Los agentes Medioambientales creen que el nuevo plan del águila imperial “se queda muy corto”

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM) de Castilla-La Mancha considera que el nuevo Plan de Recuperación del Águila Imperial se queda “corto” después de haber esperado quince años para su revisión y “no es suficiente” para asegurar la conservación de esta especie en peligro de extinción que cuenta en Castilla-La Mancha con la mayor población mundial.

APAM argumenta que aunque el plan contiene algunos avances, en concreto al ampliar las zonas críticas y de dispersión de la especie para aproximarlas a la situación actual, sigue dejando sin protección, a su juicio, importantes zonas con población reproductora de la especie en las cinco provincias de la región, por lo que deberían ser ampliadas de acuerdo con la información actual.

Asimismo, sostiene que tiene “importantes carencias” como la deficiente regulación de las áreas de exclusión para energías renovables que es totalmente insuficiente. Los proyectos de plantas fotovoltaicas de más de 20 megavatios deberían estar totalmente excluidos en un radio de al menos tres kilómetros los nidos, no de uno como propone el borrador, ya que estos macroproyectos afectan de forma muy severa tanto al hábitat de nidificación como a sus zonas de alimentación.

Respecto a los parques eólicos, el plan supone una continuidad respecto al vigente en el que se prohíben en áreas críticas, aunque sería aconsejable, según APAM, establecer zonas de exclusión de al menos cinco kilómetros respecto a los nidos conocidos.

El Plan no considera tampoco, indican, la “drástica alteración” del hábitat de alimentación que están suponiendo las plantaciones intensivas a gran escala de cultivos leñosos, que afectan negativamente a esta y a otras especies amenazadas, como las aves esteparias.

Críticas a la Consejería

Por otro lado, APAM Castilla-La Mancha critica a la Consejería por haber actuado con total “secretismo y ausencia de participación previa” en su elaboración, ya que no ha pasado previamente por el Consejo Asesor de Medio Ambiente ni se ha consultado para su redacción a técnicos y expertos conocedores de la especie, asociaciones conservacionistas, agentes medioambientales, entre otros“.

APAM considera que la Consejería de Desarrollo Sostenible debería realizar modificaciones en el borrador, recogiendo las alegaciones que diversos colectivos ecologistas realicen al mismo, en especial en lo referente a zonas de exclusión para las energías renovables, así como una gestión racional de la caza del conejo, al que apenas se hace mención en el documento y es la base principal de las cadenas tróficas y alimento esencial de todo tipo de depredadores en máximo nivel de protección, como el águila imperial o el lince ibérico.

La asociación profesional insta igualmente a la Consejería a la revisión del resto de planes de recuperación en la región, cuya revisión lleva pendiente en casos como la malvasía cabeciblanca hasta 25 años, o más de 15 años para el lince ibérico, la cigüeña negra, el buitre negro y todas las especies de flora amenazada, en un proceso abierto y transparente hacia el conjunto de la sociedad castellanomanchega, la comunidad científica y los colectivos que trabajan en la conservación de la especie.

Aspectos positivos

En cambio, para la Asociación, un aspecto positivo del plan es la prohibición de la munición de plomo en cuarteles de caza comercial en áreas críticas y zonas de dispersión, lo que supondrá además un avance en la mejora de la salud pública y de los ecosistemas al contribuir a reducir la presencia en nuestros campos de este metal pesado de elevada toxicidad.

APAM afirma que el equilibrio de las especies silvestres y la evitación de plagas como la del conejo se deben mantener a raya no solo otorgando permisos de control de esas poblaciones mediante la caza, sino garantizando el equilibrio de las especies que puntualmente pueden experimentar explosiones demográficas.

Esto se haría mediante la protección de las especies depredadoras que garantizan mantener a raya a esas poblaciones, como es el caso de las especies protegidas que realizan una “importantísima” función ecológica de control de las poblaciones de sus especies presa.

Asimismo, añade que en caso de que sea necesario el control de poblaciones mediante la caza en evitación de daños a la agricultura, la exigencia de un informe previo de valoración para considerar que ese control es procedente se trata de un requisito que se recoge en la ley desde hace muchos años. “En este sentido nada cambia con el nuevo plan de protección del águila imperial, puesto que el requisito previo a la concesión de esos permisos del informe técnico de evaluación de daños ya existía con anterioridad”.

Otro de los puntos que denuncian estas organizaciones es la posibilidad de limitar la actividad agraria, cinegética o forestal cuando resulte necesario preservar la tranquilidad en las inmediaciones de las zonas de nidificación.

Según APAM, estas posibles limitaciones son confundidas por estas organizaciones con prohibiciones, cuando de lo que se trata es de compatibilizar esas actividades esenciales para el mantenimiento del medio rural con la conservación de las especies. De hecho, apuntan, “esas posibles limitaciones ya están establecidas desde 1999 ya que la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza así lo viene recogiendo desde hace 24 años en su artículo 69”.

Por otro lado, y en relación a lo que afirman “rotundamente” estas organizaciones “respecto a la falta de evidencias científicas acerca de las afecciones negativas del uso del plomo en la caza”, entienden que dichas afirmaciones “solo pueden ser vertidas por ignorancia en la materia o por una clara intención de desinformar al ciudadano, ya que existen una gran cantidad de estudios científicos que demuestran los gravísimos efectos de la bioacumulación de plomo en la cadena alimenticia propiciada por el uso de este metal en la munición de caza”.