- Si continúa el mismo Gobierno después del 26M, la futura Ley de Economía Circular establecerá una fianza para empresas con gestión de residuos peligrosos
Una de las frases que más se repitieron en los meses posteriores al incendio que el 13 de mayo de 2016 arrasó con casi con 88.000 toneladas de neumáticos -de las 100.000 acumuladas ilegalmente entre los términos municipales de Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid)- es que un siniestro de este tipo no se volvería a repetir. Al menos así se ha venido reiterando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que asumió la práctica totalidad de las tareas de extinción del fuego y la posterior restauración de la parcela. Fue la primera crisis ambiental a la que tuvo que enfrentarse, al año de su estreno, el Gobierno de Emiliano García-Page, debido que dos tercios de la parcela afectaron a territorio castellano-manchego y a que una inmensa columna de humo y cenizas desató todas las alarmas.
El incendio y su posterior combustión estuvieron activos 24 días y alrededor de un millar de personas tuvieron que ser desalojadas de la urbanización ‘El Quiñón’ de la localidad toledana. Los niveles de contaminación del aire sufrieron picos alarmantes pero finalmente no hubo que lamentar afectados de gravedad.
La retirada y gestión de los residuos de las 1.290 toneladas de fracción metálica de los neumáticos finalizó a los tres meses desde que se extinguiera el incendio. Posteriormente se retiraron las 9.759 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU) que quedaron, y se extrajeron las 25.306 toneladas de cenizas. Según precisan fuentes del Ejecutivo regional, todas estas labores se realizaron “cumpliendo con toda la normativa medioambiental en el proceso”. “Ha sido una recuperación ambiental ejemplarizante a nivel europeo”, comenta a eldiarioclm.es el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo.
El dinero gastado
¿Cuánto supuso para las arcas públicas? No solo se trataba de extinguir el incendio, donde el despliegue de efectivos involucró a los tres niveles de la administración, sino que también había que realizar la gestión medioambiental de la zona, altamente contaminada y afectada. “Desde el Gobierno no se escatimaron esfuerzos humanos, materiales y económicos”, con un cálculo total de las actuaciones en Seseña cifrado casi cinco millones de euros. Actualmente, la zona está “completamente restaurada” desde que finalizó la actuación e incluso ha favorecido su revaloración urbanística.
No hay que olvidar la zona urbanizada más próxima es ‘El Quiñón’, la polémica construcción de Francisco Hernando 'El Pocero' que tuvo Plan de Actuación Urbanizadora (PAU), y separada del cementerio de neumáticos por la carretera radial R-4. Se aprobó en 2003, un año después de que el vertedero comenzara a almacenar neumáticos.
El aumento de la población en este residencial fue creciendo en paralelo al número de neumáticos en el vertedero que muchos de ellos pudieron contemplar desde sus terrazas durante años. Dos días después del incendio, El Pocero acudió a la urbanización para prometer a los vecinos que pagaría una demanda colectiva de todos ellos contra las administraciones, algo que finalmente no ha sucedido.
Al margen de esto, la lección aprendida de incendio de Seseña ha ido mucho más allá de la propia parcela. El Gobierno de Castilla-La Mancha no quería que este siniestro se volviera a repetir. Anunció la retirada de estos depósitos de neumáticos de toda la región, y así se ha actuado durante esta legislatura en la limpieza de otros depósitos ilegales de neumáticos fuera de uso que había localizados en todo el territorio castellano-manchego.
La limpieza de otros vertederos, al 95%
A fecha de hoy, se han invertido casi 1,4 millones de euros en la retirada de 4.308 toneladas de estos otros depósitos que existían en algunas poblaciones como Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real, o en Hellín, en Albacete. Ya se han terminado el 95% de todas las intervenciones previstas, y en lo que queda de abril y mayo se finalizarán en su totalidad. “No quedará ningún depósito de este tipo de residuos en toda Castilla-La Mancha”, apunta el consejero
Además, y mientras el proceso judicial sigue paralizado, pendiente de las elecciones del 26 de mayo está actualmente la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Economía Circular, en la cual se contempla una futura estrategia donde se impondrán multas y fianzas por la gestión de residuos peligrosos. Es la respuesta normativa que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere dar a la máxima de que “quien contamina, paga” puesto que el dinero recaudado por estas tasas de reinvertirá para medidas medioambientales.