María Ángeles Lozano Rivas es la juez de paz de Elche de la Sierra, en Albacete, desde hace cuatro años. Fue una opción laboral tras trabajar varios años en Londres. “Me volví al pueblo, a mis raíces, y fue una casualidad. No es rentable, pero puedo compaginarlo con otros trabajos”.
Los Juzgados de Paz se crearon en 1885. “En todos los pueblos de la Monarquía en los que haya Ayuntamientos, habrá jueces de paz, cuyas atribuciones serán las que se determinan en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, decía un Real Decreto entonces.
Asumieron competencias jurisdiccionales que desempeñaban hasta ese momento los alcaldes para “extender” la Administración de Justicia, en particular, a las zonas rurales. Los jueces de paz son elegidos por la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento. Son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma por un periodo de cuatro años, pero su figura ha ido perdiendo fuelle.
“Se supone que ahora volverá a salir la plaza a través del ayuntamiento. No sé si me presentaré”, señala la jueza de paz. María Ángeles estudió Administración y Finanzas. “Siempre he trabajado en oficina. Este un trabajo que hago más que nada por colaborar con mi municipio, no porque esté bien pagado. Y si hago algo, lo hago bien”.
Y es que el sueldo de los jueces de paz depende del número de habitantes. En Elche de la Sierra, con poco más de 3.500 vecinos, su salario no llega a los 1.800 euros al año, de acuerdo a Presupuestos Generales del Estado en 2022.
Son jueces legos, es decir, personas que no pertenecen a la carrera judicial. Estos juzgados son órganos unipersonales ubicados en los municipios donde no hay Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y asumen competencias de menor importancia tanto en el orden civil como en el penal, facilitando la comunicación entre los órganos judiciales y la ciudadanía.
“Mis funciones son básicas. No echo muchas horas. Un par por la mañana y abrimos tres días a la semana. Los dos restantes se viaja a los pueblos que forman parte de la agrupación a recoger información”. Esta última parte la hacen la secretaria del juzgado y un agente judicial. Todos ellos dependen del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia en Hellín. “Yo he de estar presente en muchos actos y firmo documentos, pero los que están en el meollo y profundizan son la secretaria y el agente judicial”.
La Oficina de Justicia en el municipio sustituye a los Juzgados de Paz, cuya figura desaparece del ordenamiento
Ahora, el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Digital en la Administración de Justicia cambiará las cosas dos siglos después. Implantará dos nuevas figuras: la Oficina de Justicia en el Municipio (OJM) y el Tribunal de Instancia.
“La Oficina de Justicia en el Municipio sustituye a los Juzgados de Paz, cuya figura desaparece del ordenamiento”, dice expresamente el Anteproyecto de ley, para “dar respuesta a la misma necesidad, pero de manera más ajustada a las actuales demandas sociales”.
El texto normativo apunta que la función de los jueces de paz ha quedado muy reducida. No solo por los cambios llegados con las comunidades autónomas, sino “especialmente en un momento donde el riesgo de despoblamiento de algunas zonas rurales es elevado y se requiere aumentar los servicios de la Administración”.
Los juzgados de paz han sido muy útiles en el pasado, pero actualmente los usuarios tienen derecho a que su caso sea atendido por un juez o una juez profesional
Así que ahora el objetivo es “la evolución de los juzgados de paz a modernas Oficinas de Justicia en los Municipios (OJM)”, aunque desde la Secretaría de Estado de Justicia en una entrevista con elDiarioclm.es, su responsable, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, prefiere no hablar de desaparición. “En realidad, no sustituyen a los juzgados de paz porque son una estructura organizativa diferente”, asegura.
Sostiene que “los juzgados de paz han sido muy útiles en el pasado, pero actualmente todo usuario y toda usuaria del servicio público de Justicia tiene derecho a que su caso sea atendido por un juez o una juez profesional”.
¿Cómo se ha recibido la noticia entre los jueces de paz? En realidad, todavía es una cuestión desconocida. “Es la primera cosa que oigo” responde la titular de Elche de la Sierra cuando le preguntamos por la desaparición de la figura que ella encarna en su pueblo. “Hace años ya escuché que el cargo desaparecería porque el Ministerio de Justicia no lo cree necesario. O se añaden más funciones y se paga mejor, echando más horas... O lo que estamos hablando”, reconoce.
¿Qué son las Oficinas de Justicia en el Municipio?
La Oficina de Justicia en el Municipio será una estructura administrativa que se nutrirá de las actuales secretarías de los Juzgados de Paz. Con la misma “función social” y con una naturaleza jurídica “híbrida”, tanto procesal como administrativa, debido a “la variedad de servicios” que puede asumir, explica Tontxu Rodríguez.
Tendrá más servicios que los Juzgados de Paz, pero no funciones procesales. Eso sí, su vinculación con la Oficina Judicial del Tribunal de Instancia -figura que también recoge la nueva ley- es “una realidad innegable”, sostiene el secretario de Estado.
El personal de la Administración de Justicia trabajará desde su puesto de trabajo físico en la Oficina de Justicia. Lo hará para la Oficina Judicial del Tribunal de Instancia y “coordinado por el letrado o letrada que dirija la Oficina Judicial”.
¿Cómo funcionarán?
La OJM “son un instrumento de cohesión social, territorial y digital” asegura el Ministerio de Justicia. Estarán dotadas de medios informáticos, incluida una webcam para que se puedan realizar videoconferencias con las distintas sedes judiciales para la práctica de actos procesales. Incluso se está pensando en la posibilidad de conectar por este medio con el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados, encargado de canalizar las peticiones relativas a justicia gratuita.
Eso sí, para su correcto funcionamiento el acceso a internet todavía debe mejorar en las zonas rurales.
Un escritorio de trabajo virtual concentra los accesos los accesos electrónicos a todos los servicios. Van desde la obtención de certificados - por ejemplo, de antecedentes penales, de últimas voluntades o de seguro de cobertura de fallecimiento-, a servicios del Registro Civil. Hoy los presta el Juzgado de Paz, hasta que se generalice DICIREG, que permitirá la tramitación íntegramente electrónica en este ámbito, la solicitud de Cl@ve o el acceso a las diferentes solicitudes de cita previa relacionadas con la Justicia.
“Con estas Oficinas la Justicia llega a todos los municipios de España” para que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta la cabecera del partido judicial. “Los ayuntamientos, además, no tendrán que hacer ninguna inversión, tan sólo una conexión a internet”, asegura el secretario de Estado.
El proyecto piloto nacional “se apoya en la plataforma de administración electrónica de la Diputación”
El Ministerio de Justicia ha elegido la provincia de Albacete para probar las Oficinas de Justicia en los Municipios (OJM) en España. En octubre arrancaba el proyecto piloto aprovechando las infraestructuras de la agrupación de juzgados de paz de Tarazona de La Mancha donde se encuentra la Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz del partido judicial de La Roda.
En total son seis municipios: Montalvos (86 habitantes), Fuensanta (280 habitantes), Villalgordo del Júcar (1.081 habitantes), Lezuza (1.322 habitantes), Minaya (1.483 habitantes) Madrigueras (4.654 habitantes) y Tarazona de la Mancha (6.184 habitantes). “Constituyen una muestra representativa de muchos otros con similares características en la geografía española”, señala el secretario de Estado de Justicia.
El piloto parte del “aprovechamiento de los recursos existentes, tanto los recursos humanos como los materiales”. El personal, señala el Ministerio, “ha recibido la adecuada formación sobre el proyecto de eficiencia organizativa y sobre la herramienta tecnológica desarrollada para permitir su trabajo”.
Además, se ha dotado con un funcionario de refuerzo a la Oficina judicial del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de La Roda. También se ha contratado personal externo. En concreto, explica el Ministerio, “dos gestores del cambio que asumen estas tareas de apoyo y control de la evolución del piloto”.
Se está aprovechando además parte de la dotación tecnológica y los avances en digitalización ya desarrollados por la Diputación de Albacete. Fue decisivo para elegir esta provincia como lugar de ensayo.
“El proyecto se apoya en el canal de telepresencia de la Diputación que se ha puesto en marcha a través del servicio de Atención Ciudadana. Fue creado por empleados y empleadas públicos. Además, se apoya en nuestra plataforma de administración electrónica, SEPUDIALBA”, explica, Amparo Torres, vicepresidenta de la Diputación albaceteña.
De esta forma, el trabajador público que atiende al usuario puede tramitar esos expedientes utilizando también la plataforma de administración electrónica de la Institución provincial.
Amparo Torres explica que esta plataforma de administración electrónica es un software que se comparte como servicio de derecho público en once comunidades autónomas prestando servicio a cinco millones de habitantes y que utilizan diariamente más de 15.000 empleados y empleadas públicas.
Miguel Zamora, alcalde de Tarazona de La Mancha y responsable de Cultura en la Diputación de Albacete se muestra “orgulloso y contento” de que este proyecto se haya puesto en marcha en su pueblo. Desde la Diputación de Albacete confían en que salga bien ya que será replicado en el conjunto del territorio nacional. “Es una manera justa e igualitaria sin dejar atrás a ningún municipio ni a ninguna persona”, añade Amparo Torres.
Sin embargo, a los sindicatos les ha pillado por sorpresa. Luis Calero, secretario general de la Comisión Ejecutiva de la Administración de Justica de FSC-CCOO se muestra crítico con las formas. “Mientras se tramita la ley en el Congreso, nos encontramos sorpresivamente a través de la prensa con esta experiencia piloto”.
El alcalde defiende que permitirá ofrecer a los municipios una mayor calidad de servicios públicos facilitando los tramites al ciudadano. “Conforme pasen las semanas se irá haciendo pedagogía del asunto, informar al resto de municipios de España e ir poniendo en marcha, en otras agrupaciones de otras comunidades autónomas, esta iniciativa hasta la aprobación de la futura ley”.
Las dudas sobre la necesidad de más personal en las OJM: habrá movilizaciones
Actualmente existen 7.700 Juzgados de Paz en España que se transformarán en Oficinas de Justicia porque “su actividad es muy residual y prácticamente se concentra en la entrega presencial de documentación judicial a los residentes de estos municipios”.
Acceder a estos servicios será posible, dice el Ministerio, con el apoyo del “personal funcionario de Justicia y el personal municipal, formado y capacitado”. No se prevé dotar a las nuevas oficinas de más recursos humanos. Serán los mismos que hoy usan los juzgados de paz y “el ayuntamiento dotará del espacio donde se desarrollará la prestación del servicio”, señala Rodríguez. Los sistemas y equipos informáticos serán facilitados por el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma, en los casos que tengan asumidas las competencias en materia de Justicia.
No discrepamos con que las Oficina de Justicia de los Municipios sean las herederas de los juzgados de paz, pero debe hacerse a través de la negociación colectiva
“La ley recoge en sus disposiciones adicionales y finales que no habrá incremento del empleo público ni del gasto para su aplicación. Con el mismo personal quieren hacer otras funciones y además se prevé la deslocalización de los puestos de trabajo”, advierte CCOO. “Podrían trabajar también para otro órgano judicial y eso no lo compartimos, sin perjuicio del teletrabajo”.
“No discrepamos con que las Oficina de Justicia de los Municipios sean las herederas de los Juzgados de Paz, pero debe hacerse a través de la negociación colectiva”, reclama el responsable de Justicia de FSC- CCOO a nivel estatal.
A Luis Calero le preocupa la cuestión de las plantillas de las OJM. “Deben ser las precisas para atender las nuevas funciones que les asigna la ley porque serán oficinas multidisciplinares donde la ciudadanía de las zonas rurales pueda gestionar sus asuntos con la administración gracias a las nuevas tecnologías”.
De hecho CCOO, junto a STAJ, UGT y CIG, ha emprendido una campaña de movilizaciones para exigir al Ministerio de Justicia “que cumpla con su obligación, tanto legal como acordada con las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia, de negociar las condiciones laborales de la Ley de Eficiencia Organizativa”. Este martes 22 de noviembre celebrarán una concentración frente a la sede del Ministerio de Justicia a la que seguirán movilizaciones en todo el país.
Mientras, el proyecto piloto se prolongará hasta el mes de diciembre en esta parte de la provincia de Albacete. “Lo avanzado del trámite parlamentario del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa permite prever su próxima aprobación”, señala el Ministerio.
Y eso, apunta Luis Calero, a pesar de las reticencias de PP, ERC, Junts y PDeCAT que apuestan por mantener la figura de los jueces de paz. Los ‘populares’ porque temen que se otorguen funciones a los ayuntamientos que no les corresponden y el resto porque las competencias de Justicia están transferidas a algunas comunidades autónomas y se contempla como una injerencia.
“Creemos firmemente que esta ley no va a provocar ninguna mejora en la eficiencia de la Administración de Justicia porque el problema fundamental es que faltan jueces en España. Y si no hay suficientes ningún modelo organizativo dará respuesta a los retrasos”, zanja Calero.
La hoja de ruta tras la fase piloto: objetivo, Formentera
El partido judicial de La Roda, en Albacete, es uno de los que entrarán en la primera fase de implantación del nuevo modelo organizativo basado en Tribunales de Instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales, y las Oficinas de Justicia en los Municipios.
En la misma fecha en que se constituya el Tribunal de Instancia de La Roda lo harán también las Oficinas de Justicia en los siete pueblos de la agrupación de Tarazona. Con los mismos servicios que “podrán ampliarse”.
Pasarán a sí a estar integrados en lo que se define como “un área de Justicia de proximidad” en la que los funcionarios y funcionarias de Justicia comenzarán a trabajar para la Oficina Judicial y podrán tramitar procedimientos del Tribunal de Instancia desde su puesto de trabajo.
“Estamos en disposición de hacer más proyectos pilotos, que próximamente verán la luz. Tenemos muy avanzado el piloto en Formentera y también estamos dando los primeros pasos en otras agrupaciones judiciales”, concluye el secretario de Estado.