El “caos” y la falta de medios y personal enturbian la creación de más juzgados específicos de violencia de género
Pronto se cumplirá un año del Real Decreto por el que aprobó una nueva renovación de la planta judicial en España. Esa medida incluía también extender el ámbito de actuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. El objetivo: alcanzar el “correcto equilibrio” entre el mantenimiento de una “proximidad razonable” del juzgado respecto de la víctima y la “respuesta especializada” que exigen este tipo de procedimientos.
La renovación también busca combatir la sobrecarga que soportan en la actualidad un número importante de juzgados de Instrucción y de Primera Instancia que compatibilizan la materia de violencia de género con las del resto del orden jurisdiccional civil y penal. Y para ello se busca su “comarcalización”, es decir, quitarles el resto de competencias para abarcar más territorio.
Además, con ello deben cumplir lo acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, en concreto con la medida 105, relativa al mantenimiento de la ampliación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a más partidos judiciales “solo si repercute en una mejora cualitativa de la atención y en los medios con los que se cuenta”.
Sin causas de Instrucción, pero abarcando más territorio
Según el Real Decreto, se trata, en primer lugar, de un “redimensionamiento” de la planta judicial existente y una mejor optimización de los recursos disponibles, con el fin de alcanzar “una mayor proximidad en relación con la víctima, que redundará en una atención más especializada, ágil y uniforme”. Y en segundo lugar, una “mejor atención” de las salas de Instrucción o de Primera Instancia, que no tendrán que asumir los asuntos ordinarios civiles y penales junto con los de violencia de género.
Para ello, se determinaron un total de 12 nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer en las comunidades autónomas de Canarias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura.
En el caso de Castilla-La Mancha, se estableció que la experiencia comenzara en la agrupación de Toledo, que también asumiría los casos de los partidos judiciales de Illescas y Orgaz. Pero un año después de publicarse este decreto, todavía no está en funcionamiento el Juzgado de Violencia contra la Mujer específico de Toledo, pendiente de obras, trámites, formación y otras circunstancias. En esta comunidad autónoma, por tanto, sigue existiendo un único juzgado específico para estos temas: el de Albacete.
Mientras tanto, se están realizando ensayos que se han convertido en un “caos”. Así lo afirma Alfonso Sánchez-Castellanos, el responsable provincial de CSIF en el sector de la Justicia y funcionario en Ciudad Real. Según apunta, el hecho de quitar el resto de competencias a un juzgado de Instrucción o Primera Instancia para dedicarse solo a violencia de género es un avance, pero no funciona si se amplía el ámbito de actuación sin ninguna dotación, es decir, si se “comarcaliza” sin que haya “más medios, más personal y mejores protocolos”.
“Hay gente que está haciendo dobles turnos en esas pruebas y se está demostrando que no es eficaz. No se puede atender correctamente a las mujeres ni a los sumarios ni a los procedimientos si no hay más personal para ello, por los que las pruebas están siendo un caos y un desastre. Y la gente está agotada”, explica.
“Es inviable”, lamentan los funcionarios
De hecho, el sindicato prevé que esta misma circunstancia se dé en un futuro cuando este mismo sistema se aplique en la provincia de Ciudad Real. Ponen el ejemplo de que un juzgado de Instrucción de esta ciudad asuma las competencias en violencia de género de Alcázar de San Juan, que está a más de cien kilómetros. “Es inviable, al menos de esta manera”.
Asegura asimismo que el nuevo modelo de organización ha generado, en los partidos donde se ha implantado, una situación de “colapso y de retraso” en la tramitación de las diligencias, “con largas horas de espera” y dificultades en la coordinación entre los Cuerpos de Seguridad, hospitales y el juzgado comarcal. “A todo ello se suman los problemas estructurales ya existentes en los juzgados de violencia de género, lo que provoca que la labor de los funcionarios sea insoportable, con maratonianas jornadas de trabajo, que no se encuentran retribuidas ni reconocidas”.
También apunta que los funcionarios no entienden que las pruebas se estén realizando sin que se haya terminado de formar el juzgado específico de Toledo. Y sobre este tema ha hecho también hincapié CCOO. Mayte García, secretaria de Organización y Mujer de este sindicato urge a la Gerencia Territorial de Justicia a acometer “de una vez” las obras de este juzgado en la capital castellanomanchega.
No hay justificación para no comenzar las obras en Toledo
“Su creación lleva anunciada en el BOE desde hace más de un año y cuenta desde hace meses con la autorización del Ayuntamiento de Toledo para realizar las obras necesarias en el Palacio de Justicia. No hay justificación para seguir sin comenzarlas”, denuncia.
CCOO tira de datos. Apunta que solamente en el primer trimestre de 2023 se tramitaron en Castilla-La Mancha 1.499 denuncias por violencia machista y se solicitaron 478 órdenes de protección. Más de 3.000 mujeres de la región tienen en estos momentos algún tipo de protección por violencia de género. “Pero en toda Castilla-La Mancha sigue habiendo un solo juzgado de Violencia sobre la Mujer, en Albacete”, lamentan.
Mayte García critica que, mientras, los gobiernos autonómicos y municipales en manos del PP y Vox “retiran recursos públicos destinados a proteger a las mujeres de la violencia machista, e incluso niegan la realidad de esta terrible lacra y tratan por todos los medios de invisibilizarla”. “Resulta desesperante”, concluye.
Incluso la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha vuelto a criticar la situación. Lleva años considerando una “asignatura pendiente” esta cuestión. Y en su último informe, pone el foco en la jurisdicción penal de la provincia de Ciudad Real. Insiste en la necesidad de que el Juzgado de esta ciudad con competencia en materia de violencia de género (el número 5) sea exclusivo y con jurisdicción provincial o comarcal, “asumiendo el conocimiento de los asuntos en materia de violencia de género de partidos judiciales limítrofes”.
En las conclusiones de la Memoria judicial, el Tribunal Superior autonómico también pide la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en Guadalajara, cuya competencia asume actualmente Juzgado de Instrucción número 2. “Así lo aconsejan”, alega, las cifras de asuntos penales registrados en 2022 en esta materia de violencia de género, un total de 1.138.
Con carácter general, este informe insiste un año más en la propuesta de creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo por cada capital de provincia, teniendo prioridad Ciudad Real y Guadalajara, y estudiar en sus respectivos casos la posibilidad de extender su circunscripción, que podría ser provincial. De igual forma urge a la creación del juzgado específico de Toledo.
A esta cuestión se ha referido por último la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, quien considera que la “comarcalización” puede ser una buena medida, pero que para ello es necesario dotar de más personal a los juzgados y también de una formación específica en la materia. Considera que la violencia machista es una “emergencia nacional” y que es imprescindible combatirla desde todos los frentes, sobre todo el judicial.
El Ministerio de Justicia no ha respondido a la petición por escrito que elDiarioclm.es le ha realizado para valorar esta situación y conocer posibles soluciones.
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