Torijano ha señalado que el establecimiento de esta norma supone un avance en el cumplimiento en Castilla-La Mancha de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas aprobada en el año 2008.
“Con su aprobación definitiva en las Cortes de Castilla-La Mancha se situará a nuestra región a la vanguardia del país en materia de atención temprana”, ha concluido.