Sigue la polémica por el nuevo Reglamento regional de Caza: suma críticas de PACMA y de los cazadores

El nuevo Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha continúa aglutinando críticas desde diferentes sectores y colectivos de la comunidad autónoma. El Partido Animalista PACMA ha declarado que la Junta fomentará con ello la violencia contra los animales mientras que el sector cinegético critica la dificultad técnica y económica que muchos cotos tendrán para la realización del plan de ordenación.

En primer término, PACMA declara que el Ejecutivo regional ha aprobado un reglamento que es un “traje a medida para el lobby cinegético” y acerca “peligrosamente a niños y jóvenes a la violencia contra los animales además de buscar su fomento entre las mujeres, cuya presencia en el sector es prácticamente inexistente a día de hoy”.

Argumenta además que este texto otorga un peso especial a la denominada caza social, un programa que pretende acercar la cinegética a toda la población proporcionando actividades específicas, bonos, subvenciones y todo tipo de ayudas de financiación pública. “La caza es una actividad de extrema violencia contra los animales. Además, hablamos de violencia visual y física; acercar este panorama a los más jóvenes puede provocar la normalización del sufrimiento animal ante personas que están fase de crecimiento y desarrollo intelectual”, explica el presidente del Partido Animalista, Javier Luna.

Para la formación política animalista, la mayoría de los niños sufren al ver sufrir a los animales. No tienden a herirles ni golpearles, sino a jugar con ellos. Sin embargo, si se les enseña a mostrarse indiferentes ante su sufrimiento, a relativizarlo o justificarlo, “serán adultos que actuarán de forma potencialmente indistinta ante el dolor ajeno; personas con la empatía bajo mínimos”.

“Lo único que la caza puede enseñar sobre la naturaleza es a cómo no tratarla», explica Luna. PACMA apuesta por la inversión del dinero público destinado al fomento de la caza entre niños para actividades realmente útiles, como la exploración, charlas didácticas, actividades al aire libre, divulgación y talleres de acercamiento y respeto hacia las diferentes formas de vida del entorno natural”.

Además, recuerda PACMA este reglamento permite a los cazadores seguir utilizando munición de plomo hasta el año 2025 en los cotos de caza social. Es decir, “existirá contaminación durante tres años más”. “Cada temporada, los cazadores dejan miles de toneladas de plomo en el agua y el suelo. Nuestro país sufre una de las mayores concentraciones mundiales de perdigones por hectárea del mundo. En algunas zonas se han llegado a detectar 2,5 millones de balines por hectárea”, detalla.

Críticas de la Federación de Caza

Pero tampoco a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha le ha gustado el nuevo Reglamento, aunque por otros motivos. Su presidente, Agustín Rabadán, y el de Aproca Castilla-La Mancha, Luis Fernando Villanueva, han mantenido una reunión para valorar la publicación del texto. Ambas entidades formularon 69 alegaciones, observaciones y propuestas de redacción respecto del texto inicial. Valoran de forma positiva incorporaciones como la posibilidad de llevar la documentación en formato digital, la recuperación de la figura del vigilante de caza, las aclaraciones al uso de visores o la prioridad de los cazadores locales para control de poblaciones.

No obstante, consideran que el nuevo Reglamento también contiene cuestiones “especialmente graves”, como la prohibición de la munición de plomo en montes públicos con un periodo transitorio de tres años, “única región en España que ha impuesto una medida que ni siquiera es obligada la Unión Europea, sin existir una alternativa viable desde el punto de vista económico y de seguridad”.

Otros temas que consideran negativos en el Reglamento es el aumento de las distancias de seguridad, la obligación de realizar medidas tendentes a minimizar daños del conejo, la dificultad técnica y económica que muchos cotos tendrán para la realización del plan de ordenación cinegética, al incrementar las exigencias como la redacción de planes zoosanitarios, “o la oportunidad perdida para reducir la carga burocrática”.

En cualquier caso, entienden ambas entidades que el Reglamento debe ser un texto vivo, que pueda adaptarse a las necesidades de la propia actividad cinegética y que pueda corregirse de los posibles desajustes se derive de su aplicación.

Rabadán y Villanueva han solicitado una reunión al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, con el objeto de analizar la implementación del reglamento, y al mismo tiempo solicitarle la modificación de la Ley 9/99, que “vulnerando el principio constitucional de presunción de inocencia atribuye a los titulares de los cotos la responsabilidad universal de todo lo que ocurra dentro de los mismos”.