Fuensalida, una localidad de no más de 13.000 habitantes, a medio camino entre Toledo y Madrid. Su nombre es famoso porque es una de las 'ciudades del calzado' más importantes de España. Cuenta además con otra particularidad: es de las localidades del país con más nombres que homenajean a la dictadura franquista. Hasta ahora. O por lo menos, hasta un futuro cercano, ya que una sentencia judicial dice que estos nombres deben cambiarse.
Tras las elecciones del pasado 28 de mayo, será un alcalde del PP el que deberá encargarse del cambio de denominación: José Jaime Alonso, que también fue viceconsejero de Educación en el Gobierno de María Dolores Cospedal.
Son diez las calles cuyo nombre deberá ser modificado: la dedicada al General Asensio, General Mola, General Moscardó, General Varela, General Yagüe, la que homenajea a los 'Héroes del Alcázar', la calle Onésimo Redondo, la dedicada a Queipo Llano, la calle 18 de julio y la calle General Barrón. Además, se deberá sustituir el nombre de la plaza Generalísimo y el la plaza José Antonio.
En un principio se solicitó también el cambio de la calle Millán Astray, pero esta petición fue recurrida por la 'Plataforma Patriótica Millán Astray' y el recurso fue aceptado, por lo que se retiró la calle del proceso judicial.
Uno de los pueblos con más calles franquistas
Aunque es difícil conocer realmente la situación del callejero con alusiones franquistas, Fuensalida es, según todos los registros realizados hasta ahora, uno de los lugares con más calles de este tipo de todo el país. Según el proyecto 'Debería desaparecer', que recopila miles de vestigios franquistas en el callejero español, encabeza la lista junto a otros lugares como León o la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, que también ostentan por lo menos una decena de calles en su plano.
La sentencia la interpuso la Asociación para la Defensa de la Ley de Memoria Histórica y la Retirada de los Símbolos Franquistas, un pequeño colectivo de juristas de Salamanca que inició varios procesos allá por el año 2017. La sentencia que afecta a Fuensalida se resolvió a finales de 2022. La tardanza se debe a que hubo una serie de recursos al primer auto judicial de hace ya seis años y en el proceso llegó incluso a personarse la Asociación 'Plataforma Patriótica Millán Astray'. Finalmente, la calle Millán Astray se sustrajo del litigio y se mantiene con ese nombre en la localidad.
Gorka Esparza, uno de los miembros de la asociación, explica que ahora preparan una demanda de ejecución forzosa de sentencia y que la presentarán de manera “inminente”. “Es un proceso que en general no es rápido, nunca lo es un contencioso, y los juzgados nos han puesto muchas zancadillas”, resalta el abogado.
Comenzaron con una serie de recursos en varios ayuntamientos, y poco a poco fueron “abandonando” la tarea memorialista, gracias a la acción de “un senador y un abogado” que aceleraron la retirada de los símbolos. “Aunque en Castilla-La Mancha ha sido a regañadientes”, reflexiona.
El senador en cuestión es Carles Mulet, ya exrepresentante de Compromís en la Cámara Alta, que movilizó una serie de requerimientos a centenares de municipios por toda España para la retirada de simbología franquista y cambio de denominaciones de calle. El abogado al que hace referencia Esparza es Eduardo Ranz, experto en memoria histórica y que ha movilizado una serie de iniciativas para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
La situación en Toledo, “especialmente llamativa”
Los recursos que inició en 2017 la asociación comenzaron de la manera más sencilla: consultando el INE. “Empezamos a mirar uno por uno y la situación en Toledo era especialmente llamativa”, señala Esparza. Llamativa en cuanto eran decenas las calles dedicadas a figuras franquistas.
De hecho, el caso de Fuensalida ya es el último de varios que se han resuelto, a pesar de que se les “atascó”, porque hubo incluso un recurso que quiso poner en cuestión su “legitimación” para exigir el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la región, ya que venían de la vecina Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia regional les dio finalmente la razón en 2019, para continuar con los procesos judiciales. También iniciaron procedimientos en localidades como Recas, Malpica de Tajo o San Román de los Montes.
“Fuimos muy cautos entonces. Ahora, con la nueva Ley de Memoria Histórica, incluso se podría apelar al cambio de otras calles que hacen referencia, por ejemplo, a la División Azul. Entonces no lo teníamos muy claro, pero ahora el proceso se ha ido acelerando y casi todos los ayuntamientos los han ido quitando”, finiquita Esparza.
Ahora, con la nueva Ley de Memoria Histórica, incluso se podría apelar al cambio de otras calles que hacen referencia, por ejemplo, a la División Azul.
El alcalde dice que cambiará las calles, pero lamenta el “perjuicio”
El alcalde de Fuensalida deberá acatar la sentencia, que es firme, puesto que no se interpuso ningún recurso de apelación en su contra, José Jaime Alonso ha acusado al anterior equipo de Gobierno local liderado por el socialista Santiago Vera, de mantener “oculto” el fallo judicial. El Ayuntamiento actualmente estudia varias propuestas para el cambio de nombre.
“Va a haber alguna novedad con ilustres fuensalidanos, tantos hombres como mujeres que representan los valores del pueblo. Estamos navegando entre documentos para rescatar ese sentir de la gente”, ha afirmado Alonso, según informa Fidel Manjavacas.
Alonso ha declarado que aunque acatará la ley, “sin ningún tipo de rechazo social ni corriente contraria a cambiar el nombre de las calles”, también ha señalado que la situación supondrá un “perjuicio de manera innecesaria” para los residentes y que muchas de las personas afectadas han ido a preguntar si tienen que cambiar el nombre en sus escrituras o la dirección en los comercios.
El mismo Ayuntamiento, que actualmente está ubicado en la plaza del Generalísimo, deberá llevar a cabo estos cambios, como la documentación, membretes, informar a Correos de España o al registro. Así lo ha señalado Alonso, que ha resaltado el coste económico que podrá tener la medida para las arcas municipales.
“Hay que adaptarse la legislación que hay, pero lo coherente es que este proceso judicial hubiera sido todo lo transparente que debe ser, que los funcionarios hubieran tenido conocimiento de cómo se va produciendo y que el Ayuntamiento hubiese preguntado a los vecinos si consideraban oportuno o no recurrir -la sentencia-. Lo que no cabe de una persona responsable es ocultar la sentencia y guardarla en un cajón”, finaliza el alcalde.
El exalcalde se defiende
Por su parte, Santiago Vera ha asegurado que “no se ocultó nada”. El exalcalde socialista, actualmente director general de Acción Social en Castilla-La Mancha, en la Consejería de Bienestar Social, ha lamentado el “desconocimiento” del nuevo alcalde de la localidad. “Tendría que ser más prudente porque si no va a acabar en los tribunales”, ha advertido en declaraciones a Toledodiario.
Vera señala que tras los resultados de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, quiso “dejar rematado” este y otros “asuntos judiciales y administrativos” ante de dar el relevo en el gobierno municipal.
Explica que no se llevó a cabo el cambio, porque “teníamos claro que teníamos que hacerlo desde el consenso y el PSOE no tenía mayoría en el Pleno”. Vera también reprocha la valoración que hace Alonso de su cumplimiento. “Decir que cumplir la ley es un perjuicio, es digno de todo un independentista catalán y un auténtico disparate de quien se salte la ley cuando quiere”, ha criticado en relación a las palabras de Alonso.
IU promovió en 2016 la primera Marcha por la Memoria Democrática en la localidad, para llamar la atención de unas 17 denominaciones franquistas en la localidad. La entonces concejala de la formación, Patricia Ballesteros, recordaba que la iniciativa era “para que nunca se nos olvide quienes fueron los generales golpistas ni los nombres de quienes lucharon por la libertad de nuestro pueblo”.