El Juzgado de lo Social número 2 de Toledo ha condenado al Ayuntamiento de Toledo a indemnizar con 18.000 euros a un ingeniero municipal que sufría acoso laboral por parte del jefe del Servicio de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente. La sentencia, lograda por CSIF, apunta a la dilación del Consistorio para prevenir los riesgos psicosociales del trabajador público. Por ello, obliga al Ayuntamiento a adoptar de manera inmediata todas las acciones pertinentes para poner fin a la situación detectada. Este medio ha confirmado que el Ayuntamiento interpondrá un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).
El trabajador ha padecido “un ambiente hostil” durante más de dos años en su puesto de trabajo. Por ello, en febrero de 2020 solicitó cambiar su puesto de trabajo del servicio mencionado a la Unidad de Urbanismo, vivienda y promoción económica. Sin embargo, pese a los informes internos y externos y la denuncia que presentó contra el jefe del Servicio de Obras ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) del Ayuntamiento, el ingeniero continuó en su puesto de trabajo.
“Me menospreció en público de forma continuada y en repetidas ocasiones, además de utilizar conmigo un lenguaje no verbal agresivo”, declaró el trabajador afectado, según recoge la sentencia, en la que se indica también que el jefe del Servicio le retiró funciones y le asignó otras “de nivel muy inferior” al puesto que ocupa, así como otras que no podía desarrollar por competencias.
El clima hostil que el funcionario llegó a soportar devino en un cuadro de ansiedad, provocando incluso una situación de baja médica por ansiedad del 2 al 31 de marzo de 2021.
Finalmente, el Servicio de PRL del Ayuntamiento de Toledo emitió propuesta en diciembre de 2021 considerando adecuado proceder al traslado a otro puesto de trabajo fuera del Servicio de Obras. Incluso desde Urbanismo se indicaba la idoneidad del trabajador para ser adscrito a esta área.
Le mandó a contar bancos y papeleras en el barrio de Santa Bárbara
El funcionario se reincorporó en octubre de 2022 -previo aviso- después de un periodo de excedencia por cuidado de hijo menor. A su vuelta, la mesa, silla y ordenador que utilizaba estaban siendo ocupadas por otra persona, siéndole asignada mesa y silla, pero no ordenador. Del 3 al 7 de octubre de 2022 no le fue asignada ninguna tarea, y en noviembre de 2022 el jefe del Servicio de Obras le ordenó ir al polígono de Santa Bárbara a contar los modelos de bancos y papeleras que había.
A pesar de la comprobación de los hechos, y de que tanto un informe externo de un técnico de prevención, solicitado por el propio Consistorio, y de la recomendación del Servicio de PRL, el Ayuntamiento no procedió al cambio de puesto de trabajo, incurriendo así en “un grave incumplimiento en materia de normativa de prevención de riesgos psicolaborales”, expone CSIF.