Los sindicatos CCOO, UGT, STAS Intersindical y FSES han avanzado que en el caso de que prospere el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra la reducción de la jornada laboral de los funcionarios de Castilla-La Mancha habrá “movilizaciones contundentes”.
En una rueda de prensa conjunta tras reunirse este miércoles con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, representantes de los cuatro sindicatos han anunciado además que han propuesto al Gobierno regional que las asesorías jurídicas de estas formaciones sindicales trabajen de manera conjunta con los servicios jurídicos del Gobierno regional para “desmontar los argumentos del PP” con los que defienden esta medida.
Gustavo Fabra, del STAS, ha explicado además que otra de las exigencias de los sindicatos es que el empleo se mantenga en el caso de que prospere este recurso del Gobierno central, además de que aboga por empezar ya a trabajar contemplando un escenario en el que la jornada laboral sea finalmente ampliada de nuevo a las 37,5 horas para “estar preparados” y poder garantizar la correcta prestación de servicios públicos.
El sindicalista ha recordado que hay otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León, Asturias o Andalucía donde el PP, bien en el Gobierno o bien en la oposición, han apoyado en sus respectivos parlamentos regionales mociones en favor de reducir las jornadas laborales a 35 horas.
A su juicio, lo que pretende el Gobierno nacional con este recurso es crear “una medida preventiva para que otras regiones no sigan en esta línea” y se sumen a las reducciones de jornada.
De su lado, Carmen Campoy, de UGT, ha mostrado el “rechazo absoluto” del sindicato a la medida, al tiempo que ha pedido al Gobierno central que si ha de presentar recurso ante el Constitucional, que al menos “no solicite la suspensión cautelar” de la reducción de jornada.
Tras puntualizar que los funcionarios tendrían que trabajar 14 días más al año con este aumento de jornada, ha alertado del “caos organizativo” que puede acarrear la suspensión de la reducción de la jornada, subrayando que “el recurso que se pretender interponer se basa en argumentos ya desmontados”.
Gema Torrejón, de FSES (ANPE y SATSE), ha enfatizado que el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy puede poner en peligro 300 contrataciones.
“Esto ahondaría en el problema ya reconocido de que estamos por debajo de la media en personal sociosanitario. Sería contradictorio volver atrás los contratos que ya se han generado”, ha lamentado.