Siniestralidad laboral, un problema que se cobra vidas con o sin la COVID-19

“La vida siempre por encima de todo”. Es la valoración que realiza Manuel Prior, presidente de AVALTO, una de las pocas asociaciones de víctimas de accidentes laborales en España. Este 28 de abril, la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo no podrán hacer su acto de homenaje a las personas que han fallecido en su trabajo. Durante 2019, 36 hombres y mujeres en Castilla-La Mancha y durante 2020, 5, según las estadísticas provisionales del Ministerio de Trabajo.

36 personas es “todavía excesivo” para AVALTO. “Nos gustaría ver una campaña en televisión al estilo de la Dirección General de Trabajo, crudas e impactantes. Nadie ha visto en los últimos 10 años en ningún medio una campaña para prevenir los accidentes laborales”, reflexiona Prior. Y aprovecha el Día Internacional de la Salud y Seguridad Laboral para recalcar que “no se corta” y que “vuelven a suspender” al Gobierno regional en prevención en el trabajo.

“Que no se le olvide a la ciudadanía que existe una Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que deben cumplir los empresarios y las administraciones locales para vigilar que se cumpla. No echamos la culpa a nadie, sino que recordamos quién tiene competencias”, explica Prior. Además, recuerda el “auténtico disparate” que supone la prevención privada, con empresas que vigilan la situación de “centenares” de empresas y “tienen una sola persona para asesorarlas”. “Tampoco podemos olvidar el papel de las mutuas, que han estado derivando enfermedades y accidentes laborales a la Seguridad Social, que pagamos entre todos”, recalca.

“Debilidad del sistema preventivo”

“Merece la pena hablar de la debilidad del sistema preventivo”, explica Raquel Payo, secretaria de Salud Laboral de CCOO Castilla-La Mancha. “Denunciamos una importante debilidad en la gestión preventiva de las empresas de la región”, explica la sindicalista, que resalta que el cumplimiento “formal” de la Ley, pero que no tiene una lectura en “cumplimiento real”. “¿Tenemos integrada la salud laboral en las empresas? Creo que la respuesta es no”, reflexiona.

En el periodo de diciembre y enero de 2019, el total de accidentes, que incluye a asalariados y autónomos, llegó a los 26.806. De ellos, 35 fueron graves, como señalan desde AVALTO, y otros 235 se consideran grave. Durante la jornada, el 75,6% de los afectados fueron hombres, mientras que el 24,4%, mujeres. Sin embargo, in itinere, es decir yendo o viniendo al o del trabajo, el 52,8% de las afectadas fueron mujeres, y el 47,2%, hombres. El índice de incidencia, accidentes por cada 100.000 trabajadores, fue de 4157,6. Pero crece en el sector agrario, hasta los 5846 y en industria, hasta el 6054,9. Por otro lado, en construcción es de 8941,7 y en servicios, 3008,7. Estos son los datos recopilados por CCOO.

Existe una “fragilidad” en la gestión de la prevención laboral, explica Payo, que hace que las medidsa estén integradas pero su cumplimiento “no sea real”. “Esto es lo que está detrás de la altísima siniestralidad de la región”, afirma. Además, señala que las cifras están “envenenadas” al haber cambiado el sistema, teniendo en cuenta “sólo al personal asalariado”. “Así, los datos al final son poco rigurosos”, explica. 

Por otro lado, señala que la siniestralidad también es un reflejo de la gran cantidad de pequeñas y grandes empresas que hay en la región, “por lo que la cantidad de accidentes es más alta”. “La crisis del 2008 lo que hace es llevarse por delante la estabilidad y la rotación y precariedad está detrás de esta altísima siniestralidad en la región”, afirma. Por eso, el 28 de abril debe ser una “fecha del recuerdo de las víctimas”, pero también para reivindicar un cambio de paradigma.

“Es fundamental una mayor implicación y mayor posibilidad de intervención de la Inspección de Trabajo”, asegura la sindicalista. Y es que lamenta que se detectan con “demasiada frecuencia”  documentación firmada por trabajadores diciendo que tienen formaciónadquirida, pero que “no siempre es adecuada a sus riesgos”. “Este es el cóctel que hace que tengamos las cifras de la vergüenza, el peor de los indicadores sociolaborales de la región”, afirma.  Además, recalca que la precarieda se “ceba” con las mujeres, al tener que compaginar trabajos, llegando a “tres contratos por día” y así, dos o tres desplazamientos diarios. “Se duplica o triplica la posibilidad de accidentarse, frente a la situación de los hombres que suele ser un contrato único”, recalca.

Crisis de la COVID

La situación laboral que ha provocado la pandemia del coronavirus es un punto que está “mostrando” también la “debilidad” del sistema que denuncian desde CCOO. “La gestión preventiva está muy externalizada y en el mejor de los casos no es demasiado potente. Cuando esta externalidad es aún más débil, hace que cuando llega una pandemia hay serias dificultades para actuar por parte de los servicios de prevención, sobre todo para una actuación cotundente”, recalca.

Todo esto, hace un “caldo de cultivo”. “Necesitamos una Inspección de Trabajo más dotada, más potente, con más vigilancia y control. Necesitamos una revisión en el país y en la región de lo que hacemos con las empresas”. Payo critica igualmente que la externalización de este tipo de servicios “no es buena idea”.

Fondos para la prevención

Justamente este fin de semana, el Gobierno regional y los agentes sociales se reunieron de manera telemática, tras lo cual se planteó una línea de prevención de los riesgos laborales y la seguridad en el entorno del trabajo. Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, anunció que el Ejecutivo autonómico destinará más de 2,1 millones de euros a este eje, con líneas destinadas tanto a la reducción de la siniestralidad laboral, como a la inversión para la contención de los posibles contagios por la COVID-19 en el entorno de trabajo.

“Contemplamos una serie de medidas que van a ir encaminadas a sufragar las inversiones que tengan que realizar empresas y autónomos en el ámbito preventivo, no solo para frenar la siniestralidad laboral, que ha sido siempre una de las estrategias que ha marcado nuestra política en el ámbito del trabajo; sino también para prevenir la expansión del virus en el lugar de trabajo, una vez que se recupere la actividad productiva y volvamos a la normalidad”, explicó Franco. Las medidas, según informó el Gobierno regional, irán destinadas tanto a inversiones en materia preventiva y de seguridad, como a acciones de divulgación y sensibilización, y se dirigirán de manera global al conjunto de la actividad productiva de la región, incidiendo en sectores específicos como el de la construcción.

“Simplemente pedimos cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la vida tiene que estar por encima de cualquier medida. Tenemos un mercado de trabajo precario indecente que esta causando estragos en la clase trabajadora”, concluye Manuel Prior, de AVALTO.